La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó los procesos con los que el Poder Judicial busca llevar a cabo su primera evaluación total de personal.

“Aún y cuando ha ejecutado múltiples acciones para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos vinculados con la evaluación del desempeño, no cuenta con una estrategia que asegure el avance consistente de los esfuerzos para alcanzar la consolidación del proceso con cobertura para toda la población judicial”, indicó la CGR.

La Corte Plena solicitó la aplicación masiva e inmediata de la actualización, emisión y divulgación de un reglamento para dar inicio con una evaluación de desempeño.

Según explica el informe del ente contralor, anteriormente las evaluaciones solo se aplicaban a pequeños porcentajes de los trabajadores mediante planes pilotos.

“Durante el período del 2015 al 2018, las actividades asociadas a la aplicación de una evaluación del desempeño se concentraron en la ejecución de diversos proyectos para la aplicación de planes pilotos denominados “Ejercicios Controlados”, que fueron aplicados al 2% de la población judicial”, agrega la Contraloría.

Para el período comprendido entre marzo 2019 y octubre 2020, se cancelaron los ejercicios controlados y se inició con actividades para la aplicación de la evaluación del desempeño de forma masiva.

La auditoría de la Contraloría, emitida en diciembre de este 2020 determinó que, durante el período evaluado, “el Poder Judicial no contó con un proceso de evaluación del desempeño aplicado de forma consistente y consolidada a todo el personal judicial, por lo que dicho proceso requiere consolidación”.

Según el informe, los procesos no han sido culminados y, de concretarse, los resultados estarían listos en este 2021.

Asimismo, la CGR dio a conocer que, para esta primera aplicación, se evaluaron factores de rendimiento y aplicación de competencias genéricas.

Los puntos que se calificaran son ética y transparencia, servicio de calidad, y compromiso.

También, se definieron las metas de desempeño, que representan el 80% de la evaluación.

La Contraloría determinó que, para octubre de 2020, 12.095 servidores judiciales (96% del personal) estaban debidamente notificados con sus respectivos planes de evaluación.

El 4% restante corresponde a personal que se encuentra con permisos sin goce de salario, incapacitados, con licencia por cuido de persona enferma, personas que están nombradas medios tiempos, y personal que impugnó el respectivo plan de evaluación.

Para el ente contralor, disponer de un sistema de evaluación en constante fortalecimiento le permitiría al Poder Judicial definir acciones concretas para lograr el desempeño requerido de las personas trabajadoras.

Adicionalmente, contribuiría en lograr los objetivos estratégicos y mejorar la rendición de cuentas.

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Incertidumbre sobre elementos de evaluación

Dentro de la evaluación total que pretende realizar el Poder Judicial, se indicaron dos factores para calificar a los funcionarios, pero las especificaciones de cada una no fueron claras para la Contraloría.

Según detalla la auditoría, uno es el factor rendimiento, el cual es la parte cuantitativa de la evaluación con un peso del 80%, y corresponde al cumplimiento de los objetivos y metas, y esta dividido por cuatro niveles.

A la fecha de emisión del informe, el proceso de evaluación de este factor tenía pendiente la elaboración del segundo nivel, para la sección de percepción de prestación de bienes y servicios.

El otro componente es el factor competencial, que significa el 20% de la prueba, y corresponde a las competencias genéricas y específicas del perfil de cada puesto.

En cuanto a las competencias para los perfiles, la Contraloría encontró que, en el Poder Judicial, hay 407 descripciones de clases de puestos; de ellos, 251 son competenciales.

“Se realizó una comparación de diferentes perfiles competenciales que se ubican en la página web del Poder Judicial, los cuales no muestran, entre sí, las mismas competencias genéricas; tampoco se tiene uniformidad en la definición que se incluye ni las conductas observables definidas”, señala la auditoría.

Además, se encontró que el Poder Judicial no cuenta con un “diccionario consolidado” con las competencias que han sido seleccionadas para ser aplicadas a nivel institucional.

La Sección de Análisis de Puestos se encuentra, desde el año 2012, en “un proceso de revisión y mejora” de las competencias, así como de los conceptos relacionados con las competencias genéricas y especificas.

Como parte de las disposiciones, la CGR solicitó a Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema, elaborar, divulgar e implementar una estrategia para el fortalecimiento, avance y consolidación de la evaluación de todos los funcionarios judiciales.

Para ello, la Contraloría pidió una certificación que acredite que la estrategia y el cronograma fueron elaborados y divulgados en el Poder Judicial a más tardar el 30 de abril de 2021.

Además, para el 31 de agosto, esta estrategia ya deberá haber entrado operar.

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