Costa Rica se abstuvo de solicitar a Corte Penal Internacional que investigue al régimen de Maduro

El Gobierno de Costa Rica descartó unirse a la petición que enviaron seis países americanos a la Corte Penal Internacional (CPI) para que se investigue al Gobierno de Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú enviaron la nota a la CPI este miércoles, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas que tiene lugar en Nueva York, en la cual participa Costa Rica.

El país, no obstante, decidió no adherirse a la solicitud de investigación. Ante consulta de este medio, la Cancillería informó de que la decisión se tomó “luego de una exhaustiva consideración”, en vista de que, en febrero, la Fiscalía de la Corte abrió exámenes preliminares sobre la situación venezolana.

“Costa Rica confía en la independencia de la Fiscalía para continuar con esta investigación y sustanciarla apropiadamente, así como en la valoración que la Corte pueda realizar, en el momento oportuno”, dice la respuesta que envió el Ministerio de Relaciones Exteriores a La Nación.

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La Corte Penal Internacional está vinculada con la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ejerce su jurisdicción “sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional”, incluidos los crímenes de lesa humanidad.

Esa categoría incluye los ataques que se emprenden de manera generalizada o sistemática contra una población civil, como asesinato, exterminio, esclavitud, encarcelación, tortura, violación, persecución, desaparición o apartheid.

Los países que solicitan la investigación consideran que en Venezuela se han cometido actos de esa categoría.

“En Venezuela hay denuncias serias de detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales, violaciones, atentados flagrantes contra el debido proceso, inclusive de algunos menores de edad”, dijo en declaraciones a la prensa el canciller argentino, Jorge Faurie.

Los presuntos crímenes se habrían cometido durante manifestaciones contra Maduro que dejaron unos 125 muertos en el 2017.

El pedido se basa en informes sobre la violación de derechos humanos en Venezuela que emitieron la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de la ONU.

En su declaración, la Cancillería costarricense asegura que está dispuesta a colaborar durante la investigación, si la Fiscalía así lo requiere.

“Cabe destacar que, fiel a su apoyo a la Corte Penal Internacional, Costa Rica brindará cualquier colaboración que sea requerida en el marco de esa investigación”, comunicó el gobierno.

Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, anunció el 8 de febrero que iniciaría un examen preliminar, el cual consiste en determinar la información disponible para determinar si existe fundamento para abrir una investigación formal. Dicho examen no tiene plazo límite. La carta de los seis países es una instancia para que la Fiscalía acelere el proceso y presente sus conclusiones.

Pese a no respaldar dicha iniciativa, la diplomacia tica reiteró su “preocupación por la situación en la República Bolivariana de Venezuela, el irrespeto al Estado de Derecho, los principios democráticos, así como las violaciones a los Derechos Humanos”.

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“Costa Rica coincide en que en Venezuela se han dado hechos muy graves, que deben ser investigados apropiadamente. Además, nuestro país se mantiene fiel a su tradición de lucha contra la impunidad, en particular de los crímenes más graves. Igualmente, apoya decididamente a la Corte Penal Internacional, su mandato y su independencia”, dice la comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería, bajo el mando de la ministra y vicepresidenta Epsy Campbell, señaló que Costa Rica considera que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es el foro apropiado para continuar con el monitoreo de la situación en Venezuela, así como para hacer cumplir las recomendaciones que emitió el Alto Comisionado de los Derechos Humanos.

Dichas recomendaciones incluyen monitorear la situación de los derechos humanos en ese país, así como establecer una comisión internacional de investigación sobre las violaciones de derechos humanos.