Silvia Artavia. 27 mayo
En setiembre del 2018, el ICD puso a la venta 19 furgones, plataformas y cabezales que fueron decomisados al narcotráfico. Fotografía con fines ilustrativos. Crédito: cortesía del ICD.
En setiembre del 2018, el ICD puso a la venta 19 furgones, plataformas y cabezales que fueron decomisados al narcotráfico. Fotografía con fines ilustrativos. Crédito: cortesía del ICD.

La Contraloría General de la República (CGR) está en desacuerdo con la creación de un fondo especial para administrar los bienes que el Estado quitaría a los criminales.

Para el órgano contralor, esos ingresos deberían gestionarse mediante la Ley de Contratación Administrativa, como lo hace el resto de entidades públicas,

Sin embargo, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), ente que administrará esos recursos, pide la creación de un fondo especial y de un régimen de contratación diferenciado para llevar a cabo dicha labor.

Esa petición del ICD está dentro del proyecto de ley de extinción de dominio, el cual discuten actualmente los diputados en la Asamblea Legislativa con el número de expediente 19.571.

La extinción de dominio es un mecanismo que permite al Estado apropiarse de bienes obtenidos por terceros mediante actividades ilícitas como narcotráfico, lavado y terrorismo.

Es decir, es una herramienta para perseguir y decomisar, sin derecho a indemnización, los bienes originados por esos ilícitos.

En criterio de la Contraloría, al solicitar un fondo de administración especial y un régimen de contratación distinto, entonces, esos recursos no entrarían realmente a las arcas del Estado.

... “no queda claro (en el proyecto de ley) si la intención del legislador es que los dineros del fondo especial creado no pasen a ser parte del Presupuesto Nacional”, consideró la entidad.

Esto, asegura el ente contralor, rayaría en la inconstitucionalidad y la falta de transparencia.

“... podría ir en contra del principio de unidad y universalidad presupuestaria dispuesto en los artículos 176 y 180 de nuestra Constitución Política y el artículo 33 de la Ley de Administración Financiera, lo que, en todo caso, iría en detrimento de la claridad y transparencia en el manejo de los fondos públicos”, agregó la Contraloría.

Asimismo, la entidad exhortó a los diputados a explicar, dentro de la iniciativa de ley, los detalles de la creación del fondo y de la nueva forma de contratación.

“Si el legislador desea dotar al ICD de un mecanismo más ágil en sus compras, es criterio de este órgano contralor que este debe ser estructurado en la propia ley”, dictó la Contraloría.

Esta entidad emitió ese pronunciamiento en el criterio que le solicitó el Congreso sobre el proyecto de ley de extinción de dominio.

Dicha opinión, la cual no es vinculante, fue enviada al Congreso en el oficio N° 6846 del 20 de mayo de 2019.

¿Problemas de gestión?

En el criterio sobre la iniciativa de ley de extinción de dominio, la Contraloría realizó una argumentación detallada acerca de los problemas de gestión que, en su opinión, aquejan al ICD.

El ente contralor señaló dos asuntos en particular: el tipo de contrataciones que usualmente hace ese instituto y el hecho de que la misma autoridad contralora le improbó a la instancia antidrogas el presupuesto para el 2019.

Sobre la forma de contratar, la Contraloría incluso aportó un cuadro que evidencia que, entre el 2016 y el 2018, la mayoría de gestiones de compra del ICD se tramitaron mediante contrataciones directas y muy pocas se hicieron por licitación pública.

Respecto a la improbación del presupuesto del instituto para el 2019, el órgano contralor dijo que fue declinado debido a que los recursos solicitados no eran suficientes para salir con todos los gastos de la entidad antidrogas.

Director del ICD: ‘Hay desconocimiento sobre extinción de dominio’

Guillermo Araya, director del ICD, manifestó que no se explica el porqué del criterio de la Contraloría.

El jerarca comentó que, efectivamente, los bienes provenientes de la ley de extinción de dominio que administrará el Instituto no será fondos públicos, sino privados.

De hecho, comentó, ese dinero no se utilizará para el funcionamiento del ICD, sino que, debido a su procedencia, deberá emplearse “para retribuir a la sociedad el daño directo o indirecto que ha hecho el crimen organizado”.

Por ejemplo, dijo Araya, esos ingresos servirán para desarrollar infraestructura e implementar programas antidrogas en comunidades.

Por ese motivo, insistió el líder del ICD, deben administrarse mediante un fondo especial, como se hace con figuras similares también gestionadas por el instituto, como los capitales emergentes.

Araya dijo sentirse contrariado con el criterio del órgano contralor.

“Con todo respeto, con lo que hace la Contraloría, se nota que todavía no hay una concepción o un entendimiento sobre la jurisdicción especializada en extinción de dominio y cómo se va a administrar”, enfatizó.

Asimismo, manifestó que espera que la entidad se retracte.

“Yo no entiendo por qué hacen ese análisis. Yo esperaría que la Contraloría rectifique sobre esas posiciones que hace porque, sinceramente, emite un juicio en el que dice que el ICD, porque tiene problemas de gestión, está pidiendo un régimen de contratación especial y el fondo especial de administración”, comentó el jerarca.

Araya fue categórico en que el instituto no tiene deficiencias de gestión y explicó que el hecho de utilizar mecanismos de contratación distintos a la licitación pública no implica falta de transparencia.

Además, el director del ICD defendió que la improbación del presupuesto 2019 por parte de la Contraloría no fue culpa de la instancia que representa.

“Fue porque Presidencia de la República nos hizo un recorte que no esperábamos, en diciembre (de 2018), de 700 millones de colones, y por eso se mandó el presupuesto, porque había que mandarlo, aunque con eso no se financiaban las operaciones del presupuesto ordinario”, explicó.

El jerarca del ICD aseguró que, inmediatamente después de que les fue denegado el presupuesto, mediante una moción en el Congreso, el Ejecutivo les reitegró el dinero.