Política

Gobierno atenta contra libre competencia en contratos de infraestructura

Comisión para la Competencia advierte de que un nuevo mecanismo impide a cientos de empresas concursar en licitaciones, obligando a los ministerios a contratar a un número reducido de proveedores y, en algunos servicios, a solo uno

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) concluyó que un mecanismo instaurado por el Ministerio de Hacienda, para contratar proveedores de infraestructura en todo el Gobierno, atenta contra los principios de competencia.

El procedimiento, señaló la Coprocom, impide a cientos de empresas concursar en licitaciones y, en cambio, obliga a ministerios y órganos desconcentrados a contratar los servicios a un número reducido de proveedores.

Para algunos tipos de servicios, incluso, las instituciones solo pueden contratar a una empresa en específico.

En el 2020, el Ministerio de Hacienda sacó a concurso una licitación denominada Convenio Marco de Servicios de Infraestructura con Fondos Propios.

En este concurso, Hacienda seleccionó 15 empresas para 9 tipos de servicios relacionados con infraestructura, como construcción, mantenimiento, remodelación, demolición, diseño e inspección.

La línea de infraestructura modular, por ejemplo, incluye desde viviendas de interés social hasta pabellones de aulas y albergues.

Cuatro de las líneas, expuso la Coprocom, solo tienen un adjudicatario. Se trata de los servicios de infraestructura modular, mantenimiento correctivo y preventivo, demolición de edificaciones y, por último, servicios profesionales en dirección técnica de obras.

Las restantes líneas tienen entre seis y ocho empresas adjudicadas.

“Todas las instituciones pertenecientes a la Administración Central, en cualquier región del país, se encuentran obligadas al uso de este Convenio Marco, que tiene una vigencia de dos años, prorrogable automáticamente por periodos de un año, hasta un máximo de cuatro años.

“Únicamente las instituciones que tengan contratos en ejecución, o adjudicados antes de la orden de inicio del convenio, podrán continuar con ellos durante su vigencia y hasta su vencimiento”, añade la Coprocom.

“En esta modalidad de convenio marco, sin precio definido y sin opciones predefinidas, las instituciones emiten una solicitud de cotización y las empresas adjudicadas cotizarán los servicios requeridos, en un plazo relativamente corto de cinco días que incluye las visitas a sitio.

“Así, para la misma línea de negocio y por cuatro años, esas solicitudes de cotización llegarán exactamente a las mismas empresas -cuando existan varias-, quienes serán las únicas que podrán ofrecer el servicio, burlándose a todas luces los principios de competencia y libre concurrencia establecidos en el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa”, dice la Coprocom.

La Comisión ejemplificó que, para el 2021, el Presupuesto Nacional prevé ¢17.632 millones para construcción de edificios y, de ese monto, el 41% corresponde al Ministerio de Educación Pública (MEP).

“De allí, que preocupe que, en la línea de negocio de infraestructura modular, en la que se pueden construir aulas, pabellones, oficinas y comedores, entre otros, solamente resultó adjudicada una empresa”, señaló la Coprocom.

La Comisión duda de que el Gobierno consiga los ahorros previstos con este mecanismo, pues solo tiene un oferente para cuatro líneas de negocio. Más bien, advierte de que la empresa adjudicataria no tiene “ningún incentivo” para ofrecer un mejor precio y las “instituciones se encontrarían obligadas a contratarla”.

“La limitada participación y adjudicación de empresas, en el convenio marco bajo estudio, se mantendrá así durante todo el período del convenio, por cuanto la Administración no previó, en las disposiciones cartelarias, la posibilidad de entrada de nuevas empresas a lo largo de la ejecución del convenio, ampliando con ello el impacto negativo para la competencia y libre concurrencia”

Resulta más que evidente que el convenio marco bajo análisis propicia un cierre del mercado para cientos de empresas con capacidad de prestar servicios, al impedirles acceder a las contrataciones de todas las instituciones del Gobierno Central”, dice la resolución de Unidad de Investigaciones de la Comisión para Promover la Competencia.

Guillermo Rojas, presidente de Coprocom, sostiene que el Convenio Marco puede generar un daño al erario público, pues las instituciones no pueden escoger entre varias ofertas y deben de contratar al precio de una única empresa, aunque este sea elevado.

