Esteban Oviedo.   8 abril
Ver más!

Instituciones como las universidades públicas, la CCSS y la Junta de Protección Social (JPS) han mostrado resistencia a aplicar las medidas de ahorro ordenadas por la reforma fiscal sobre los salarios de sus trabajadores.

¿Cuál es el efecto que tendrán estas medidas? ¿De qué se eximirían las 'U’ si logran que un tribunal las declare inmunes a este cambio,como lo pretenden con el reclamo ante los tribunales contencioso administrativos que anunciaron semanas atrás? Para muestra, un botón:

Sin la reforma fiscal, un salario base de ¢500.000 en el sector público puede acabar convirtiéndose en un sueldo hasta de ¢5,3 millones en cuatro décadas, solo por el incentivo conocido como anualidades, el cual otorga un pago extra a los funcionarios por cada año laborado.

Con la reforma fiscal, el mismo salario crecerá a poco menos de ¢2 millones al cabo de los 40 años.

No, no es imaginación. Así de grande puede ser la diferencia entre aplicar o no aplicar la reforma fiscal, sin tomar en cuenta el freno que la ley ordena sobre otros incentivos, como la dedicación exclusiva y la carrera profesional.

La situación obedece a que, por su estructura, las anualidades tienen un crecimiento exponencial en términos de dinero. De hecho, se les considera uno de los principales disparadores del gasto público.

Antes de la reforma, el plus por antigüedad se pagaba como un porcentaje del salario base por cada año laborado. Y otro de los problemas es que algunas instituciones concedieron a sus funcionarios anualidades mucho más altas que las del Gobierno central.

En los ministerios, se concedía un 1,94% por año a los profesionales, pero la Universidad Nacional (UNA) aprobó un 4%, la Universidad Estatal a Distancia (UNED), un 5%, y el Instituto Tecnológico (Tec), entre un 4% y un 6%.

La JPS también desembolsaba un 6% y la Caja Costarricense del Seguro Social hasta un 5,5% al personal médico. En la Universidad de Costa Rica (UCR) es más complicado porque la entidad reconoce un 3,75% pero sobre el salario base más otros incentivos, como el escalafón y el reconocimiento por pasos académicos.

Las 'U' públicas alegan que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde el 5 de diciembre, no las menciona expresamente y exigen que las saquen del reglamento que las obligaría a aplicar las medidas de ahorro en empleo público.

Con el sistema anterior, un profesional de la UNA, que empieza con un salario base de ¢500.000, puede alcanzar una base de ¢877.000 a los 20 años de labor por los aumentos por inflación, a un ritmo de un 3% anual, por ejemplo. Sin embargo, hay que sumar el pago por anualidades, el cual equivaldría a un 4% del salario por cada una de las 19 anualidades ganadas.

En ese escenario, recibe ¢35.070 por año laborado, para poco más de ¢666.000.

Conforme más pasen los años y conforme suba el salario base, mayor será el pago por el incentivo. Al cumplir 40 años de labor, el reconocimiento por anualidades será de casi ¢2,5 millones, pues será el resultado de multiplicar las 39 anualidades ganadas por el 4% de la base, que ya podría llegar a poco menos de ¢1,6 millones.

La anualidad para ese momento sería de ¢63.340.

El efecto es mucho mayor en la JPS y el Tec, que pagan hasta un 6% de anualidad. Allí, los ¢500.000 se convertirían en ¢5,3 millones en 40 años.

Ver más!
Ver más!
El cambio

Con la reforma fiscal, se le pone freno al crecimiento exponencial de las anualidades porque dejarán de ser un porcentaje del salario para transformarse en un monto fijo invariable, el cual se calculará por una única vez, al principio, como un 1,94% para profesionales y un 2,54% para no profesionales.

Con el mismo ejemplo de un profesional que empieza con una base de ¢500.000, el salario subirá a poco menos de ¢2 millones en 40 años, sea en el Gobierno, en las universidades, en la CCSS o en la JPS, porque la reforma fiscal es extensiva a todas las instituciones.

En una institución con una anualidad del 6%, se evitará que el gasto por este incentivo se multiplique por diez. Con la reforma fiscal, el pago por anualidades tendría un techo de ¢382.000 en cuatro décadas. Sin la reforma fiscal, podría alcanzar los ¢3,7 millones.

Ver más!

La reforma también tendrá efecto sobre los funcionarios que llevan años de laborar, aunque evidentemente el impacto no será tan grande como en uno de primer ingreso.

Un profesional de la UNA con 20 años de trabajo podría alcanzar, para ese momento, un sueldo de ¢1,6 millones entre salario base y anualidades.

Sin la reforma fiscal, ese sueldo crecería a ¢4 millones en los 20 años siguientes, pero con la reforma, llegaría a ¢2,6 millones. La ley cambia la curva de crecimiento.

En esos casos, el monto ganado por las anualidades antiguas se seguirá reconociendo en el sueldo como un componente más que se mantendrá estático, es decir, que no crecerá, según el Ministerio de Hacienda.

El rector de la UCR, Henning Jensen, junto al presidente Carlos Alvarado. Atrás, los rectores de la UNA, Alberto Salom (derecha), y Marcelo Prieto, de la UTN. Fotografía: Graciela Solis

Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, afirmó que la reforma se requirió porque en el Estado las cosas se hicieron tan mal, que una institución podía tener dos personas haciendo exactamente lo mismo con la diferencia de que uno gana mucho más que otro solo por antigüedad.

“Resulta que el crecimiento de los salarios es exponencial solo por estar año con año, es explosivo”, acotó el funcionario, quien añadió que esto impedía ajustar las bases salariales de forma adecuada.

Para el viceministro, el cambio permitirá migrar hacia un sistema de salario único en el que el Estado pueda aumentar la base u otorgar otro tipo de premios que no dependan del tiempo laborado. Para ello, este mes de abril el Gobierno propondrá una reforma al sistema de empleo público.

En tanto, las universidades anunciaron en marzo que demandarán al Ejecutivo por incluirlas en el reglamento.

La JPS declinó hacer el cambio en anualidades este año, alegando que se está incluida en una convención colectiva, y la CCSS decidió consultar al Servicio Civil qué hacer, en vista de que las anualidades de los médicos están establecidas en la Ley de Incentivos Médicos.