La iniciativa de ley para revivir la pesca de camarón con redes de arrastre en el fondo marino sería impulsada por al menos cinco de los nueve diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso, a pesar de los cuestionamientos que ha recibido.
De esta forma, recibiría el aval para continuar con su curso legislativo al obviar la oposición del gobierno, las críticas de la academia y de sectores ambientalistas, así como las opiniones adversas no vinculantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso.
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Tres diputados del bloque independiente Nueva República (PNR), uno del Partido Restauración Nacional (PRN) y una del Partido Liberación Nacional (PLN) confirmaron a La Nación que respaldarán un dictamen afirmativo de mayoría a favor del texto.
Ellos son los fabricistas Carmen Chan, Ignacio Alpízar y Marulin Azofeifa; el restauracionista Melvin Núñez; y la liberacionista Aida Montiel.
Estos legisladores argumentan razones de generación de empleos en las zonas costeras para definir su respaldo, siempre que la actividad se haga de forma sostenible como lo indica el texto.
En tanto, el presidente de la comisión y congresista por el Partido Acción Ciudadana (PAC), Mario Castillo; y la verdiblanca Paola Valladares, afirmaron que votarán en contra.
Ambos consideran que el estudio del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) que sustenta el proyecto tiene “falencias” y podría generar un impacto negativo al ambiente si se reanuda la actividad.
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Por su parte, Zoila Rosa Volio, del Partido Integración Nacional (PIN), dijo que se mantiene indecisa a la espera de conocer más criterios; mientras que Óscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), no respondió su celular.
El texto, propuesto por Núñez, se tramita de forma expedita. La comisión tiene hasta el 29 de octubre próximo para dictaminarlo a favor o en contra, o bien archivarlo.
La propuesta plantea revivir el otorgamiento de licencias a barcos semiindustriales para capturar camarón con fines comerciales, luego de que la Sala IV prohibió renovar y emitir nuevos permisos en un voto del 2013.
En ese momento, los magistrados del alto tribunal consideraron que la técnica tradicional de arrastre provoca severos daños ambientales a causa de la gran cantidad de especies que captura aparte del camarón.
Sin embargo, la Sala IV dejó abierta la posibilidad de otorgar nuevas licencias mediante una ley, si estudios técnicos y científicos demuestran la efectividad de dispositivos excluidores de otras especies distintas al camarón, que hagan esta pesca compatible con el ideal del “desarrollo sostenible democrático”.
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Núñez esbozó la ruta del proyecto. “Lo tenemos que dictaminar. De mi parte y varios compañeros diputados de la comisión le daremos un voto afirmativo. Queremos llegar a primer debate, aprobarlo y mandarlo a consulta a la Sala IV”, expuso el legislador.
El restauracionista añadió que su respaldo también se debe a que el estudio del Incopesca afirma que de una tonelada de captura, el 75% es de camarón y el 25% de otras especies.
Anteriormente, la captura de camarón era del 5% y la de otras especies del 95%. Según el diputado esta nueva relación cumple con lo exigido por la Sala en el 2013.
Afirmó que, de reactivarse la actividad, se generarían 3.000 empleos entre pescadores, cocineros, peladoras de camarón y otros.
En tanto, Valladares consideró que ese informe es muy pobre porque se hizo en muy poco tiempo (tres meses), solo abarcó la boca del golfo de Nicoya y apenas dos de las especies de camarón (pinky y fidel). Indicó, así como el diputado Castillo, que se deben buscar otras opciones de empleos en las costas.
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El gobierno adelantó que no apoya el proyecto de ley ni el estudio, por ser un compromiso de campaña. Ambientalistas como la ONG Marviva y académicos de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional afirman que el informe del Incopesca carece de rigor científico.
De igual forma, el departamento de Servicios Técnicos del Congreso asegura que ese estudio incumple con lo requerido por la Sala IV; mientras que la PGR advirtió que el proyecto podría ser inconstitucional.