La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó los precios que pagó la Municipalidad de San José por compras realizadas entre 2018 y 2021. En el 20% de las contrataciones analizadas por la CGR, el ayuntamiento pagó un 25% más del monto estimado inicialmente para la adquisición.
Según la auditoría DFOE-LOC-IF-00011-2022, publicada este 23 de junio, también existen grandes diferencias entre el precio adjudicado por el gobierno local y los valores ofertados y adjudicados en otras contrataciones similares registradas en la plataforma de Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
“Al tomar como referencia el código de identificación de 16 dígitos de Sicop, se identificaron 197 líneas de contratación cuyo valor de adjudicación supera al menos dos veces el promedio de precios observados en bienes similares, lo cual pone de manifiesto la necesidad de fortalecer aquellos controles periódicos que permitan garantizar la razonabilidad de los precios y una aproximación de los mismos a las condiciones de mercado”, manifestó el órgano contralor.
Existen líneas en las que, aparentemente, se pagó hasta un 200% de más. Tal es el caso de sillas, instrumentos musicales, alimento de perro, efectos de luz de una la carroza municipal para el Festival de la Luz y una máquina compactadora doble rodillo.
Entre 2018 y el 202, la Municipalidad de San José adjudicó 900 procedimientos de contratación administrativa por ¢8.500 millones. De estos procedimientos, el 93% corresponden a contrataciones directas, 6% a licitaciones abreviadas y 1% a licitaciones públicas.
Para esta auditoría, la CGR tomó como muestra 38 procedimientos y sus respectivas líneas de compra, los cuales ascienden a un total de ¢716 millones.
De esos expedientes, el órgano contralor determinó que la mayoría carece de documentación que consigne información sobre los controles aplicados para asegurar la correcta ejecución de los procedimientos.
“Durante la etapa de planificación de la adquisición, no se acreditó en el 87% de las compras analizadas (33) la existencia de estudios de mercado de costos o cotizaciones que permitan conocer su valor aproximado antes de iniciar el proceso de contratación”, destacó la CGR.
Asimismo, se detectó falta de control en los tiempos de entrega, pues en 24 de los 38 procesos de contratación analizados, los bienes adquiridos fueron entregados de manera tardía por el proveedor sin recibir sanciones.
La Contraloría también realizó un análisis de la vulnerabilidad en el proceso de compras, mediante el Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP) del año 2021, donde evaluó la disponibilidad de información de los procesos de contratación administrativa, en el que la Municipalidad de San José fue calificada con una nota de 52,39 puntos de 100.
Para la CGR, dicha nota “pone de manifiesto la importancia de llevar a cabo esta auditoría, máxime la millonaria inversión de fondos públicos por parte de la Municipalidad de San José en la compra de bienes”.
Municipalidad justifica compras
Gerardo Chacón, de la dirección de Proveeduría de la Municipalidad de San José, afirmó que la auditoría de la Contraloría carece de profundidad. Dijo que las comparaciones que realiza entre los procesos de compras del municipio y el Sicop no toma en cuenta las especificaciones técnicas que se publican en el cartel.
Según Chacón, el cálculo del precio a adjudicar se realiza con las proformas que se le emiten a la Proveeduría, con las cuales sacan un promedio para el cartel que se publica en el Sicop.
Además, aseguró que hay casos en los que las ofertas más baratas no cumplen con todos los requisitos que se solicitan, por lo que se deben descartar; no obstante, explicó que la CGR realiza comparaciones entre la oferta adjudicada y una rechazada con menor costo, lo que genera que se encuentren grandes diferencias de precios.
Por ejemplo, este funcionario explicó que, en el caso de la máquina compactadora doble rodillo que adquirió la Municipalidad en 2018, se presupuestaron ¢66 millones y se contrató a una empresa que cobró alrededor de ¢63 millones; sin embargo, ese precio tenía alrededor ¢21 millones de diferencia la oferta más baja, la cual no cumplía con las características especificadas en el cartel.
En la auditoría, la CGR encontró que también se generaron presupuestos superiores al monto adjudicado.
“En 29 de las 38 compras de bienes revisadas, se evidencian diferencias entre el monto presupuestado y el monto adjudicado, así por ejemplo, para un caso proyectan que la unidad del bien costará ¢18.000 y una vez ofertado el precio unitario fue de ¢9.000 por lo tanto esas diferencias son de hasta un 50% del monto inicialmente presupuestado y el adjudicado por unidad”, señala el informe.
También, hubo 19 compras en las que existen diferencias entre la cantidad de bienes solicitados inicialmente y los adjudicados en el contrato, por lo que cuestionó si las compras corresponden a la necesidad institucional.
Esto sucedió en un caso donde el municipio requería 80 sillas, pero terminaron comprando 125; en otro caso, de 20 computadoras planeadas para adquirir, solo compraron 13. Esto también se presentó con 12 cámaras para vigilancia, compra en la que se terminó adjudicando nueve más, para un total de 21 dispositivos.
Sobre este punto, Chacón explicó que cuando logran obtener precios más baratos, aprovechan el presupuesto aprobado para poder adquirir más bienes y utilizarlos para atender necesidades, o bien, en el caso de que los precios sobrepasen el presupuesto no es posible detener la compra, por lo que deben comprar menos de lo inicialmente planteado.