Josué Bravo.   22 febrero
La contralora general de la República, Marta Acosta, pide no excluir a las empresas públicas en competencia ni a los entes públicos no estatales de la reforma al empleo público. Foto: Alejandro Gamboa Madrigal

La contralora general de la República, Marta Acosta, les pidió a los diputados aprobar una ley de empleo público sin exclusiones al argumentar que, de lo contrario, persistirán las desigualdades salariales y la atomización de sistemas.

Así lo expuso en un artículo de opinión publicado en La Nación este lunes, día en que los legisladores de la Comisión de Gobierno y Administración empiezan a conocer mociones de ajuste al proyecto de reforma al empleo público.

El texto actual excluye de su alcance a las empresas públicas en competencia, mientras que hay propuestas para sacar a otras instituciones, como las universidades estatales.

“Responsablemente, no deberían existir excepciones a la aplicación de esta eventual ley, pues, de ser así, continuaría un alto nivel de atomización y dispersión normativa y, también, preservaría las desigualdades”.

“Más grave aún, ocasionaría que el objetivo fundamental del proyecto de ley sea tirado por la borda y seguiríamos sin alcanzar el imperativo constitucional de contar con un régimen único de empleo público que sea coherente, equitativo, transparente y moderno”, escribió Acosta.

Durante el primer día de discusión de mociones de revisión, una mayoría de diputados de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa decidió excluir a las empresas públicas en competencias.

Esa decisión abarca al Instituto Nacional de Seguros (INS), los bancos públicos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR) y al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aunque, en este último caso, no se aclara si la excepción aplicaría solo para la parte en competencia, la de telecomunicaciones, o a toda la institución.

La contralora recomienda que el artículo 3 del proyecto en discusión no contenga ni siquiera excepciones para las empresas en competencia o para los entes públicos no estatales como el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el Banco Popular y los colegios profesionales.

“Se trata de una ley marco que debería cobijar a todo el funcionariado”, machacó Acosta, aunque dijo ser respetuosa de las decisiones legislativas.

Ella recomienda que, si existen particularidades que ameritan ajustes, como en el caso de las empresas en competencia, no se renuncie por completo a la cobertura, sino que se busquen “alternativas, por ejemplo, que en lo que atañe a la relación de empleo con el personal que participe de forma directa en las actividades abiertas al régimen de competencia y los entes públicos no estatales, se les fijen normas básicas, como los artículos 4, 5,10 y 11 del proyecto”.

“En los demás aspectos relativos a la materia de empleo, estas empresas y estos entes deberían regirse por la legislación aplicable, así como por la normativa y las políticas internas con las que cuenten, las cuales deberán ser de acceso público en la plataforma integrada de empleo contemplada en el proyecto de ley”, escribió Acosta.

El artículo 4 de la reforma contiene los principios rectores del empleo público; entre ellos, el Estado como patrono único, la carrera administrativa y el de equidad salarial.

Mientras, el artículo 5 contiene definiciones de conceptos y el 10 ordena que toda dependencia pública cuente con su reglamento autónomo de servicios, mientras que el 11 se refiere a los postulados que orientan el empleo público.

Dentro de las 474 mociones de fondo que los diputados empezarán a discutir este lunes, se encuentran dos que extenderían la regulación de la negociación colectiva a las empresas en competencia.

Una de esas iniciativas, firmada por congresistas de los partidos Liberación Naciona (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN), el bloque fabricista e independientes, también incluiría a esas instituciones en los artículos 4 y 5, así como el 12.

Este último crearía la plataforma integrada de empleo público, la cual sería es un registro centralizado de información estadística cualitativa y cuantitativa que permitiría caracterizar la situación del empleo público en Costa Rica.

La redacción actual otorgaría su administración a la Dirección General Servicio Civil.

No obstante, esa propuesta excluiría a esas entidades de la implementación de un salario global, aunque en el caso de algunos bancos públicos como el BCR esa modalidad ya se implementa .

Para la discusión de un segundo grupo de mociones de revisión que se inicia la noche de este lunes, diputados de varios partidos presentaron mociones juntas o individuales para excluir a las universidades y entes públicos no estatales, así como mantener fuera a las empresas en competencia.

Ellos son Paola Vega, del PAC; Aracelly Salas, del PUSC; José María Villalta, del Frente Amplio; David Gourzong, del PLN; y el independiente Dragos Dolanescu presentaron mociones

Gourzong, además, pide sacar al Cuerpo de Bomberos, mientras que Dolanescu insiste con su propuesta, rechazada durante el primer día de revisión, de excluir al Poder Judicial.

En tanto, el PRN presentó iniciativas para volver a incluir a las empresas estatales en competencia.

A la vez, esa bancada envió mociones para que, en caso de que los diputados mantengan esa exclusión, se incluyan únicamente a los empleados del ICE relacionados con el sector de electricidad.