La Contraloría General de la República (CGR) expresó fuertes críticas contra un proyecto de ley que pretende cerrar el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), al tiempo que trasladaría a los gobiernos locales las tareas de conservación de casi 4.000 kilómetros de rutas nacionales.
De acuerdo con el órgano, aunque la iniciativa señale que de esa manera se corregirían los problemas de mantenimiento de carreteras en el país, en realidad no se aporta “ninguna ruta, estrategia o política” que muestre que “con los cambios propuestos se logre solventar la problemática”.
Además, en el criterio enviado al Congreso, la Contraloría les recordó a los diputados que “muchas municipalidades cuentan con una limitada gestión de las responsabilidades ya asignadas para dar mantenimiento y atención a la red vial cantonal”, como para otorgarles más compromisos en esa materia.
Otro de los señalamientos es que, a pesar de que el proyecto mencione en su exposición de motivos que con su aprobación se lograría el “cierre técnico” de Conavi para disminuir el tamaño del aparato estatal, en realidad eso no sucedería por omisiones en el texto planteado.
“No solo no se distribuyen todas las funciones encomendadas a dicho Consejo, dado que se dejan por fuera la construcción de la red vial nacional, sino que tampoco se vislumbra una solución a la problemática del sector”, apunta el criterio.
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¿Qué propone el proyecto?
Al proponerse el supuesto cierre de Conavi, el proyecto de ley plantea repartir las responsabilidades de conservación vial entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y las municipalidades de los 83 cantones del país.
Bajo esa lógica, al Ministerio le correspondería asumir el mantenimiento de 4.130 kilómetros de la red vial estratégica; mientras que a los municipios les correspondería un total de 3.848 kilómetros de la red vial no estratégica.
Entre las carreteras nacionales que asumirían los gobiernos locales con este proyecto se encuentran las siguientes:
- Ruta 111: Río Segundo-Heredia.
- Ruta 117: Tibás-Santo Domingo.
- Ruta 251: Curridabat-La Unión.
- Ruta 202: San Pedro-La Unión.
- Ruta 123: Alajuela-Santa Bárbara.
- Ruta 220: Coronado-Santo Domingo.
- Ruta 225: Paraíso-Turrialba.
- Ruta 164: Upala-Bagaces.
- Ruta 137: Puriscal-Turrubares.
La iniciativa es impulsada por un bloque municipalista de diputados. La propuesta la presentó el legislador Gilberth Jiménez, exalcalde de Desamparados, con el apoyo de sus compañeros de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Mendoza y Pedro Rojas, exjefes municipales de Cañas y Sarapiquí.
También el diputado Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), exalcalde de Belén. Asimismo, otros diputados anotaron su firma al proyecto. Estos son: Katherine Moreira, Geison Valverde y Danny Vargas, del PLN; y Carlos Robles, Alejandro Pacheco y María Marta Carballo, del PUSC.
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La aprobación de este proyecto representaría un aumento en las transferencias estatales a las municipalidades. El Ministerio de Hacienda estaría obligado a trasladar a cada gobierno local los recursos correspondientes para la conservación vial de las carreteras nacionales bajo su tutela, tal como sucede hoy con las rutas cantonales.
Los recursos provendrían del cobro del marchamo, la recaudación del impuesto único sobre los combustibles y multas de tránsito, entre otros.
La Contraloría General de la República considera que trasladar dineros para conservación a manos de gobiernos locales no garantizaría una mejor eficiencia. El plan es impulsado por un bloque municipalista en el Congreso. Fotto: (Alonso Tenorio)