Natasha Cambronero. 22 marzo
Marta Acosta, contralora general, compareció en el Congreso ante la comisión que tramita el plan fiscal. Foto: Alonso Tenorio
Marta Acosta, contralora general, compareció en el Congreso ante la comisión que tramita el plan fiscal. Foto: Alonso Tenorio

La contralora general, Marta Acosta, dijo que es "prioritario", "urgente" e impostergable aprobar el plan de reforma fiscal que presentó el gobierno de Luis Guillermo Solís y que se tramita mediante una vía rápida en el Congreso.

Se trata del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el cual transformaría el tributo de ventas en un impuesto al valor agregado (IVA), al tiempo que impone un gravamen a las ganancias de capital, limita el pago de anualidades a un 2,54% del salario, fija un tope a los salarios de los jerarcas públicos y crea una regla fiscal para contener el gasto.

Ella insiste en que, si bien esa iniciativa no resuelve por completo el problema fiscal, sí "alivia el estrés financiero" y es un primer paso en el camino correcto para ordenar las finanzas públicas.

"La aprobación de este proyecto es prioritaria. Aún cuando su impacto fiscal podría no ser suficiente para garantizar la sostenibilidad financiera del gobierno de la República, sí representa un avance en la ruta de superación del contexto de estrés fiscal que ha caracterizado al país por años y en el que se ha reducido significativamente la posibilidad de aumentar la inversión pública y la capacidad de iniciativa en materia de presupuesto".

"Entre más se posterguen las decisiones que se requieren para ordenar las deterioradas finanzas públicas, más drásticas son las medidas y las consecuencias", expresó Acosta.

El Ministerio de Hacienda estima que este proyecto permitiría reducir el déficit en 1,9 puntos del producto interno bruto (PIB), en momentos en que este supera el 6% del PIB y amenaza con crecer rápidamente hasta el 8%.

La contralora Acosta insiste en que el tiempo apremia y que, si no se toman medidas a la brevedad, las consecuencias serán más drásticas.

"Yo sí creo que este proyecto es urgente, la situación que tenemos es apremiante, hemos visto actualmente afectaciones en materia de liquidez, tasas de interés y, si seguimos sin tomar una medida, esto va a seguir más allá.

"Las tasas de interés las vamos a afectar más, la inversión y el empleo en general se van a ver afectados. Es urgente generar más impuestos y también el tema de la regla para contener el gasto. La regla fiscal no tiene un enfoque recortista, lo que tiene es un enfoque para controlar", expresó la jerarca del órgano contralor.

En términos generales, Marta Acosta defendió el texto sustitutivo de la iniciativa del Ejecutivo en la comisión especial donde se analiza ese expediente y dónde compareció la mañana de este jueves.

No obstante, Acosta sí hizo algunas observaciones sobre la forma en la que están redactados algunos de los artículos de los cuatro títulos del proyecto, pues podrían generar confusión. A continuación un resumen de los principales señalamientos positivos y observaciones de revisión.

Transformación al IVA

Pros

– Incorpora un esquema más alineado a estándares internacionales y mejores prácticas en la materia, en el sentido de que busca un sistema controlado en su misma operación.

– Avanza con el gravamen de la generalidad de los bienes y servicios con excepción de algunos exentos, avance que podría tener un efecto sobre la recaudación.

– Se implementa la deducción financiera plena, es decir, ahora los contribuyentes podrán deducir todo el IVA pagado y utilizado en actividades sujetas y no exentas al impuesto, lo cual simplifica la gestión y simplifica el cumplimiento.

– Se permite la aplicación de créditos fiscales únicamente en la proporción de las operaciones con derecho a crédito realizadas por el contribuyente, mientras que actualmente la deducción puede ser total.

– Incorpora una sanción administrativa a quienes se nieguen a aceptar como medio de pago alternativo las tarjetas de débito y crédito, u otros mecanismos de pago electrónico o no.

– Se configuran aspectos de control que favorecen la gestión y la recaudación en el marco de un avance en la consecución de algunos principios tributarios, tales como el financiación, porque es el que genera recursos; la simplicidad, la neutralidad, menores distorsiones económicas, la equidad, los deciles más altos pagan más; y cumplimiento, lo cual es positivo desde el punto de vista de las finanzas públicas.

– Consideramos que esta iniciativa constituye un paso en la modificación del sistema tributario, un paso positivo, en especial por la pérdida de dinamismo de los impuestos indirectos como el de ventas, además por el cambio en la estructura productiva del país.

– Beneficia la fiscalización por parte de la administración tributaria, por el control que este genera, por lo que resulta para nosotros, impostergable su aprobación.

Observaciones

– Valorar que el contribuyente utilice la proporción con derecho a crédito de cada mes en la declaración correspondiente.

– Sería conveniente el uso de la figura de la devolución de impuestos para las instituciones públicas que no deben tributar, por un tema de transparencia.

