Sofía Chinchilla Cerdas. 30 junio
El Poder Judicial no especificó el objeto de la investigación ni el resultado de la votación, por tratarse de un tema disciplinario cuya naturaleza es secreta. Foto de archivo: John Durán.
El Poder Judicial no especificó el objeto de la investigación ni el resultado de la votación, por tratarse de un tema disciplinario cuya naturaleza es secreta. Foto de archivo: John Durán.

La Corte Plena acordó investigar la controversial audiencia de la Sala III, en la que la fiscala general, Emilia Navas, pidió separar a cinco magistrados del conocimiento del caso penal de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

En respuesta a una consulta de La Nación, la oficina de prensa del Poder Judicial confirmó que, este lunes, la Corte Suprema de Justicia votó a favor de iniciar una investigación preliminar.

Este miércoles, el Poder Judicial precisó que se investigará al magistrado Jesús Ramírez, expresidente de la Sala de Casación Penal.

La Corte declinó especificar el resultado de la votación, por tratarse de un tema disciplinario cuya naturaleza es confidencial.

El 18 de junio, la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) solicitó a la Corte Suprema de Justicia investigar lo acontecido en la Sala de Casación Penal, por considerar que la audiencia realizada el 16 de junio se condujo con negligencia.

Ese día, la Sala III, presidida por el magistrado Jesús Ramírez, debía escuchar los argumentos de los abogados defensores del presidente Carlos Alvarado, quienes presentaron dos reclamos por presuntos abusos y arbitrariedades que, según alegan, cometió el Ministerio Público al secuestrar documentos de Casa Presidencial, el 28 de febrero pasado.

Sin embargo, Ramírez abrió la sesión y de inmediato rechazó los reclamos, sin darles audiencia a los abogados. Luego de que otros magistrados lo corrigieron, en un receso, el juez cambió de criterio y dijo que los recursos se declaraban inadmisibles.

Durante más de dos horas, los defensores de Alvarado, los abogados de los demás imputados en el caso de la UPAD, los querellantes, la Procuraduría General de la República y la fiscala Navas reclamaron la forma en la que Ramírez condujo la audiencia. El presidente del tribunal requirió ayuda constante de los demás jueces e incluso llamó a personas que no estaban en la sala.

La mayoría de los participantes pidieron que Ramírez fuera separado del caso, pero Navas recusó también a los otros cuatro magistrados: Álvaro Burgos, Sandra Zúñiga, Gerardo Alfaro y Jorge Desanti.

En opinión de Navas, ellos fueron corresponsables de lo sucedido por permitir que Ramírez presidiera pese a no estar en condiciones para hacerlo.

Sin embargo, el jueves pasado, el magistrado suplente de la Sala III, Rafael Segura, rechazó la solicitud de la fiscala general y separó solo a Ramírez, quien aceptó la medida y alegó que el día de la audiencia estaba afectado de salud.

Jesús Ramírez, además, renunció a la presidencia de la Sala Casación Penal, pero continuará como magistrado.

El caso sigue

El proceso judicial del caso UPAD seguirá su trámite con la Sala III integrada por Segura y los otros cuatro magistrados originales. Ellos escucharán los reclamos de los abogados de Alvarado en una nueva audiencia.

La Acojud calificó de inadmisible que el tribunal haya resuelto los reclamos de los abogados de Alvarado sin darles audiencia, y de “más grave aún” que los demás magistrados hayan pretendido enmendar el error con una aclaración después de un receso.

“Desde el minuto uno de esta audiencia, es evidente que el magistrado que preside no está en condiciones de conducirla, sus compañeros tuvieron constantemente que aconsejarlo, indicarle lo que debía decir y corregirlo a cada paso que daba”.

“El clima que se fue generando en esta auténtica lección de lo que no debe ser una audiencia judicial y cercena la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia y seguridad jurídica.

“Por principio de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad de las personas juzgadoras, se impone dar curso a la solicitud de investigación planteada”, argumentó Acojud en la petición que envió a la Corte Plena.