La Corte Suprema de Justicia les pidió a los diputados, este viernes por la mañana, que le devuelvan la copia original del expediente sobre la revocatoria del nombramiento del magistrado penal Celso Gamboa Sánchez.
En la carta firmada por la secretaria general de ese órgano, Silvia Navarro, se les informa a los legisladores de que aún tienen pendiente conocer “varias gestiones interpuestas por el magistrado Gamboa y sus apoderados especiales”.
El expediente, bajo número DCP-1-2017, contiene el informe del órgano director del procedimiento administrativo contra el juez penal, donde se recomienda la revocatoria de su nombramiento porque se “interesó indebidamente” en asuntos judiciales en los que estaba implicado “su amigo”, el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
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Ese expediente llegó al Congreso el viernes de la semana pasada, con la solicitud de que los congresistas procedieran, según corresponde con sus potestades constitucionales, a analizar el caso y despedir o no a Gamboa.
Ese expediente original también contiene varios ajustes que los magistrados aprobaron en el informe emitido por el instructor del caso, Orlando Aguirre, y el acuerdo en que acogían la recomendación de pedir el despido de Gamboa.
En la carta donde pidió que le devolvieran el expediente, la Corte Suprema informa de que el documento original se devolverá al parlamento una vez que se resuelvan los recursos de revocatoria y las peticiones de reconsideración que presentó el magistrado penal suspendido.
Ese procedimiento administrativo se centró en determinar los hechos y las motivaciones para que Gamboa coincidiera en un viaje de tres días a Panamá con Bolaños, tanto en el vuelo de ida como en el de regreso, así como en su movilización en ese país y en el hotel donde se alojaron.
Luego de recibir el expediente, la semana pasada, los diputados aprobaron, el lunes, crear la comisión especial para estudiar el caso, con tres diputados.
Sin embargo, a raíz de las gestiones presentadas por la defensa de Gamboa, le dieron a ese foro el mandato de no empezar el estudio oficial del caso hasta que la Corte Plena no hubiese resuelto dichos asuntos.
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Consultado por La Nación, el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, opinó que la decisión tomada por los congresistas era la más prudente e informó de que será el lunes cuando se vean los reclamos de Gamboa en contra de su despido.
En el informe presentado por Aguirre, no solo se determinó que el magistrado penal se interesó indebidamente en asuntos judiciales de Bolaños, sino que además determinaron que el juez de la Sala Tercera les mintió a los diputados, durante su comparecencia en la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios, el año pasado.
En las conclusiones, Aguirre estableció que Gamboa es “responsable disciplinariamente” por “haber incurrido en faltas gravísimas en el ejercicio del cargo”.
La Corte dio por sentado que Gamboa y Bolaños son amigos, porque fueron juntos a Panamá, en octubre del 2016, luego de comprar los boletos en la misma agencia y con la misma tarjeta de crédito.
Además, se determinó que Gamboa llevó al importador de cemento chino a una oficina del Ministerio Público, a consultar sobre los asuntos judiciales que tenía pendientes.
A pesar de esa amistad, se explicó que un exletrado de Gamboa, a petición de su entonces jefe, participó e hizo observaciones en una reunión de fiscales en la cual se discutía una causa judicial de interés para Bolaños.
Ese exletrado es Justo Pastor López, ya despedido, durante una reunión en que el exfiscal auxiliar de Delitos Económicos, Francarlo Pessoa Solera, le habló al exfiscal general Jorge Chavarría sobre un expediente en contra del ex subgerente del Banco de Costa Rica, Guillermo Quesada.
Pessoa le relató a Orlando Aguirre, durante la investigación, que cuando él entró a la reunión, el exletrado de Gamboa estaba e hizo observaciones, pero él pensó que era otro fiscal.
Esa causa contra Quesada era por supuesta violación del secreto bancario y la acusación fue presentada por Juan Carlos Bolaños y el BCR.
Aparte de esa injerencia, los magistrados le atribuyen a Gamboa otras dos injerencias indebidas: aquella cuando acompañó a Bolaños a consultar sobre sus causas y una visita del mismo exletrado, Justo Pastor López, a la oficina del fiscal Ricky González Fanguharson, para comentar un documento en un expediente judicial de una causa seguida contra los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, así como contra Bolaños y el exdiputado Walter Céspedes.
En el informe contra Celso Gamboa, también se recomienda enviar un testimonio de piezas al Ministerio Público porque, según los magistrados, el juez penal, ahora suspendido con goce de salario, emitió “manifestaciones contrarias a la verdad”.
Según Aguirre, Gamboa no solo dijo que no conocía a Dai Wuping, socio chino de Juan Carlos Bolaños, sino que afirmó que no tenía contacto con el importador de cemento.
“El informe final ha tenido por demostrados indicios de que el señor Gamboa Sánchez faltó a la verdad e intentó ocultar la misma a la comisión legislativa que recibió su declaración”, dice en el informe sobre Gamboa.
No obstante, el magistrado penal tenía, según reportes, contacto telefónico con Bolaños.