El gobierno tuvo que correr para que Costa Rica no perdiera un crédito por $380 millones para la atención de la emergencia ocasionada por la propagación del covid-19.

Para que el dinero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) se depositara en las cuentas del Estado, la ley que formaliza el crédito tenía que estar publicada, a más tardar, a las 2.30 p. m. de este sábado, y 40 minutos antes de esa hora el plan seguía en su discusión de segundo debate.

Los legisladores tomaron toda la mañana para hablar a favor o en contra del crédito, el cual se usará para dar recursos al plan Proteger, pagar cargas sociales a la CCSS y mejorar el perfil de la deuda pública.

A las 12.30 p. m, quedaban solo tres congresistas en espera para usar la palabra y, de repente, la mayor parte de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se anotó para hacer sus intervenciones en contra del proyecto. Inclusive, el diputado Pedro Muñoz habló en dos ocasiones.

También se anotaron varios liberacionistas, quienes después desistieron.

Fue hasta las 2 p. m. que la legisladora independiente Zoila Rosa Volio, preocupada porque el tiempo se acababa, pidió votar de una vez.

Cinco minutos después, el resultado de la votación fue de 43 votos a favor y 9 en contra, estos últimos de los socialcristianos Muñoz, María Inés Solís, Rodolfo Peña, Shirley Díaz y Pablo Heriberto Abarca; Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN); los fabricistas Ignacio Alpízar y Carmen Chan y el independiente Erick Rodríguez.

El texto aprobado dice que los recursos se usarán para financiar la respuesta del Estado costarricense a la emergencia nacional provocada por el covid-19 y para el servicio de la deuda pública.

Específicamente, se trasladarán $60 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) “para mitigar el efecto de la rebaja en la base mínima contributiva producto de la crisis por covid-19”.

Esta semana, la Caja envió un cobro al Ministerio de Hacienda por ¢22.000 millones, para compensar la caída en los ingresos de la institución por concepto de cuotas obrero patronales. El compromiso que asumió el gobierno en marzo fue asumir dicho costo con un aporte de ¢33.000 millones.

De acuerdo con el Ejecutivo, el financiamiento en condiciones preferenciales también es urgente para mejorar la deuda pública, pues la calificadora de riesgo Fitch degradó la nota del país debido al mayor estrés fiscal ocasionado por la pandemia.

Parte del financiamiento se tomaría, además, para ampliar la cobertura del plan Proteger por más tiempo y para que el Gobierno Central pueda pagar los salarios de su planilla.

"(...) al pago de proveedores, al pago de planilla y cargas sociales, para inyectar recursos para atender la emergencia sanitaria y para ampliar el bono Proteger al menos tres meses más”, afirmó Pilar Garrido, ministra de Planificación, a inicios de la semana.

Niega intento de bloqueo

Pedro Muñoz descartó que los discursos de los socialcristianos, al filo de la hora límite para votar la iniciativa, tuvieran la intención de evitar que el plan quedara en firme a tiempo.

"De ninguna manera. Hablé por el espacio de 20 minutos, todavía pude hablar 10 minutos más.

“Nos esperamos por las intervenciones de los compañeros para poder tener un debate; al parlamento venimos a debatir y lo hicimos. Si ve el fondo de mi discurso, no hubo elementos repetitivos, toqué elementos fundamentales”, defendió Muñoz.

En sus discursos, los socialcristianos criticaron el empréstito por considerar que el gobierno no ha cumplido con sus compromisos, además, adujeron que se están dando subsidios pero no mecanismos para que la población pueda salir de la crisis por sus propios medios, con trabajo.

Rodolfo Peña, jefe del PUSC, también acusó a las demás fracciones de no ser una verdadera oposición, por apoyar el préstamo.

Al final, dos socialcristianos votaron a favor del empréstito: María Vita Monge y Erwen Masís.

Pilar Garrido, ministra de Planificación, confirmó minutos antes de la votación que si la ley no estaba aprobada y publicada las 2.30 p. m., los recursos se iban a perder.

