Política

Correos e Incofer alegan que pérdidas les impiden aportar dinero al pago de la deuda pública

Ambas empresas terminaron el 2020 con pérdidas, por lo que quedan sin posibilidad de contribuir con el 30% de sus ganancias anuales, como pide un proyecto de ley

A partir de este 9 de diciembre 198 mil niños empezarán a recibir útiles escolares para el curso lectivo 2021, debido a la coordinación entre el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Correos de Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública (MEP)

Correos de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) no tienen posibilidad de aportar, en el corto plazo, recursos para el pago de deuda pública como lo pide el Gobierno.

Ambas empresas estatales terminaron el 2020 con números rojos, lo que las dejaría sin posibilidad de contribuir, desde un principio, hasta con un 30% de sus ganancias anuales a ese rubro, como pretende una iniciativa de ley presentada por Hacienda.

Correos terminó con una pérdida de ¢135 millones, luego de reportar ganancias por ¢2.338 millones y ¢953 millones en 2018 y 2019 respectivamente.

Por su parte, la pérdida de Incofer el año anterior alcanzaría los ¢4.560 millones, aunque esta se redujo con relación al 2019.

La presidenta del Instituto, Elizabeth Briceño, al responder consultas de la bancada del Partido Restauración Nacional (PRN), informó de que, con relación al año al periodo anterior, las pérdidas del 2020 se redujeron en ¢2.600 millones, pues, en 2019 la cifra ascendió a ¢7.160 millones.

El Gobierno presentó un proyecto de ley para que 14 empresas públicas aporten hasta el 30% de sus ganancias anuales netas, por un periodo de cuatro años, al pago de deuda pública que a diciembre de 2020 alcanzó el equivalente al 67,5% del producto interno bruto (PIB).

La idea de Hacienda es recaudar unos ¢72.600 millones por cada año, el 0,20% del PIB, como parte de las medidas para equilibrar las finanzas públicas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aunque dijo estar de acuerdo con esta medida que calificó de temporal y extraordinaria para ayudar a sanear a las finanzas públicas, Briceño le señaló a los legisladores restauracionistas que el Instituto volvió a terminar el 2020 con saldo negativo. Ella no amplió más.

En tanto, el gerente general de Correos de Costa Rica, Jorge Solano Méndez, le respondió a los diputados del PRN que la institución podrá hacer su aporte cuando sus finanzas se lo permitan.

Sin embargo, el funcionario objetó el plan y señaló que esa empresa estatal “no tiene responsabilidad en el incremento del gasto público”.

Por ser una institución que no recibe aportes o subsidios del Gobierno Central, continuó Solano, para poder competir en el mercado ha tenido que contraer el gasto y aplicar reorganización administrativa, aunado a reformas legales que le den flexibilidad.

“Indudablemente la aplicación de este aporte reduciría la posibilidad de inversión y de competir en un mercado altamente competitivo, ante grandes empresas privadas cuyos procesos están a la vanguardia, sistemas e inversiones en mejora continua”, expuso Solano.

El gerente aseguró que, si la entidad lograse generar ganancias y hacer aportes al pago de la deuda, a lo interno se limitaría la capacidad de automatización y eficiencia en los procesos, habría inconsistencias en la recolección y entrega, e inseguridad en esa cadena.

Al mismo tiempo, aseguró que podría generar problemas de liquidez, limitada solvencia patrimonial y deficiente flujo de efectivo para la inversión, entre otros elementos.

De esta forma, Correos de Costa Rica se suma al Instituto Nacional de Seguros (INS) y a los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR) que también plantearon objeciones, pues, alegan, el aporte reduciría la utilidad neta y limitaría la capacidad de inversión.

En el caso de los bancos, estos alegan que la medida implicaría mermar la cartera de créditos.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, dijo que está “clarísimo” que no todas las 14 empresas tienen la posibilidad de hacer el aporte.

“Puede ser que alguna no llegue a tener utilidades, en cuyo caso es más que evidente que no van a tener que pagar. Lo que busca la norma es dejar la posibilidad de que en los próximos cuatro años, las que no generan utilidades lleguen a generar. En ese supuesto, esperamos que sea así, podría ayudar a pagar ese 0,20% del PIB”, manifestó el jerarca.

Villegas aseguró que la suma del aporte total que se le pide a las empresas públicas es ínfima.

“Es el propietario, es el Estado, es el pueblo costarricense que ha invertido una enorme cantidad enorme de dinero en esas empresas, que hoy les pide un esfuerzo adicional de retorno en un momento tan complejo para la historia del país”, pidió el jerarca.

El ministro recordó que el plan de ajuste fiscal negociado con el FMI no contiene privatización de estas instituciones, solo se les pide ese aporte adicional que, en su opinión, es muy poco.

“A pesar de la negativa de algunas, la Asamblea Legislativa tiene la facultad constitucional de obligar a que las empresas aporten, que desde el punto de vista moral deberían de estar absolutamente comprometidas con sus propietarios, el pueblo costarricense. Es lo único que se les pide, compromiso con el país”, finalizó Villegas.

Las empresas incluidas en el proyecto de ley para que hagan el aporte son:

- Banco de Costa Rica (BCR) y sus subsidiarias.

- Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y sus subsidiarias.

- Instituto Nacional de Seguros (INS) y sus subsidiarias.

- Compañía Nacional de Fuerza y Luz S. A.

- Correos de Costa Rica S. A. (CORREOS)

- Editorial Costa Rica (ECR)

- Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA)

- Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

- Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)

- Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)

- Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)

- Junta de Protección Social (JPS)

- Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA)

- Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE S. A.)

Josué Bravo

Josué Bravo

Periodista en la sección Política, con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.

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