Rebeca Madrigal Q..   28 agosto
Marta Acosta, contralora genera, junto a Amelia Jiménez Rueda, de la División de Fiscalización y Evaluativa de la Contraloría General de La República. Fotografía: Jose Díaz/Agencia Ojo por Ojo

A finales del 2017, el Gobierno había colocado ¢819.000 millones en bonos de deuda pública, monto que debía pagarse en el 2018. La situación obligaba al Ministerio de Hacienda a dar un “seguimiento cercano muy estricto”, declaró este martes la contralora general, Marta Acosta, en la Asamblea.

A causa de estas obligaciones, para enero de este 2018, el Ministerio de Hacienda había agotado el 77% del presupuesto para la deuda a corto plazo, reveló la misma funcionaria.

Datos de Hacienda revelan que solo en diciembre, el gobierno se endeudó por más de ¢500.000 millones en títulos de corto plazo; una gran parte fue para pagar aguinaldos y la primera quincena de ese mes; en esas dos ocasiones, Hacienda tuvo dificultades para captar dinero, pero lo logró a un “cortísimo” plazo, según la tesorera nacional, Marta Cubillo.

La jerarca de la Contraloría compareció este martes en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que investiga el faltante para el pago de la deuda en el presupuesto 2018, bajo el expediente 20.949.

Aunque esa deuda requería de ese seguimiento, el Ministerio de Hacienda se tardó al menos cuatro meses para solicitar al Congreso una nueva autorización por ese monto, heredando el hueco presupuestario a la nueva administración.

Por esa tardanza, Hacienda tuvo que pagar, sin aval legislativo, ¢182.000 millones de deuda de corto y largo plazo que venció entre junio y julio.

La cifra podría seguir creciendo, según el diputado que preside esta comisión, Jonathan Prendas, quien aseguró que los pagos ilegales van por ¢254.000 millones. La contralora no confirmó esa información; precisó que es parte de una investigación.

Actualmente, la Contraloría General de la República (CGR) investiga si se cometieron errores o hubo negliencia por parte de las autoridades por no presupuestar la totalidad de la deuda o por no enviar el presupuesto extraordinario a tiempo. Por estar en medio de la pesquisa, Acosta se abstuvo de dar detalles sobre estos hechos; evitó, incluso, contestar preguntas hipotéticas.

Acosta confirmó que por ahora "nadie está excluido de esta investigación".

“Estamos trabajando a toda máquina, porque entendemos que este es un tema muy importante. Así como nosotros teníamos previsto tener el informe de Evolución Fiscal al 31 de agosto y lo emitimos el 10 porque era un tema muy importante (revelar la cifra exacta del pago de la deuda sin aval presupuestario), estamos trabajando para dar los resultados de la investigación lo más pronto posible”, prometió Acosta a los diputados de la comisión.

Funcionarios de Hacienda citados en esta comisión confirmaron que el entonces ministro de Hacienda y vicepresidente de la República, Helio Fallas, sabía desde finales de febrero el faltante de ¢850.000 millones.

Así lo señalaron Marta Cubillo, tesorera nacional, el anterior y el actual director de Crédito Público, Julio Espinoza y Melvin Quirós.

Aunque la partida se agotaba, Fallas no envió al Congreso un nuevo presupuesto y tampoco le comunicó el faltante a sucesora, Rocío Aguilar. Ambos políticos lo confirmaron.

El exministro alegó ante los diputados que desconocía el monto que debía presentar para un nuevo presupuesto. Así justificó la decisión de no hacerlo.

Fallas también declaró que esa cifra no la podía exigir a los mandos medios, quienes ahora defienden que sí lo hicieron y que Fallas tenía la obligación de exigir los datos.

Sin descartar responsables, la contralora también manifestó que estos ajustes presupuestarios son consecuencia de la ausencia de medidas fiscales.

“Las condiciones fiscales son apremiantes”, enfatizó Acosta, quien reiteró que en los últimos seis años, la CGR ha recordado, informe tras informe, el crecimiento de la deuda a mediano plazo, situación que pone en aprietos a las autoridades de Hacienda por carecer de recursos frescos.

Para este año, la Contraloría estimó que Hacienda recaudará ¢300.000 millones menos. Esa cifra podría significar un segundo presupuesto extraordinario.

Acosta reiteró que el país debe cumplir con sus obligaciones, pese a las circunstancias económicas.

“Ningún país puede dejar de pagar su deuda, porque eso tendría repercusiones muy perjudiciales para la sociedad en general, Un país como el nuestro, que necesita de financiamiento para el pago operativo, pues tiene que honrar la deuda. sin embargo, hay que monitorear y dar seguimiento porque no se puede dejar de pagar la deuda”, señaló la contralora.

Precisamente, la compareciente señaló que para este año, la Contraloria estará muy vigilante del presupuesto, para advertir sobre posibles subestimaciones.

“Al proyecto del presupuesto le vamos a poner este año mucha más atención, estamos emitiendo algunos criterios que vamos a considerar para el nuevo informe técnico, vamos estar muy enfocados en el tema fiscal y del presupuesto”, afirmó.

En medio de su audiencia, Acosta hizo un llamado a los diputados a apurar la aprobación del presupuesto extraordinario por ¢625.000 millones, ya que es urgente contar con el aval legislativo para continuar pagando la deuda, de la cual se presume se sigue pagando sin esa autorización.

La contralora también manifestó a los diputados su preocupación por la falta de acuerdos para aprobar el plan fiscal.