– Se incorpora una tarifa reducida para las primas de seguro, con lo que se estaría reduciendo la tarifa general actual para las primas con el consecuente impacto fiscal y no queda clara la situación de las excepciones.

Reforma parcial al impuesto sobre la renta

Pros

– Plantea un mayor alineamiento a mejores prácticas internacionales en el sentido de buscar una menor dispersión de tasas y sujetar rentas hoy no obligadas como las ganancias de capital.

– Introduce un impuesto a las ganancias de capital, avanzando hacia una mayor uniformidad en el gravamen de las rentas de capital al 15%, con algunas excepciones al 8%.

Observaciones

– Queda pendiente la modernización del esquema al sistema de renta global.

– El texto del IVA contiene un capítulo sobre tributación simplificada que se refiere solamente a ese impuesto. Actualmente se encuentra en la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que sería apropiado concordar ambas versiones y que dicho sistema simplificado se aplique a ambos tributos como lo es en el modelo actual.

– En el artículo 27 B parece que se entremezclan conceptos del estado de resultados, los ingreso y el balance general, los activos y los pasivos, y no queda claro su aplicación en la práctica.

Límite a remuneraciones y prohibición

Pros

– Estos cambios se orientan hacia el ordenamiento de las remuneraciones, las cuales deben avanzar hacia un equilibrio tanto interno como externo de las instituciones.

– Es un paso positivo hacia un régimen de remuneraciones más uniforme.

Observaciones

– El texto establece que el estudio técnico de mercado para la definición de los salarios en las instituciones en competencia debe ser enviado tanto a la Contraloría como la Comisión de Ingreso y Gasto, mientras que la elaboración de lineamientos técnicos metodológicos para la aplicación de instrumentos de evaluación del desempeño por parte del Mideplan, a la Contraloría y la Dirección General del Servicio Civil.

Al respecto se sugiere que estas funciones se asocien a la instancia rectora del tema de empleo público, dado que dichas funciones no pertenecen al ámbito de competencias de fiscalización externa de la Contraloría y permitiría además fortalecer y alinear el direccionamiento político en este tema para efectos de la toma de decisiones.

– El texto sustitutivo no refiere cuál es el salario base que se debe tomar en cuenta para fijar los salarios máximos, antes el texto base remitía a la escala de la Dirección General del Servicio Civil, la cual era una referencia objetiva.

– Se elimina en el texto sustitutivo el tope a las dietas, no quedando claro si se mantiene el tope.

– Elimina el régimen de pensión a los expresidentes, aunque de forma indirecta, mediante el artículo 38 de la Ley 7302, y no deroga directamente el régimen en los artículos 16 y 17 de esa ley.

– En el artículo referido a los pagos por compensación por pago de prohibición y la reforma al artículo 5 de la 5867, Ley de Compensación de Pago de Prohibición, no concuerdan en cuanto al salario base para el pago de prohibición, ya que el primero hace referencia al salario base y el último hace referencia al salario más bajo de la escala de sueldos de la administración pública.

– No se eliminan las equiparidades salariales entre funcionarios públicos.

Regla fiscal

– Efectos positivos en disciplina fiscal y ordenamiento.

– Podría ocasionar una restricción presupuestaria para algunos programas, por lo que se necesitan nuevos ingresos.

– Se visualiza un eventual ahorro en el pago de intereses por la reducción del monto de la deuda.

– Se considera conveniente reforzar la regla fiscal mediante su inclusión en el reglamento de la Asamblea Legislativa, así como la inclusión de otras disposiciones incluidas en el proyecto, relativas a la creación de nuevas funciones con financiamiento y trámites de proyectos con exoneraciones.

– El texto dice que las exoneraciones serán revisadas por una única vez y no dice en qué momento se efectuaría la revisión.

– No prevé que la secretaría técnica de la Autoridad Presupuestaria pueda verificar el cumplimiento de la regla fiscal en los presupuestos iniciales.

Posiciones en contra del texto

Durante la comparecencia de Acosta, los diputados Gerardo Vargas Varela, del Frente Amplio, y Otto Guevara Guth, del Movimiento Libertario, manifestaron su opinión a la iniciativa, y fueron los únicos que cuestionaron la postura de la Contraloría.

En días anteriores, otro sectores también han mostrado su oposición a la aprobación de ese proyecto de ley.

Por ejemplo, el miércoles los representantes de organizaciones agrícolas pidieron a los diputados exonerar sus productos del IVA o bien que solo se cobre un 1% en lugar del 13% y que el porcentaje restante se le cargue al consumidor.

Mientras, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) afirma que el proyecto conlleva dobles imposiciones en materia de impuesto de renta, un encarecimiento de los créditos, inseguridad jurídica para los productores y ausencia de cambios de peso para frenar el ritmo de crecimiento del gasto público.