La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó dos proyectos de ley que pretenden mover recursos, a través de dos instituciones, hacia pymes (pequeñas y medianas empresas) y agricultores afectados por la pandemia.
La CGR expuso a los diputados, en dos informes enviados el pasado martes, la similitud entre ambas propuestas, por lo que su aprobación generaría “posibles duplicidades” y mayores dificultades para la administración pública.
Uno de los planes, que reforma la Ley de Creación de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), permitiría a esta entidad financiar, con los recursos que capte, la producción e industrialización del arroz.
Además, autorizaría a Conarroz a endeudarse para canalizar recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y otros entes financieros, para apoyar a productores del grano que califiquen como beneficiarios del SBD.
Sobre este proyecto, el Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la CGR recomendó a los diputados identificar si se pueden utilizar recursos ya existentes en el SBD para ayudar a productores golpeados por la crisis económica.
“En un sentido amplio, ya existe la posibilidad para que los productores de arroz, en este caso, sometan a valoración sus proyectos para que puedan ser financiados con esos recursos”, indica el criterio firmado por la gerente de área, Jessica Víquez.
Según el ente contralor, el proyecto no detalla si las medidas aplicarán solo para el periodo que dure la emergencia nacional o si existirán de forma permanente.
El otro expediente, creado para apoyar a pymes y agricultores, propone que el SBD financie “proyectos de sostenimiento, pago de planillas, compra de suministros, compra de materia prima, alquileres de pequeñas empresas y locales comerciales ya establecidos, y que han sido afectados por la emergencia nacional generada por el covid-19”.
Asimismo, Banca para el Desarrollo otorgaría prioridad a la compra de artículos necesarios para la producción agrícola.
LEA MÁS: Pago de 1% de IVA siembra confusión en compra de insumos agrícolas
La iniciativa también brindaría a los agricultores un subsidio temporal de ¢125.000 mensuales durante la emergencia, utilizando los recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade).
Además, se ampliarían los parámetros para que una empresa tenga la categoría de pyme.
Al respecto, la CGR afirmó que el plan no cuantifica el impacto de ampliar esta clasificación.
Tampoco incluye “sustento técnico sobre la suficiencia, conveniencia y oportunidad de la colocación prioritaria de los recursos del SBD en capital de trabajo para los pequeños productores agrícolas y en un subsidio temporal para ellos”.
Sobre la idea de usar dinero del Fonade para ayudas mensuales, el ente contralor apuntó que la ley vigente ya otorga esa función a dichos fondos, por lo que recomendó al Congreso “valorar la pertinencia de promulgar una nueva ley con el mismo propósito”.
Al concluir, la CGR recordó que cada propuesta para atender los daños provocados por la pandemia debería incluir datos para comprobar que la medida cumpla con el fin propuesto.
Estos proyectos, tramitados en los expedientes 21.937 y 21.944, se encuentran actualmente en la Comisión de Asuntos Agropecuarios.
La Nación consultó al presidente de esta comisión, el socialcristiano Erwen Masís, sobre el estado del trámite de ambos textos. No obstante, al cierre de edición no hubo respuesta.