Aarón Sequeira. 24 mayo
En el 2011, un tribunal ordenó la demolición del hotel Las Palmas, en Punta Uva, Talamanca, propiedad del checo Jan Kalina, pero que a criterio de las autoridades se encontraba en zona protegida. La falta de un régimen especial para este tipo de propiedades, afectadas por una protección posterior, pone en riesgo a varios pobladores de costas, fronteras y áreas silvestres. Foto: Archivo GN.
En el 2011, un tribunal ordenó la demolición del hotel Las Palmas, en Punta Uva, Talamanca, propiedad del checo Jan Kalina, pero que a criterio de las autoridades se encontraba en zona protegida. La falta de un régimen especial para este tipo de propiedades, afectadas por una protección posterior, pone en riesgo a varios pobladores de costas, fronteras y áreas silvestres. Foto: Archivo GN.

En su seguidilla de aprobaciones de proyectos que dejaron pendientes los anteriores legisladores, la nueva camada de diputados aprobó, en primer debate, un tercer plan para proteger a los ocupantes de zonas especiales, como fronteras y pueblos costeros.

Se trata de una ley para evitar los desalojos masivos, al imponer una moratoria en la protección a los habitantes de esas regiones: el expediente 20.737, herencia de la excongresista Aracelli Segura, del Partido Liberación Nacional.

Esta es la tercera moratoria para los ocupantes de zonas especiales que el Congreso aprueba en seis años.

Aunque la iniciativa original planteaba una protección de 24 meses, por una moción firmada por el socialcristiano Óscar Cascante y el frenteamplista José María Villalta se creó la protección para un periodo de 36 meses, o sea, tres años.

La primera de las moratorias para evitar desalojos se aprobó en el 2012 y la segunda, en el 2016, a instancias de los exdiputados del Movimiento Libertario.

Esta moratoria, que le impide al Estado desalojar habitantes de la frontera y de las costas, está por vencerse en julio próximo.

Aunque la Asamblea Legislativa ha venido pateando la bola para resolver definitivamente la situación de los pobladores de zonas que son patrimonio del Estado desde hace dos periodos legislativos, los nuevos diputados prometen que buscarán consolidar esa solución, esta vez.

El problema que las familias de zonas costeras han alegado por años, ante los despachos legislativos, es que en muchos casos la protección sobre los terrenos que habitan se generó cuando ellos ya llevaban años allí.

El socialcristiano Cascante alegó que la iniciativa impediría desalojos, demolición de obras, actividades y proyectos en fronteras, la zona marítimo terrestre y en áreas protegidas.

“Estas personas han ocupado estas tierras por muchos años, las cuales registralmente no les pertenecen, aunque por ocupación sí les pertenecen. La moratoria es mientras el Estado busca una solución integral al problema que viven estas personas en cuanto a ocupación y tenencia jurídica de estas tierras”, dijo el diputado del PUSC.

Aunque el proyecto contó con una votación unánime en el plenario, la liberacionista Karine Niño criticó que el Gobierno no “haga algo y tome soluciones con estas personas”.

“Es hora de que se tomen acciones y que sea más ejecutivo, ya es suficiente, no puede ser posible que sigamos con prórrogas, prórrogas y prórrogas”, manifestó la verdiblanca.

No obstante, no es al Poder Ejecutivo sino a la Asamblea Legislativa a la que le toca tomar alguna decisión legal sobre la situación de los pueblos fronterizos. De hecho, uno de sus intentos por regular la situación de los habitantes de la milla fronteriza, en ambos límites, fracasó en la Sala Constitucional, por falta de estudios que sustentaran la iniciativa legal.