Política

Corte pide levantar inmunidad a diputado por deuda con la CCSS

Legislador José Antonio Alfaro alega que saldó el monto reclamado en enero pasado

La Corte Suprema de Justicia solicitó a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad al diputado del Movimiento Libertario, José Alberto Alfaro, para que enfrente un proceso judicial por deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La Fiscalía General de la República presentó la acusación contra Alfaro, el 24 de octubre del 2014, por el supuesto delito de "retención indebida de cuotas obreras" durante los meses de junio y julio del 2013, así como febrero del 2014.

El diputado Alfaro afirma que pagó la deuda desde enero de este año. Según dijo, canceló ¢6,2 millones incluyendo intereses, pues en un principio el monto reclamado era de ¢300.000.

El expediente llegó al Congreso el pasado 13 de agosto y está en el orden del día del plenario bajo el expediente 19.684. Ahora, serán los compañeros diputados de Alfaro los que definan si le levantan la inmunidad o no para que enfrente el caso.

Alfaro dice estar tranquilo, pues asegura que está al día con sus obligaciones con la Caja. Aduce que la deuda correspondía a una empresa ya extinta de servicios de limpieza, que no le pertenecía.

"La empresa era de un cliente mío", dijo Alfaro, y agregó que la falta de pago se dio por insuficiencia de la compañía.

El inconveniente, dijo, fue que él figuraba en la representación legal, al tiempo que negó cualquier relación con su negocio familiar que tiene permisos de porteo.

Alfaro recalcó que renunció a la inmunidad para enfrentar este proceso y que ya conversó con el fiscal general, Jorge Chavarría, sobre los alcances de la cancelación que hizo.

Al respecto, facilitó una nota del 18 de febrero pasado, firmada por Chavarría, en la que el fiscal señala a la Corte Suprema de Justicia que la cuenta ya estaba pagada.

Aún así, el proceso está abierto, y será el Directorio legislativo el que determine el proceso necesario para quitarle la inmunidad a Alfaro, a fin de que se ponga en orden con la Fiscalía tal y como lo dicta el procedimiento para miembros de supremos poderes.