Josué Bravo. 1 diciembre, 2018
Marta Acosta, contralora general de la República, destacó la importancia de la norma presupuestaria en el Presupuesto Nacional 2019, porque se da en un contexto de “crisis fiscal”. Fotos Melissa Fernández

La Contraloría General de la República (CGR) avaló la norma presupuestaria que permitrá a las instituciones del Gobierno Central abstenerse de gastar hasta un 7% de su presupuesto en el 2019, sin temor a que al año siguiente se les reste el dinero no usado en el siguiente plan de gastos.

La contralora general, Marta Acosta, destacó la importancia de esta norma presupuestaria incluida en el presupuesto, porque se da en un contexto de “crisis fiscal”.

“En realidad, la norma contiene implícitamente dos objetivos: por un lado el control del gasto público e incentivar a las instituciones a no ejecutar gastos innecesarios para la prestación de los servicios que brindan. Y por otro lado, no generar presiones de liquidez al Gobierno dado el contexto de poca holgura fiscal en que se encuentra”, reaccionó Acosta.

Los diputados aprobaron en segundo debate, el 27 de noviembre, el Presupuesto Ordinario de la República del próximo año por ¢10,9 billones, que contiene 7 normas destinadas controlar el gasto público.

Una de ellas, presentada vía moción por la diputada liberacionista Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, fija en un 7% el límite de gastos no ejecutados en el presupuesto anual, sin que la institución deje de recibir ese monto en el plan de gastos del siguiente año, como ocurre en la actualidad.

La norma va dirigida a los ministerios y sus entes adscritos, así como a todas las instituciones y órganos que conforman el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), además de las entidades que reciben transferencia del Ejecutivo.

Según la diputada Hernández, el objetivo de la norma presupuestaria es “ir frenando” el crecimiento de la deuda, que financia el gasto público; dado que hay instituciones que, para evitar castigo presupuestarios por los dineros no usados, corren a final de año a realizar compras innecesarios.

La medida se aplicará a partir del 2019 y está relacionada con la Ley de Eficiencia de la Administración de los Recursos Públicos, conocida como Ley de Caja Única, que también entrará en vigencia el próximo año.

Esta nueva legislación permite a las instituciones tener un plazo de dos años, y las Juntas de Educación cuatro años, para utilizar los saldos contables que tengan disponibles en la Caja Única. Si no los usan, el Ministerio de Hacienda destinará el dinero para cancelar deuda pública.

Contralora: lo importante es usar con eficiencia el presupuesto

Para la contralora, “es importante señalar que la norma se da en un contexto denominado por el Ministerio de Hacienda como de crisis fiscal, por cuanto prevé limitaciones de liquidez para el próximo año”.

De acuerdo con Acosta, la Contraloría ha sido explícita en los distintos informes emitidos en que, más allá del tema de dinero presupuestarios no usado, “lo que en realidad es importante es la eficiencia con que las instituciones usan los recursos que se les asignan y la calidad del gasto que se ejecuta, así como los ahorros que pueden generarse debido a un uso eficiente de los recursos públicos”.

Según la CGR, durante el 2017, el Gobierno Central dejó de utilizar ¢986.000 millones, equivalentes al 10,7% del Presupuesto Nacional de ese año.

Por institución, el Ministerio de Educación Pública (MEP) no utilizó el 7% del plan de gasto autorizado para el 2017, equivalentes a ¢184.000 millones; y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) dejó de usar el 8,1% de su presupuesto, equivalente a ¢41.000 millones.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública no usó el 12,5% de su plan de gastos, equivalente a ¢31.500 millones; por citar algunos ejemplos.

Viceministro de egresos: norma no impide margen de maniobras

Rodolfo Cordero, viceministro de Egresos de Hacienda, es crítico de esta norma, porque a su juicio limita a instituciones “eficientes” que pueden ahorrar hasta un 30% del presupuesto anual que no se gastan.

“En la practica posiblemente no va dar el resultado esperado, porque se estableció la potestad de que usted emita el informe de cuánto son los recursos. Por ejemplo, ahora la Ley (de Eficiencia de la Administración de los Recursos Públicos) va a empezar con la certificación que se hizo para los recursos del 2015”, señaló Cordero.

Eso significa, a juicio del viceministro, que la institución tendrá un margen de dos años para contabilizar cuánto presupuesto no ha utilizado, tiempo suficiente que le permitirá gastar, devengarlo o girar el dinero para algún otro fin.

No obstante, Acosta considera que la norma es clara: “el espíritu no es castigar a ninguna institución, sino más bien puede verse como un incentivo a las instituciones para alcanzar la eficiencia en el gasto público, sin afectar los servicios que presta”.

Acosta hace hincapié en que dichos “ahorros” deben obedecer a ejecuciones eficientes del gasto, sin que se afecte la calidad de los servicios públicos.

En relación al impacto que a medida pueda tener en las finanzas públicas y la economía, la contralora prefiere esperar la evolución del gasto durante el año 2019.