Josué Bravo. 4 octubre
Momento en que los nueve diputados dictaminan positivamente la sétima modificación al presupuesto nacional del 2019. Foto: Cortesía de Ingrid Morales / Asesora legislativa
Momento en que los nueve diputados dictaminan positivamente la sétima modificación al presupuesto nacional del 2019. Foto: Cortesía de Ingrid Morales / Asesora legislativa

Por unanimidad, los nueve diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso aprobaron un proyecto que incluye ¢69.300 millones para inscribir a Costa Rica como miembro pleno del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Se trata del dictamen afirmativo a la sétima modificación al Presupuesto Nacional del 2019 por ¢70.750 millones que contiene ese dinero, el cual sería transferido al CAF a través del Banco Central de Costa Rica (BCCR), así como ¢1.153 adicionales que serían girados al Ministerio de Justicia.

La afiliación o capitalización ante el CAF es uno de los requisitos que el país debe cumplir para que esa entidad financiera desembolse un empréstito por $500 millones suscrito con el Ministerio de Hacienda, en mayo anterior, el cual servirá para refinanciar deuda interna.

De igual forma, según ha dicho el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, facilitará el trámite de futuros empréstitos internacionales ante ese banco.

Sin embargo, el proceso de capitalización estaba entrabado en la misma Comisión desde mediados de agosto, cuando los diputados decidieron excluir esa transferencia en otra modificación presupuestaria.

En esa oportunidad, el socialcristiano Pedro Muñoz respaldó el freno debido a la molestia de su fracción por el reciente acuerdo, en ese momento, entre el Gobierno, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los sindicatos de salud.

Ese pacto, disuelto un mes después tras un criterio de la Contraloría General de la República, había dejado intacto el pago de pluses a los 57.000 funcionarios de la seguridad social.

Este jueves, nueve legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN) y del bloque independiente Nueva República, dictaminaron el proyecto que incluye la capitalización.

Ellos son los liberacionistas Ana Lucía Delgado, Gustavo Viales y Warner Jiménez; Rodolfo Peña y María Vita Monge, del PUSC; Laura Guido y Welmer Ramos, del PAC; Eduardo Cruickshank, del PRN y Harllan Hoepelman, del bloque independiente.

Empero, el texto dictaminado contiene un freno a la transferencia por ¢4.400 millones que el Gobierno inicialmente solicitó en la modificación del presupuesto.

El dinero provenía de los remanentes de los regímenes no contributivos de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo para ser trasladados a los ministerios de Justicia y Salud. Con los cambios, la Comisión solo dictaminó los ¢70.750 millones en vez de los ¢75.184 millones solicitados por el Ejecutivo.

En el caso de la capitalización del CAF, la legisladora Delgado, presidenta de la Comisión de Hacendarios, explicó que el texto autoriza que esta debe hacerse a través del BCCR porque así lo sugirió la Dirección de Servicios Técnicos del Congreso.

El Gobierno había propuesto que se realizara a través del Ministerio de Hacienda. Con el cambio, si se aprueba en el plenario, ahora esa cartera deberá capitalizar al BCCR, para que este concrete la inscripción.

Además, la verdiblanca justificó que se impidió la transferencia de recursos desde la DNP porque hubo coincidencia en los 7 diputados de oposición en que estos constituyen fondos sensibles.

Recorte al monitoreo de reos con tobillera electrónica

El Ejecutivo pretendía que el 75% de esa transferencia (¢3.304 millones) se destinara a Justicia, principalmente, para financiar el alquiler de brazaletes o tobilleras electrónicas para monitorear a privados de libertad.

El restante sería para saldar compromisos de limpieza, seguridad y telecomunicaciones asumidos por el Ministerio de Salud.

Cruickshank alegó que decidió no apoyar la transferencia porque, en el caso de Justicia, ha recibido cuestionamientos por aparentes deficiencias en el sistema de monitoreo electrónico.

Por su parte, Guido y Ramos, decidieron votar a favor del dictamen en respaldo a la capitalización del crédito del CAF.

Sin embargo, ambos hicieron la salvedad de que no estaban de acuerdo en los “recortes” a la sétima modificación presupuestaria, dado que pone en riesgo algunos programas estratégicos como los brazaletes electrónicos.