Rebeca Madrigal Q.. 4 mayo
 La intención del Gobierno es que los diputados autoricen al Ministerio de Hacienda a colocar, a lo largo de seis años, $6.000 millones en bonos de deuda costarricense entre inversionistas extranjeros con tasas de interés más bajas en comparación con las que piden inversionistas locales a cambio de prestarle dinero al Estado. Fotos: Mayela López
La intención del Gobierno es que los diputados autoricen al Ministerio de Hacienda a colocar, a lo largo de seis años, $6.000 millones en bonos de deuda costarricense entre inversionistas extranjeros con tasas de interés más bajas en comparación con las que piden inversionistas locales a cambio de prestarle dinero al Estado. Fotos: Mayela López

La Contraloría General de la República (CGR) advierte de que la reforma fiscal “no es suficiente” para resolver los problemas del país, por lo que se hace necesaria la aplicación, “con prontitud”, de “medidas complementarias”.

Entre esas medidas, la contralora general Marta Acosta incluye cuatro campos de acción:

1. Reformas al empleo público para controlar el gasto en remuneraciones, el cual creció el año pasado en un 4,5%.

2. Implementar límites en las transferencias que debe hacer Hacienda a entidades.

3. Aplicar con rigurosidad la llamada regla fiscal, que pone tope al crecimiento de gasto corriente del sector público (transferencias, remuneraciones e intereses, entre otros).

4. Acciones para un mayor control de la evasión de impuestos.

La Contraloría, en su Memoria Anual 2018, entregada ayer a los diputados, también suma una quinta acción: la aprobación de los eurobonos (emisión de deuda a largo plazo para enfrentar los gastos del Gobierno) pues considera que “le permitiría al país acceder al financiamiento en mercado internacional a un menor costo”.

“El panorama de las finanzas públicas continúa siendo poco halagüeño y esto se manifiesta en el comportamiento de la deuda pública y en especial, de la deuda interna del Gobierno Central. La sola aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, si bien constituye un paso en la dirección correcta, no es suficiente para solventar las debilidades estructurales del país en materia fiscal”, alerta la Memoria.

La reforma fiscal fue aprobada el 3 de diciembre y comenzará a regir el 1.° de julio. La intención de Hacienda es recaudar, por lo menos, ¢422.000 millones, menos de dos puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), para paliar el déficit financiero.

Aunque el presidente Carlos Alvarado indicó en su primer informe de labores, el jueves, que el país logró estabilizar sus finanzas con la aprobación del plan fiscal, Acosta considera que son necesarias más decisiones.

(Video) Contraloría urge discutir sobre empleo público, destinos específicos y evasión

Y la Memoria de la Contraloría lo puntualiza: “Se deberán implementar con prontitud medidas complementarias de ajuste fiscal, con el fin de disminuir los requerimientos de financiamiento del Gobierno", precisa el capítulo de Evolución de las Finanzas Públicas.

La Contraloría no precisó si el país necesita aprobar más impuestos, tal como lo sugiere el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ni en el Congreso ni en Casa Presidencial prevén que eso vaya a ocurrir.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, enfatizó: “Yo no veo espacio para más impuestos, definitivamente y en ese sentido es mejor no dejar ninguna duda. Lo que corresponde es “socarse la faja”, que el Gobierno no se ponga a inventar “aventuras”, una férrea aplicación de la regla fiscal, y es el deber de Hacienda decirnos qué otras medidas son importantes para el control de la evasión y la elusión fiscal”, dijo.

De hecho, la Contraloría llamó la atención sobre el nivel de la deuda del Gobierno Central, pues supera “el límite natural” y alcanzó el 53,6% del PIB en 2018 en un contexto de “limitada liquidez”. Solo entre el 2017 y el año pasado, el tamaño de la deuda aumentó 15,6%.

Al cierre del ejercicio 2018, un 15,9% de la deuda interna del Gobierno Central tenía como fecha de vencimiento el 2019, mientras que casi el 50% vence entre el 2020 y 2024.

La Contraloría también instó al Gobierno a no vacilar en la aplicación de las medidas del plan fiscal, como la regla fiscal y los destinos específicos.

Lo dijo al indicar que hay sectores del Estado que acostumbran “escaparse” de las disposiciones al alegar ser órganos “desconcentrados”, “regímenes de autonomía” y otras diferentes figuras jurídicas que solo crean “múltiples efectos dispersivos y de descontrol en el gasto público”.

En principio, el Poder Judicial, las universidades públicas y otras instituciones autónomas han realizado intentos de escapar de las regulaciones del plan fiscal en cuanto a empleo público.

Benavides añadió que considera oportuno que la regla fiscal tenga rango constitucional y que se apruebe la reforma a empleo público para que los nuevos empleados ingresen a hacer carrera con otras condiciones y que exista paridad salarial.

“Esta Contraloría reitera --dice la Memoria Anual-- que es pertinente atender las deficiencias estructurales por medio de una reforma integral al empleo público, que es fundamental para una adecuada gestión pública”.

Y agrega: “La presión del crecimiento descontrolado de las remuneraciones sobre las finanzas públicas podría comprometer aún más la capacidad de cumplir con las transferencias corrientes del Gobierno Central y, por lo tanto, de los bienes y servicios que se proveen a la ciudadanía".

Aunque la Contraloría concluye que los cambios en empleo públicos introducidos en la reforma fiscal permiten controlar el crecimiento inercial de gasto en incentivos salariales, hace falta más.

“Las reformas introducidas no solventan las debilidades estructurales que la Contraloría ha señalado en los esquemas remunerativos, por lo que ajustes al modelo para abordar las disparidades y sostenibilidad del mismo siguen siendo necesarios”, dice el informe.

Evolución de las finanzas públicas 2018

FUENTE: CGR.    || E.E. INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

‘Urgen’ eurobonos

Precisamente por la necesidad imperiosa de conseguir recursos para hacer frente no solo al gasto corriente, sino también a la deuda, es que la Contraloría avala la figura de eurobonos.

La intención del Gobierno es que los diputados autoricen al Ministerio de Hacienda a colocar, a lo largo de seis años, $6.000 millones en bonos de deuda costarricense entre inversionistas extranjeros con tasas de interés más bajas en comparación con las que piden inversionistas locales a cambio de prestarle dinero al Estado.

No obstante, los diputados de oposición temen que esta iniciativa fomente un nuevo incremento del gasto público. Debido a lo anterior, el 30 de abril la comisión legislativa de Asuntos Económicos acogió un texto sustitutivo que permitirá a Hacienda colocar solo $2.500 millones.

“Contar con acceso a fuentes internacionales de financiamiento, es positivo para las finanzas públicas, y ha sido ampliamente utilizado para complementar el ahorro interno en la financiación del desarrollo”, indica la CGR.

“Se requieren urgentemente medidas complementarias, entre la cuales está el trámite de aprobación del proyecto de eurobonos, que le permitiría al país acceder al financiamiento en mercado internacional a un menor costo, con los efectos positivos que ello implica en la confianza”, precisó el ente contralor.

Sin embargo, advirtió que es necesario incluir en el proyecto regulaciones que justifiquen el uso de una línea de crédito, y que se considere la coordinación previa con el Banco Central por los efectos monetarios que puede originar esta figura de financiamiento.