Yeryis Salas. 27 octubre
La contralora Marta Acosta reiteró que ya no hay tiempo para atender la crisis fiscal. Foto: Archivo.
La contralora Marta Acosta reiteró que ya no hay tiempo para atender la crisis fiscal. Foto: Archivo.

La contralora general, Marta Acosta, señaló siete reformas estructurales que ayudarían al país a resolver la crisis fiscal que amenaza la economía de los costarricenses.

En un artículo de opinión publicado este martes en La Nación, Acosta aseveró que “ya no hay tiempo”, por lo que urge solucionar el grave desequilibrio en las finanzas públicas.

Por el lado del gasto, la contralora mencionó cuatro reformas puntuales que el país debe atender:

1- Revisar los 150 destinos específicos que hoy consumen ¢9 de cada ¢10 recaudados en impuestos

Los destinos específicos son cantidades de dinero que la Constitución y diversas leyes obligan a girar a un amplio número de instituciones, aunque no exista el dinero para ello.

Según Acosta, se debe revisar los resultados de cada destino específico, así como su propósito, su plazo y su asignación.

En un análisis sobre el Presupuesto Nacional del 2021, el ente contralor sugirió revisar incluso los destinos específicos de rango constitucional, de forma que respondan a la realidad actual de las finanzas públicas.

2- Reformar el régimen de empleo público, mediante una ley general que establezca un salario global, en el que ya no se dependa de los pluses que disparan el gasto. Además, la reforma debe tener un enfoque integral y transparencia en las formas.

Sobre el empleo público, la Contraloría solicitó a los diputados expandir el ámbito de aplicación del proyecto de ley que discuten los diputados, y que este aplique también para instituciones en régimen de competencia, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y los tres bancos estatales (de Costa Rica, Nacional y Popular).

3- Revisar el propósito y la calidad de las transferencias corrientes del Gobierno Central que financian a otras instituciones.

4- Revisar el diseño institucional del Estado, para verificar competencias, recursos y propósitos, así como detectar duplicidades.

Ingresos

Por el lado de los ingresos, la contralora general pidió atender:

1- La eficiencia del sistema tributario, en donde se debe determinar la cantidad y eficiencia de los tributos.

En Costa Rica, cuatro impuestos generan el 86% de los ingresos tributarios y existen unos 26 tributos que generan montos muy pequeños aunque demandan burocracia para cobrarlos.

2- Revisar el gasto tributario, lo que implica ver fuentes alternativa de ingresos y hacer un análisis costo-beneficio de las exoneraciones vigentes.

La contralora, por ejemplo, ha expresado su preocupación debido a la “impresionante” cantidad de exoneraciones de impuestos que los diputados tramitan en el Congreso.

3- Atender la evasión y elusión, creando planes eficaces, con inteligencia tributaria y controles cruzados.

Entorpecer todo

Acosta también lamentó el nivel de diálogo en torno a la crisis económica.

“Algunas personas procuran entorpecer todo intento de construcción y hay sectores que solo velan por lo suyo, sin ningún afán de atender los problemas comunes”.

“Al mismo tiempo, están quienes proponen soluciones de manera responsable, pero, aun así, no son escuchados. Y están las personas que muestran una notoria pasividad ante los acontecimientos, como si nada estuviera ocurriendo, por lo que su indiferencia es igualmente pasmosa”, afirmó.

La contralora agregó otros temas que ayudarían a aliviar la crisis fiscal:

“Otros asuntos que ha planteado la CGR, menos estructurales, pero urgentes para eficientizar el gasto, son, por ejemplo, las adquisiciones públicas únicamente a través del Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas) y el manejo eficiente de la liquidez pública de forma centralizada (generaría ahorros en los costos de administración, así como transparentaría el manejo de los fondos públicos), entre otros”.

Agregó que al país le urge “un sistema en el cual se conecten por medio de una plataforma única o interoperable todos los presupuestos públicos, independientemente del actor que los apruebe”.

En caso de que no se tomen estas medidas, el déficit fiscal podría alcanzar un histórico 11,7% del producto interno bruto (PIB) al cierre del 2020, según alertó Acosta a los diputados el 8 de octubre.