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La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público enviará los cuatro informes del caso Soley al plenario, pero pide al presidente Luis Guillermo Solís cumplir todas las recomendaciones que hacen los siete diputados del foro investigador. | EYLEEN VARGAS. (Eyleen Vargas Dávila)
Los informes de los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público censuraron, con diversos grados de severidad, las actuaciones del ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, en el caso Soley.
En el documento firmado por la mayoría de ese foro legislativo, cuatro de sus siete miembros sentenciaron que la reacción del jerarca fue “peligrosamente deficiente”, porque no inició una investigación y consideró satisfactorias las explicaciones del exviceministro de la Presidencia.
Esas explicaciones se refieren a la reunión del 6 de enero entre Daniel Soley y la procuradora general, Ana Lorena Brenes. En la citada comisión, Brenes dijo que el ahora exfuncionario le ofreció una de cinco opciones de embajada a cambio de dejar su cargo actual.
Posteriormente, Soley lo negó todo ante los diputados.
El informe de mayoría tiene la firma de los liberacionistas Antonio Álvarez Desanti y Maureen Clarke, así como Ottón Solís y Epsy Campbell, del Partido Acción Ciudadana.
“Hacer del conocimiento del señor presidente (Luis Guillermo Solís) que la actuación del ministro de la Presidencia en este caso, le resta legitimidad y espacio como vínculo entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea”, recomiendan en el informe.
Más severo. Más riguroso en el castigo es el informe del diputado socialcristiano Johnny Leiva, para quien Solís debe destituir a Jiménez.
“Por no haber iniciado un proceso administrativo que permitiera conocer los actos del señor Daniel Soley. (...). Por haber callado y no proceder a dar declaraciones a la prensa”, justifica el congresista.
Según el documento del libertario Otto Guevara, hubo falta de transparencia, no solo de parte de Jiménez, sino también de Solís.
El escrito de Gerardo Vargas, del Frente Amplio, aduce que no es posible determinar que Jiménez tuviera una implicación, aunque critica la poca transparencia que tuvo el Gobierno.
Anoche, a las 8 p. m. el ministro divulgó un comunicado en el cual asegura que la comisión no logró unificar criterios. Agregó que estudiará si es posible aplicar las recomendaciones de los diputados.
“El Plenario debería pronunciarse y resolver si hace suyas algunas sugerencias”, escribió.
Apoyo a Brenes. El informe de mayoría apoyó la versión que dio la procuradora general, Ana Lorena Brenes, sobre la reunión.
“Valorar positivamente la forma diligente con la que actuó la procuradora general, al informar al presidente de la reunión con el exviceministro”, destacaron Solís, Campbell, Álvarez y Clarke en su informe.
En el caso de Vargas, Guevara y Leiva, ellos evitaron considerar como cierta una de las dos caras de la historia. Por ello, prefieren que el caso sea enviado a consideración del Ministerio Público.
En cuanto al nombramiento del nuevo procurador de la Ética, seis de siete legisladores apoyan el nombramiento por ascenso en el cargo, mientras que el socialcristiano Leiva propuso una reforma para que sean los diputados los que nombren al nuevo funcionario.