"Tenemos tiempo de tener todo publicado en Gaceta a las 2.30 p. m.. Ello por cuanto el BID debe depositarnos a esa hora. Van dos horas adelante. En caso de no ser así, se perderían los recursos.

“Confiamos en el compromiso de las y los diputados para que el país cuente con esos recursos”, dijo Garrido a La Nación.

De acuerdo con la diputada liberacionista Silvia Hernández, si el proyecto no se hubiera aprobado a tiempo, los recursos no necesariamente se habrían perdido, pero sí se habría requerido una nueva evaluación macroeconómica y, posiblemente, requisitos más estrictos.

Prieto: ‘No quisiera opinar de la actuación del PUSC’

Al finalizar la votación del empréstito, Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia, afirmó que durante toda la jornada estuvo pendiente ante el riesgo de que no se consiguiera que el plan saliera a tiempo.

“Estábamos totalmente conscientes del riesgo y se hicieron todos los esfuerzos necesarios”, afirmó el jerarca.

Al preguntarle si intentó convencer a los diputados de oposición, incluidos los del PUSC, a agilizar la votación, el ministro respondió que así fue.

“Hicimos un esfuerzo, pero en el caso de la fracción de la Unidad, bueno, yo no quisiera opinar de la actuación de una parte de esta fracción. Me parece que el diputado Erwen Masís y la diputada María Vita Monge fueron suficientemente explícitos sobre el juicio que ellos mismos tienen sobre la actuación del PUSC”.

“En el caso de otros diputados de otras fracciones siempre se hizo un esfuerzo”, afirmó Prieto.

En palabras de Enrique Sánchez, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), hubo que “meter el acelerador” para concluir a tiempo.

Durante la mañana, legisladores de otros partidos que al final votaron a favor de la propuesta también hicieron sus críticas al gobierno.

Por ejemplo, la iberacionista Yorleny León reprochó la falta de claridad y transparencia en la que, considera, ha incurrido el gobierno en lo referente a los planes que pide aprobar para atender los efectos económicos de la emergencia.

“La pregunta que uno se hace es por qué al Gobierno le encantan estas carreras (...) o porque no le viene en gana escuchar, o porque no tiene la menor idea de cómo articular y verter información en una hoja de ruta con diferentes escenarios", dijo León.

Mientras, la jefa de fracción de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, exigió al Ejecutivo mejorar la comunicación y el orden cuando le pide al Congreso la aprobación de financiamientos, para evitar que se den nuevas votaciones con premura y sin información suficiente.

Prieto relató que en cuanto la votación quedó en firme, la jefa de su despacho recogió las firmas del directorio legislativo y se fue a toda velocidad a recabar las del presidente Carlos Alvarado y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves. Finalmente, fue a dejar el texto a la Imprenta Nacional.

A las 2.20 p. m. ya el texto estaba entregado para su publicación, dijo Prieto.

El jerarca afirmó que aunque se podría mejorar la comunicación entre Casa Presidencial y la Asamblea, el Ejecutivo sí ha tenido una ruta clara para atender la emergencia.

“Y ha tenido una ejecución de esa ruta y esa estrategia de enfrentamiento impecable, hasta hemos sido colocados en las alturas de la opinión internacional por el tratamiento de la covid-19”, dijo el jerarca.

Ratificada transferencia de ¢75.000 millones desde el INS

En la sesión de este sábado, los diputados también aprobaron en segundo debate la transferencia de ¢75.000 millones del Instituto Nacional de Seguros (INS) al gobierno, para atender la pandemia de covid-19.

Los recursos se podrán emplear en la entrega de bonos Proteger a los trabajadores económicamente afectados por la emergencia nacional.

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El plan se ratificó por unanimidad, con 49 votos a favor.

La transferencia llegará al Ministerio de Hacienda durante el primer mes a partir de la entrada en vigor de la ley y no podrá ser utilizado para reducir el pago de futuros impuestos de parte de esa institución.

El plan aprobado incluye varios artículos para permitirle al Instituto recapitalizarse para recuperar el dinero que cederá, aunque el presidente de la entidad, Elian Villegas, considera que eso no es necesario.

Colaboró la periodista Michelle Campos.