Aarón Sequeira. 30 junio
El proyecto de Daniel Ulate, del PLN, para fomentar la economía social solidaria, generaría graves problemas de aparato estatal y de las finanzas públicas. Fotografía José Cordero
El proyecto de Daniel Ulate, del PLN, para fomentar la economía social solidaria, generaría graves problemas de aparato estatal y de las finanzas públicas. Fotografía José Cordero

La Contraloría General de la República encendió, otra vez, luces de alerta a los diputados contra un proyecto de ley que pretende tomar ¢135.000 millones para crear más puestos públicos, con el argumento de que son necesarios para reactivar la economía en medio de la pandemia.

La advertencia la volvió a lanzar la Contraloría General de la República, pero, esta vez, contra el proyecto de ley 21.970, que financiaría empresas comunales, municipales y cooperativas, así como cualquier otra “empresa de la economía social solidaria”.

Este plan busca crear una nueva burocracia a un alto costo para las finanzas públicas, tal como lo determinó la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) de la entidad.

Según el criterio DFOE-EC-0621, la propuesta del diputado liberacionista Daniel Ulate (Alajuela) y otros 12 legisladores aumenta “riesgosamente” la burocracia y genera muchas “duplicidades” en el aparato estatal.

También implica riesgos en la sostenibilidad financiera y fiscal del país y atenta contra la transparencia, dice la Contraloría.

En mayo, la Contraloría también advirtió a los diputados que una reforma municipal, que al final aprobaron por 43 votos, podría disparar el gasto público en ¢90.000 millones este año. Los diputados desoyeron esa alerta que costó al final la degradación de su calificación de riesgo por parte de la agencia Standard & Poors.

“Dificulta la optimización de los recursos públicos”

El proyecto de Ley de Fomento Socioeconómico Local –agrega la entidad fiscalizadora de los fondos públicos– crea órganos, comisiones, fondos y programas que podrían generar un crecimiento desordenado y diversificado del aparato público, “sin una visión coherente, clara y estratégica”.

“Produce un panorama institucional complejo que dificulta la optimización de los recursos públicos, la coordinación, planificación y ejecución de políticas estatales, así como la articulación y puesta en funcionamiento de los esquemas de responsabilidad y seguridad jurídica”, dice la Contraloría.

Además, en el aparato estatal ya existen instituciones que tienen a cargo funciones y responsabilidades como las que propone el proyecto de ley.

Se trata, dice la Contraloría, de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (Dinadeco), el Consejo Nacional de Desarrollo Económico, así como programas de apoyo a la microempresa y la movilidad social.

También existen la Dirección de Economía Social Solidaria, el Consejo Presidencial de Economía Solidaria y otras dependencias ministeriales de apoyo a las empresas, que ya realizan funciones como las que procura el plan de Ulate.

Lo mismo sucede con el marco jurídico, pues la Contraloría les recordó a los diputados que ya hay normativa que regula los aspectos del proyecto. “Se generaría duplicidad de esfuerzos, administraciones paralelas y competencias legales contrapuestas que entrabarían los objetivos del proyecto”, dice el criterio.

Estructura inadecuada

El plan cuenta con el apoyo de Paola Valladares, del PLN; Ignacio Alpízar, Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Marulin Azofeifa, Jonathan Prendas y Nidia Céspedes, del bloque fabricista Nueva República (PNR).

También con el respaldo de María Inés Solís y Erwen Masís, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Wélmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC); José María Villalta, del Frente Amplio, y Melvin Núñez, de Restauración Nacional (PRN).

Sin embargo, a criterio de la Contraloría, la propuesta conlleva una estructura inadecuada “en términos de agilidad, simplicidad y costos” y les pide a los firmantes que valoren si esa proposición es pertinente y funcional.

“Máxime considerando que la emergencia sanitaria actual exige la definición de acciones y medidas que promuevan el uso eficiente de los recursos limitados de que dispone y se consideren elementos que fortalezcan la sostenibilidad financiera, fiscal, macroeconómica y social”, dice el criterio.

Incluso, el proyecto 21.970 podría rozar con las normas constitucionales y del Código Municipal, en cuanto a la administración de los intereses y los servicios locales, que están a cargo de los gobiernos locales, pero la propuesta trasladaría potestades a otros órganos también.

Mordisco de ¢135.000 millones

La Contraloría también ahondó en cuánto le costaría el proyecto de ley al Estado: sumó hasta ¢135.000 millones, eso sin añadir el dinero que se tomaría del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), pues el plan no lo especifica.

Inicialmente, en el mismo proyecto se hacía un recuento por ¢106.000 millones.

Pero, la sumatoria del ente contralor detalla que se echaría de mano de ¢1.665 millones de las utilidades del Banco Popular, cada año, y ¢3.300 millones de las utilidades de ese banco del 2019; ¢17.764 millones del impuesto sobre la renta por una sola vez, y una transferencia del Presupuesto Nacional por ¢11.415 millones por una sola vez.

Además, se le daría una fuente de financiamiento permanente por ¢63.870 millones anuales, de las ventas brutas de las empresas de zona franca y ¢37.097 millones de forma permanente, tomados del impuesto sobre la renta.

En cuanto a las transferencias del Fonatel y del Consejo de Desarrollo Socioeconómico Local, la Contraloría no pudo estimar los montos.

Eso sí, advirtió que tomar todos esos dineros para esa estructura burocrática tendría impacto, primero, en el Banco Popular, luego en los objetivos del país para reducir la brecha tecnológica y, principalmente, en los ya disminuidos recursos que tiene el país por ingresos frescos.

“Hay que considerar la situación del país de menor disponibilidad de recursos, que se ha vuelto crítica a partir de la emergencia sanitaria que impacta la economía y agrava la situación financiera de instituciones y Gobierno central”, dice el informe, firmado por la gerente de la DFOE, Jéssica Víquez.

En cuanto a lo financiero, la Contraloría también advirtió de que hay instituciones que ya cumplen con los objetivos planteados por el proyecto y a las cuales se les destinan también recursos.

“No se observa en el proyecto una estrategia clara y mecanismos para asegurar que los recursos se destinen a amortiguar la desigualdad (...) o que vayan directamente a los más necesitados”, explica el criterio de la entidad.

También critica la entidad la propuesta para exonerar de impuestos a las municipalidades, asociaciones de desarrollo comunal, uniones cantonales y organizaciones similares, pues “no se evidencia en qué manera dicha reforma podría mejorar la distribución de la riqueza”.

Además, establecer más exoneraciones “comprende parte de la problemática del país”, porque son una carga para las finanzas estatales en términos de costo fiscal.

Proyecto incongruente

Aunque la exposición de motivos del proyecto de Daniel Ulate afirma que “busca la atención de los efectos de la emergencia sanitaria del covid-19″, para la Contraloría “no se guarda congruencia” entre el texto del proyecto y ese supuesto interés de combatir los efectos de la pandemia.

“Se presenta como una herramienta para la gestión socioeconómica del país por el estado de emergencia, pero va más allá de la necesaria atención de la emergencia”, considera la entidad contralora.

Básicamente, la iniciativa conlleva reformas que impactan las finanzas públicas, implican un crecimiento del aparato estatal, el debilitamiento del control interno y la rendición de cuentas.