Contraloría se opone a extensión de cláusulas de escape a regla fiscal

La regla fiscal es un tope de crecimiento al gasto público que la reforma fiscal impone, de acuerdo con las condiciones económicas del país. El límite es más estricto conforme mayor sea el endeudamiento público.

Sin embargo, la misma ley aprobada en el 2018 abrió la posibilidad de liberar a instituciones de la regla hasta por dos años, mediante cláusulas de escape, en caso de emergencias nacionales cuya atención demande más de 0,3% del producto interno bruto (PIB).

Tal es el caso de la pandemia. Durante esta emergencia, la administración de Carlos Alvarado aplicó cláusulas de escape para entidades como el Consejo Nacional de Producción (CNP), por casi ¢43.000 millones; al Ministerio de Educación (MEP), por ¢41.500 millones y al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), por ¢20.000 millones.

En octubre del 2021, por ejemplo, el ente contralor comunicó la aprobación parcial de un presupuesto extraordinario solicitado por el CNP donde se incluyeron, entre otras partidas, los recursos requeridos por la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) para adquirir materia prima (alcohol crudo), destilarla, vender el alcohol procesado a la industria y fabricar sus productos, en especial, el guaro Cacique. Lo anterior, amparado en la cláusula de escape a la regla fiscal, que se solicitó puesto que Fanal presentaba problemas de abastecimiento de materia prima.

No obstante, una reforma planteada por la Administración anterior, en marzo del 2022, propone extender la aplicación de las excepciones por más años cuando las emergencias sanitarias superen ese periodo.

La Contraloría General de la República (CGR) no solo rechaza la idea de ampliar de forma indefinida los periodos para las cláusulas, sino que resaltó la debilidad y falta de criterios utilizados para aplicarse durante la pandemia.

“Mantener las condiciones actualmente prevalecientes para la aplicación de la cláusula de escape, por motivo de declaración de estado de emergencia nacional, es lo más prudente para efectos de salvaguardar el Estado y evolución de las finanzas públicas y el necesario control político sobre este tema por parte de la Asamblea Legislativa”, dijo la CGR.

El ente contralor recalcó que la propuesta está alejada del espíritu con el que los legisladores aprobaron la reforma fiscal (ley 9635) en el año 2018.

“El legislador se decantó por fijar un límite temporal de dos periodos presupuestarios para la aplicación de la cláusula de escape. Es decir, no optó para efectos de la aplicación de la cláusula de escape, por plazos mayores aun cuando había ejemplos de emergencias previas (a la pandemia)”, argumentó el ente contralor.

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La justificación del proyecto prevé que la extensión indefinida “no podrá utilizarse para excepcionar efectos de eventos climáticos como huracanes, ondas tropicales, inundaciones, deslizamientos o terremotos, que se generan en momento concretos y determinados.”

Según la explicación de motivos de la iniciativa de ley, en la atención una emergencia sanitaria como la provocada por la covid-19, es necesario garantizar la habilitación para que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) pueda enfrentar situaciones que se prolonguen en el tiempo, como es el caso de la actual pandemia.

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“Esta cláusula ha sido de vital importancia para el país durante los últimos dos años; sin embargo, resulta necesario actualizar esta legislación y adicionar una excepción para casos de emergencias que sean producto de una pandemia y que se prolonguen por plazos mayores a los dos años que establece la Ley 9635 del 4 de diciembre del 2018”, justificó el proyecto.