Josué Bravo.   3 julio
La Contraloría estima una caída de los ingresos equivalentes 3,3% del PIB. Foto: Rafael Pacheco

La Contraloría General de la República (CGR) reveló este viernes que los ingresos corrientes del Gobierno Central caerán en casi ¢1,2 billones en este 2020, cifra superior a los ¢975.000 millones que había estimado el Ministerio de Hacienda hace poco más de dos meses.

La caída equivale a un 21% de los ingresos corrientes que había presupuesto el Ejecutivo y que había autorizado el Congreso para este año, que ascendían a ¢5,46 billones.

Del dinero que se dejará de percibir, ¢1.156.437 millones obedecen a la disminución de ingresos por impuestos y ¢8.755 millones a ingresos no tributarios.

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La caída equivale a un 3,3% del producto interno bruto (PIB) en momentos en que el Gobierno planea aplicar un recorte equivalente a un 1% del PIB en el Presupuesto Nacional, es decir, unos ¢355.000 millones.

La Contraloría certificó los nuevos datos, el 26 de junio, al revisar una estimación realizada por Hacienda debido a los efectos provocados por la pandemia de covid-19, informa la CGR en su página web.

Detalle de la caída por la crisis económica

En cuanto a los ingresos por impuestos, el rubro donde más dinero pierde el Gobierno por la pandemia es el de los tributos a los bienes y servicios, que caen de ¢2,59 billones a ¢1,97 billones, para una diferencia de casi ¢630.000 millones (un 24%).

Dentro de esos tributos figuran el impuesto sobre el valor agregado (IVA), el impuesto a los combustibles y el selectivo de consumo, por ejemplo.

Solo esa diferencia de ¢630.000 millones supera todo el dinero que el Gobierno destina anualmente para financiar el funcionamiento del Poder Judicial.

Por otra parte, el grupo de impuesto a los ingresos y las utilidades, el segundo de mayor peso, cae en ¢380.000 millones (un 19,5%), al pasar de ¢1,94 billones a ¢1,56 billones.

Dentro de este rubro están los tributos a las ganancias de las empresas y a los salarios altos.

Asimismo, los ingresos por gravámenes a las transacciones de comercio exterior, como importaciones y exportaciones, caen en un 46%, el mayor porcentaje de todos, pero su peso es menor.

Dicho rubro baja de ¢259.000 millones a ¢139.000 millones, para una diferencia de unos ¢120.000 millones.

El menos afectado es el segmento de impuestos a la propiedad, por ejemplo a los vehículos, cuyos ingresos caen en un 9,9%.

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Hueco de 11% en Presupuesto Nacional

A nivel general, el dinero que el Gobierno dejará de percibir este año equivale a un 11% del Presupuesto Nacional, el cual supera los ¢10,6 billones.

Además de los ingresos corrientes, el Ejecutivo presupuestó obtener más de ¢5 billones prestados para financiar los gastos del 2020. Ahora, está por verse cómo se cubrirá el hueco financiero dejado por la pandemia en los ingresos corrientes.

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La disminución en los ingresos se aproxima a lo proyectado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el pasado 24 de abril.

Ese día, el BCCR estimó que este año la caída en la actividad sería del 3,6%, al tomar en cuenta una baja en las importaciones similares a la de la recesión del 2009, así como las dificultades de los contribuyentes para pagar cuatro tipos de impuestos a los que el Congreso les aprobó, en marzo, una moratoria de tres meses.

Se trata de una moratoria en el pago del IVA a empresas y trabajadores independientes; del impuesto selectivo de consumo; de renta; y de aranceles a las importaciones, excepto algunos productos agrícolas y pecuarios.

Según la ley aprobada en marzo por los diputados, los negocios y empresas deberán cancelar los impuestos correspondientes, a más tardar, el 31 de diciembre del 2020 o negociar un arreglo de pago.

Ante este panorama de incertidumbre y la caída en la recaudación fiscal por los efectos de la pandemia, se vuelve fundamental monitorear la evolución en la recaudación y ajustar los supuestos y modelos usados en las proyecciones, dice la Contraloría.

“Con el objeto de detectar desviaciones significativas en las estimaciones inicialmente efectuadas y llevar oportunamente a discusión en la Asamblea Legislativa los ajustes presupuestarios necesarios, tarea que deberá realizar de manera transparente, sistemática y periódica el Ministerio de Hacienda”, añade.

Esas distorsiones podrían darse por una profundización en la caída de la economía internacional y nacional, posibles nuevas medidas en exenciones o moratorias, eventuales arreglos de pago, solicitudes de rectificación de cuotas de pago y el debilitamiento del cumplimiento de obligaciones tributarias, indicó la CGR.

La Nación intentó consultar al ministro de Hacienda, Elian Villegas, pero no fue posible ubicarlo a su teléfono.

PLN urge mayor recorte al gasto y transparentar negociaciones con el FMI

Silvia Hernández, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, calificó la realidad fiscal del país como “muy incierta y compleja”.

Urgió mayor recorte al gasto al gobierno pero, en principio, eficiencia en el uso de los recursos, lo cual, dijo, se debe plasmar en un tercer presupuesto extraordinario.

Si lo anterior no ocurre, las necesidades de financiar el Presupuesto Nacional vía deuda incrementarán para lo que resta del año, añadió.

Con el recorte anunciado por el gobierno de unos ¢355.000 millones y si se cumple la ruta de endeudamiento del 12,45% del PIB, el déficit podría situarse en 8,6%, recordó la legisladora.

“Pero nada de eso resuelve el escenario tan incierto del próximo año sobre las fuentes de financiamiento. Por ello, es necesario conocer los alcances de la negociación del gobierno con el FMI (Fondo Monetario Internacional).

“Este debe representar un conjunto de acciones viables. El centro del ajuste durante los próximos años debe estar en la racionalización del gasto público y en la lucha contra la evasión fiscal”, pidió Hernández.

Hacienda y el BCCR confirmaron hace dos semanas que el país negocia un financiamiento por $2.250 millones con el FMI, lo que conllevaría un plan de ajuste económico con recorte al gasto, aumento de ingresos y venta de activos.

Ana Lucía Delgado, diputada del PLN e integrante de Hacendarios, demandó que el gobierno “transparente” dichas negociaciones con el Fondo.

Además, pidió al Ejecutivo definir con claridad la ruta de consolidación fiscal y hacer reformas estructurales de reducción del gasto público.

Delgado recordó que los problemas fiscales del país vienen desde antes del inicio de la pandemia. Como ejemplo, mencionó que el déficit fiscal del año pasado se situó en 6,96% del PIB, lo cual se agravará por la crisis sanitaria.

“La proyección de caída de ingresos, igualmente, se aceleró. Sin embargo, su caída es mucho mayor a la proyectada por Hacienda, según lo evidencian los datos CGR. Esto exigirá que el Gobierno genere medidas extraordinarias de reducción y eficiencia del gasto mucho más severas si quiere terminar el año 2020, cuyas necesidades de financiamiento brutas superan 12.5% PIB”, finalizó.