Contralora general confirma su respaldo a orden para que Corte cumpla con reforma fiscal

Marta Acosta reaccionó luego de que los magistrados rechazaron la instrucción con el argumento de que los funcionarios de la Contraloría que la emitieron carecen de competencia

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Marta Acosta, contralora general de la República, declaró este martes que ella respaldó la orden girada al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, para que el Poder Judicial cumpla con los medidas de ahorro establecidas en la reforma fiscal para el pago de pluses salariales.

Así reaccionó Acosta luego de que la Corte Plena rechazara la orden alegando que los funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) que la emitieron carecen de competencia para hacerlo.

A su vez, Fernando Cruz dijo que los funcionarios de la CGR le emitieron “un mandato casi policial”.

Al respecto, la contralora general declaró: “La orden girada por la Contraloría General de la República al Poder Judicial se da dentro del marco de una auditoría en curso en el Área de Fiscalización de Públicos Generales, actualmente a cargo de la gerente doctora Falon Arias Calero, según las competencias internamente asignadas y, como toda actuación institucional de esta naturaleza, cuenta con el respaldo del despacho de la contralora general”.

Acosta agregó que la orden "se ajusta a los términos utilizados para los sujetos pasivos de nuestra fiscalización”.

“El Poder Judicial, como cualquier otra administración pública, cuenta con las vías legales pertinentes para procurar su revisión, incluida la posibilidad de plantear recursos administrativos".

"La eventual interposición de recursos ante esta sede (CGR) impediría referirse a aspectos propios del fondo en este momento”, concluyó la contralora.

Este lunes, en la votación en Corte Plena, 16 magistrados acordaron pedirle a Cruz emprender acciones y mecanismos legales ante la CGR para oponerse al mandato, incluyendo la interposición de medidas cautelares.

En esa sesión, los altos jueces acogieron un informe sobre la orden girada por el ente contralor al jerarca de la Corte.

El documento, elaborado y expuesto por el director jurídico del Poder Judicial, Rodrigo Campos, concluyó: “Las órdenes son emitidas por servidores del área de fiscalización de servicios públicos generales de la división de Fiscalización Operativa y Valuativa de la Contraloría General de la República”.

“La orden no es emitida por la contralora general de la República, la orden no emana de ella, y vemos entonces cómo funcionarios de un área de la Contraloría envían órdenes al presidente de un poder de la República”, argumentó Campos.

La orden de la Contraloría la emitieron Falon Stephany Arias Calero, gerenta de área; Mario Pérez Fonseca, asistente técnico, y los fiscalizadores Hilda Rojas Zamora y Pablo Pacheco Soto.

En ese mismo espacio, el presidente de la Corte se refirió al mandato de la CGR: “Ahora viene un departamento de la Contraloría y nos da un mandato, y a mí me manda casi a la casa si no obedezco, porque es un mandato casi policial, de que si usted no hace eso, puede ser destituido”.

La disputa gira en torno a la forma en que el Poder Judicial paga los incentivos salariales. En marzo del 2019, la Corte decidió mantener el pago como porcentajes del salario, mientras que la Contraloría exige transformar los incentivos a montos nominales, como lo establece la reforma fiscal para evitar el crecimiento exponencial del gasto público.

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