Congresistas de EE. UU. piden al FBI proteger a ticos indocumentados que trabajaron para Trump

En una carta dirigida al director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Christopher Wray, diez congresistas estadounidenses le solicitan abrir una pesquisa federal contra las presuntas violaciones a las leyes laborales en los clubes de golf de Donald Trump, en Westchester County, Nueva York, y Bedminster, Nueva Jersey.

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En la misiva, los parlamentarios solicitan a Wray, además, que se extienda una protección especial para los migrantes víctimas de las presuntas violaciones a los derechos civiles y laborales, para que sean prácticamente protegidos como testigos y víctimas.

Muchos de esos empleados o exempleados de los clubes de golf del mandatario estadounidense son costarricenses, tal como han revelado entre diciembre y febrero los diarios estadounidenses The Washington Post y The New York Times.

Los firmantes de la carta, enviada al FBI este miércoles 13 de febrero, son Raúl Grijalva, representante de Arizona; André Carson, de Indiana; Yvette Clarke y Nydia Velázquez, de Nueva York; Jimmy Gómez, de California; Joseph Kennedy III de Massachussetts; Ann Kirkpatrick de Arizona; Tom Malinowski y Bonnie Watson, de Nueva Jersey, y Darren Soto, de Florida.

De acuerdo con el alegato de los legisladores, todos miembros de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, los relatos de los migrantes empleados por la compañía de Trump son inquietantes y demuestran posibles violaciones a leyes civiles y criminales por ambas sedes del Club Nacional de Golf de Trump, en Nueva York y Nueva Jersey.

Reportes de medios de comunicación revelan que en enero de este año, al menos 20 empleados fueron despedidos por haber presentado documentos falsos para obtener sus empleos ilegalmente.

Sin embargo, los congresistas destacan en la nota que, en lugar de haberse escondido en las sombras, estos “valientes trabajadores han decidido presentarse y detallar una elaborada táctica de la Organización Trump para conseguir, sistemáticamente, mano de obra barata de inmigrantes".

Tal como explican los legisladores, los empleadores sabían que los documentos presentados por sus empleados de origen latino, en particular costarricenses, eran falsos. Además, varios de los empleados narraron prácticas coercitivas, de maltrato e, incluso, de abuso físico de parte de sus jefes.

Más de 20 empleados relataron estas historias a los congresistas, en una reunión que realizaron en Washington D. C.

Una de esas historias es la de Sandra Díaz, una mucama que trabajó varios años en el club de Bedminster, quien recuerda que una de las supervisoras, de origen polaco, les decía a las mujeres a su cargo “estúpidas inmigrantes que no saben nada”.

“Como yo era supervisora, tuve que quejarme, decir lo que ella hacía porque sabía que éramos ilegales. Cuando yo empecé a defender a las muchachas, en una ocasión tuve que defenderla porque la supervisora le jaló el pelo. Entonces, yo andaba un radio y llamé al jefe de nosotras y le dije en español lo que estaba pasando”, comentó Díaz.

Relató que muchos de los jefes sabían lo que estaba pasando y que se armó un problema, hasta llegar a la oficina del gerente a cargo del equipo, que se llama David y es muy cercano a Donald Trump.

“Le explicamos la situación y le dijimos lo que pasaba, porque no teníamos papeles, que hicieran algo con ella, pero él nos dijo que como no teníamos papeles, no podía hacer nada por nosotros. Entonces, yo decidí irme y Victorina (Morales, guatemalteca) decidió quedarse", contó Díaz.

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Aparte de los congresistas, también la fiscal general de Nueva York, Letitia James, propuso reformas legales especiales para proteger a los migrantes empleados ilegalmente por la organización de Trump y otras compañías en el estado neoyorquino. James hizo ese llamado a inicios de este mes.

“El estado de Nueva York fue construido por migrantes y siempre se ha mantenido como un faro de esperanza y oportunidad, sin importar dónde se haya nacido”, dijo. “Esta legislación representará un paso clave para garantizar que no sean silenciados o castigados por amenazas relacionadas con su estado migratorio”.