“Estamos hablando de líneas que tienen que ver directamente con obra pública, son millones de millones de colones.

“Ya se tiene predispuesto el contratante con el que se va a realizar el negocio jurídico; esto reduce los tiempos, pero una reducción de los tiempos sin que esté el convenio acompañado de una política adecuada que incite la competencia, pues es poca cosa”, añadió Rojas.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, sostiene que en el 2020 ahorró ¢290 millones con la aplicación del convenios marco, bajo el argumento de que estandariza los bienes y servicios para el sector público, con “precios de compra competitivos, plazos de entrega más convenientes y posibilidad de emitir orden de compra a través de un catálogo electrónico”, eliminando etapas innecesarias.

Ministro defiende proceso

Elian Villegas, ministro de Hacienda, aseguró que el Convenio Marco es producto de un proceso de licitación pública de libre concurrencia, donde se notificó a las cámaras y empresas constructoras inscritas en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

“Pudo entrar quien quiso hacerlo”, dijo Villegas, quien agregó que Hacienda revisa la resolución de la Coprocom y emitirá sus conclusiones.

Riesgo de colusión

En tanto, la Coprocom también alertó que el bajo número de proveedores encierra el riesgo de colusión entre empresas, o bien, la posibilidad de que subcontraten a otros proveedores, “lo que evidentemente también llevaría a la desmejora en los precios ofrecidos”.

Para la Comisión, Hacienda debió analizar con profundidad el reducido número de empresas adjudicadas, sobre todo porque, en el concurso, los factores para entrar “abarcaban rubros bastante generales y solamente se requería alcanzar una nota mínima de un 65%”.

“Todo lo anterior debió haber sido motivo de atención por parte de la Administración licitante y haberse cuestionado la verdadera eficacia de los resultados del proceso de la licitación, en aras de la mayor conveniencia y protección para el interés público que subyace en esta materia”, dice la resolución.

La Coprocom cuestionó haber recurrido a esta figura:

“Si bien se reconocen los beneficios que tal figura puede tener para la Administración en algunos supuestos concretos, lo también cierto es que su implementación práctica puede llevar a limitar la competencia y libre concurrencia, por lo que se exige suma prudencia y cautela en su uso y una adecuada ponderación de intereses fundamentales en juego”.

La resolución explica que el artículo 115 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece la posibilidad de celebrar esta forma de acuerdos para “bienes o servicios de uso común y continuo”, pero la Comisión cuestiona si este es el caso.

“La Administración licitante tomó como punto de referencia, para determinar las necesidades de infraestructura de todo el Gobierno Central y sus órganos desconcentrados, los requerimientos específicos de dos entidades muy particulares, como los son el MEP y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), lo cual no parece resultar acertado en aras de justificar la implementación de un Convenio Marco de tal envergadura a nivel general para toda la Administración Central.

“No parece razonable asimilar y extrapolar las necesidades puntuales de todos los demás ministerios y órganos desconcentrados, con las de aquellas dos entidades. Resulta altamente debatible y discutible, si nos encontramos ante el requerimiento de servicios de infraestructura que puedan considerarse ‘de uso común y continúo’”.

La resolución insiste en que podría resultar mucho más razonable acudir a concursos abiertos en procura de obtener el mejor precio.

Otra preocupación es que las adjudicaciones se efectuaron en bloque para las seis regiones del país, con lo cual se acrecienta la concentración de lo contratado.

La Coprocom solicitó a Hacienda reconsiderar la conveniencia de seguir adelante con el resultado de la licitación 2020LN-000002-0009100001 que dio paso al convenio marco.

Los entes descentralizados también pueden adherirse a la utilización de este convenio marco de infraestructura.

“No constituye un modelo de contratación pública adecuado, al menos, desde la óptica del Derecho de Competencia, pues, de acuerdo a la teoría y práctica en esta materia, no es de esperar que esa contratación en particular, genere e incentive un ambiente de efectiva y vigorosa competencia para el momento en que las instituciones vayan a cotizar los bienes y servicios que necesitan”, agregó este la Comisión.

Michelle Campos

Michelle Campos

Periodista en la sección de Política. Graduada como bachiller en periodismo en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiante de licenciatura en Mercadeo. Ganadora de la Clase 8 del proyecto de periodismo colaborativo Punto y Aparte.