Esteban Mata . 25 abril, 2014
Imagen sin titulo - GN
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La Contraloría General de la República inhabilitó al presidente ejecutivo del Incofer, Miguel Carabaguíaz Murillo, para ocupar cargos públicos por seis años.

El órgano contralor ordenó el miércoles la separación inmediata del funcionario como jerarca del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), tras rechazar apelaciones planteadas contra la resolución PA-22-2013 del 1.° de noviembre del 2013.

La sanción también recae sobre cinco exdirectivos más del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), actual Instituto de Desarrollo Rural (Inder), que aprobaron la titulación de tierras con zonas boscosas consideradas patrimonio natural del Estado.

Los hechos ocurrieron entre los años 2004 y 2005.

Además de Carabaguíaz, también sancionó por seis años al diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Wálter Céspedes.

A él se suma el exministro de Agricultura Rodolfo Coto Pacheco, con una sanción de cinco años.

Los otros tres castigos, por seis años, recayeron sobre Efraín Alfaro Barrantes; Édgar Umaña González y Danilo Elizondo Cerdas.

Los hechos. En julio del 2013, la Contraloría abrió un procedimiento administrativo contra los citados exdirectivos luego de que en sede contenciosa se anularon cinco traspasos de “tierras carentes de vocación agrícola”.

El órgano fiscalizador señala que los terrenos formaban parte del patrimonio natural del Estado, porque eran terrenos con zona boscosa, y por ello no debieron salir del dominio público.

De hecho, esa titulación fue anulada y los terrenos volvieron a manos del Estado.

Carabaguíaz recalcó ayer que el proceder de él y los exdirectivos se dio a la luz de la asesoría jurídica del IDA, y que no hubo ningún acto de corrupción de por medio.

De momento, Carabaguíaz se mantiene en su cargo, pues la notificación de lo decidido por la Contraloría debe ser conocida por el Consejo de Gobierno.

Sin embargo, el Consejo de Gobierno se reúne únicamente los martes, y ayer, el ministro de Comunicación, Carlos Roverssi, afirmó que no se han dado por notificados sobre el caso.

El vocero detalló que para la próxima semana está suspendido el Consejo de Gobierno, por lo que tratarán de reunirse antes del 7 de mayo; el último día de labores de la actual administración

Defensa. En tanto, el jerarca del Incofer prepara su defensa, y anunció que elevará el caso ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, con el propósito de frenar la medida del órgano contralor a más tardar el lunes próximo.

Fabián Volio, abogado de Carabaguíaz, sostiene que la decisión de la Contraloría no tiene sustento jurídico, y alega que ya el caso había sido archivado.

Volio dijo además que ese ente había elevado el caso ante los tribunales de justicia el año pasado y que se dictó sobreseimiento.

Según documentación aportada por Carabaguíaz, ese juicio concluyó el 9 de setiembre cuando el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó el sobreseimiento sobre ese caso.

Para Volio, no cabe una sanción administrativa de parte de la Contraloría en el tanto ya los exdirectivos fueron exonerados de culpa por este caso en un juicio previo.

Sin embargo, la resolución del órgano contralor, dada a conocer ayer, señala que si bien el caso se cerró en la vía penal, aún caben sanciones administrativas, y cuestiona la intepretación del Tribunal.

Esta posición fue criticada por Volio, que asegura que ya el tema fue superado en los tribunales. Colaboraron las periodistas Vanessa Loaiza y Mercedes Agüero.