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Los congresistas estadounidenses Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado; y Michael T. McCaul, presidente Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, pidieron a los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica suspender el financiamiento que recibe el régimen nicaragüense de Daniel Ortega mediante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En una nota enviada a los mandatarios, incluido el presidente de la República, Rodrigo Chaves, este viernes, los congresistas de Estados Unidos solicitan a los gobernantes que usen su voz y voto en esa entidad para suspender el financiamiento al régimen “criminal” Ortega-Murillo.
La Cancillería de Costa Rica no confirmó de inmediato haber recibido la nota, que consta en el sitio web del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. El representante de Costa Rica ante BCIE, Erwen Masís, afirmó no haber recibido el comunicado.
Nicaragua, como miembro fundador, es el país con más operaciones con el BCIE, con alrededor de 25 de ellas, por un monto que supera los $3.500 millones para diversos proyectos, según datos del banco en su página web.
De acuerdo con los congresistas, “dicho financiamiento brinda un salvavidas al régimen de Ortega-Murillo en un momento de creciente condena mundial a las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.”
“Ante los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen Ortega-Murillo, instamos a su país a aprovechar su liderazgo como miembro fundador del BCIE para garantizar que los préstamos del banco no perpetúen la consolidación de la dictadura de Nicaragua”, señala la comunicación.
Los senadores advirtieron que, de no implementarse medidas, el BCIE “corre el riesgo de socavar su reputación internacional”.
A su vez, recordaron que Estados Unidos ha limitado el financiamiento a instituciones multilaterales que benefician directamente al régimen nicaraguense, y que solo coopera mediante entidades con “plena independencia técnica, administrativa y financiera del Gobierno de Nicaragua.”
Esta misiva es enviada dos semanas después de que un grupo de expertos de Naciones Unidas acusara, luego de una investigación, al gobierno de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos que constituyen “crímenes de lesa humanidad”, al mismo tiempo que reclamó sanciones internacionales.
El pasado 9 de febrero, el gobierno de Daniel Ortega excarceló a 222 opositores, los expulsó a Estados Unidos y los despojó de su nacionalidad.
