Aarón Sequeira. 22 septiembre
Fernando Cruz, presidente de la Corte, dijo que el plan para prohibir la huelga en varios servicios de justicia afecta el funcionamiento del Poder Judicial. Lo acompañó en la Comisión de Sociales su jefe de despacho, Róger Mata, y el presidente de la Sala II, Orlando Aguirre. Foto: Cortesía despacho Yorleny León.
Fernando Cruz, presidente de la Corte, dijo que el plan para prohibir la huelga en varios servicios de justicia afecta el funcionamiento del Poder Judicial. Lo acompañó en la Comisión de Sociales su jefe de despacho, Róger Mata, y el presidente de la Sala II, Orlando Aguirre. Foto: Cortesía despacho Yorleny León.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia consideran que es a ellos, como Corte Plena, y no a los diputados, a quienes les corresponde determinar cuál servicio de justicia debe seguir prestándose y cuál no en el marco de una huelga.

Así lo explicó este martes el presidente de la Corte Plena, el magistrado Fernando Cruz, durante una audiencia en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, donde se debate un proyecto de ley para declarar como esenciales los servicios de justicia.

La iniciativa de la diputada liberacionista Yorleny León implicaría que, al declararse como esenciales una cantidad de servicios prestados por el Poder Judicial, quedaría prohibido que sus trabajadores realicen huelgas.

El proyecto de ley se desprende del expediente legislativo aprobado definitivamente en enero de este año, el cual buscaba frenar los abusos en las huelgas y, a la vez, prohibía esos movimientos en un grupo de servicios públicos, considerados esenciales.

Sin embargo, antes de esa aprobación, los legisladores eliminaron los artículos que habrían prohibido la huelga en varios servicios judiciales, pues, la falta de consulta previa a la Corte Plena de ese artículo habría obligado a una votación calificada en el plenario, o sea, más de 38 votos.

En su intervención de este martes, Fernando Cruz no solo informó a los diputados del criterio acordado por la Corte Plena, al acoger un estudio del magistrado Luis Porfirio Sánchez.

También les comentó que ese acuerdo considera que el nuevo proyecto afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial.

Eso significa, nuevamente que, por mandato de la Constitución Política, el proyecto de León requiere del apoyo de 38 congresistas para su aprobación en el plenario legislativo.

El proyecto de la liberacionista, que se tramita bajo el expediente 21.755, busca declarar como esenciales los juzgados de trabajo y los tribunales de apelación de trabajo; levantamiento, práctica de autopsias y entrega de cuerpos, así como los servicios del Complejo Médico Forense que sean urgentes.

También prohibiría la huelga en atención de denuncias, solicitudes de imposición de medida cautelar; cese, sustitución o prórroga de medidas cautelares por vencer; atención de solicitudes de medidas de protección; juicios con persona detenida; intervenciones de las comunicaciones y mantenimiento de los sistemas informáticos.

En la lista también entran la atención y resolución de solicitudes de apremio corporal e impedimentos de salida del país, y gestiones relativas al Sistema de Obligados del Pago de Pensión Alimentaria.

También se negaría la huelga en los servicios de traslados de privados de libertad, custodia en celdas, protección a víctimas y testigos, la disponibilidad del grupo de respuesta rápida a víctimas de violación y la custodia y seguridad necesaria para garantizar todos esos servicios.

‘El Poder Judicial es el que mejor sabe’

En su explicación de por qué la Corte Plena, conformadaa por 22 magistrados, considera que debe quedar en sus manos cuáles son servicios esenciales y cuáles no, Cruz comentó que se trata de un asunto práctico.

“El Poder Judicial es el que mejor sabe cómo determinar eso, lo que no significa que haya una obligación, pero los detalles corresponden al Poder Judicial”, comentó Cruz.

El magistrado presidente apuntó que, en la sesión del 20 de julio de este año, la Corte Plena acogió el informe de Luis Porfirio Sánchez, donde concluyó que la iniciativa de León sí afecta el funcionamiento del Poder Judicial.

Por su parte, el magistrado Orlando Aguirre, presidente de la Sala Segunda, la cual debate sobre asuntos laborales, comentó que si bien la administración de justicia es esencial y puede ser objeto de regulaciones legales, esas regulaciones inciden sobre todo el funcionamiento judicial.

“Al establecer qué se cierra y qué no en una situación de huelga, se está en sí mismo modificando el funcionamiento regular del Poder Judicial”, comentó.

Añadió que la propuesta de León es poco clara, puesto que a veces se refiere a servicios concretos que son transversales y afectan todo tipo de funciones judiciales.

Consultado por los diputados, Cruz explicó que ya hay un reglamento que define una lista de servicios en los que se limita la huelga, prácticamente idéntica a la incluida en el proyecto de ley.

No obstante, Yorleny León explicó que esa lista solo los establece como servicios en los que se debe asegurar una prestación mínima y no una prohibición total, como la propone ella.

Por parte de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud), Yadira Fonseca afirmó que, como sindicalistas, sí comparten que haya “algunos servicios que deben ser esenciales”, pero enfatizaron que la competencia para definir cuáles debe estar en manos de la Corte Plena.

“Es el órgano que tiene autonomía, independencia y, de acuerdo con las circunstancias, debe determinar si equis o ye servicio va a ser esencial en ese momento”, dijo la sindicalista.

Además, Fonseca afirmó que el proyecto de León limita la posibilidad de ejercer el derecho “fundamental, constitucional e internacional” a la huelga.

“No estamos hablando de cualquier derecho, sino de uno fundamental, reconocido”, dijo y añadió que aprobar el proyecto sería “poner una mordaza a la población trabajadora”, por lo que pidió archivar la propuesta.