Silvia Artavia.   24 junio
El Colegio de Abogadas y Abogadas de Costa Rica urgió a los diputados a votar públicamente y a argumentar su votación. Fotos Melissa Fernández.

El Colegio de Abogadas y Abogadas de Costa Rica exige a los diputados hacer públicos y argumentados sus votos sobre la reelección del magistrado de la Sala Constitucional, Paul Rueda, “por un deber moral y jurídico” con el Estado.

Así lo exhortó esta institución la mañana de este lunes en un comunicado, horas antes de que la Asamblea Legislativa decida si el juez de la República sigue en el cargo por ocho años más.

Por lo menos uno de los legisladores dijo que decidirá su voto con base en el contenido de las sentencias emitidas como magistrado. Otros diputados adversan su permanencia en el cargo porque creen que debe realizarse un cambio generacional en la Corte Suprema de Justicia.

“El Colegio se encuentra en el deber moral y jurídico de exhortar a los señores diputados y a las señoras diputadas a que voten el tema de la reelección del señor magistrado en forma pública y consignando las razones de su decisión, con la finalidad de que el soberano (pueblo) pueda conocer que la decisión que se llegue a tomar, en el seno de la Asamblea Legislativa, no obedezca a razones alejadas de los señalados principios de encauzamiento y limitación del poder que resguardan el derecho de la Constitución”, reza el comunicado.

El Colegio es categórico al afirmar la importancia de que, en Costa Rica, se respeten principios como la división de poderes y, con esta, la independencia del Judicial.

Esa división, considera el órgano colegiado, no solo contribuye con la organización jurídica del Estado, sino que también limita las potestades de los distintos poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

“Esto se constituye en una garantía de la libertad de los administrados frente a los detentadores de ese poder, en tanto se traduce en sí mismo un límite y control en su ejercicio, al delimitarse la cuota y contenido que le corresponde a cada uno de esos órgano Esta garantía empodera al soberano (pueblo) para que puede ejercer ese control del poder y la correcta marcha del Estado”.

En el comunicado, el Colegio resalta la necesidad de velar por otros valores como la transparencia, la rendición de cuentas y “la gobernanza representativa, participativa, alternativa y responsable”.

Otro de los fundamentos que se debe resguardar en el país, reafirma la entidad, es la participación ciudadana. Esta “es un principio constitucional” en los asuntos públicos y, por lo tanto, debe tomarse en cuenta “en el terreno político para la toma de decisiones fundamentales”, estima el órgano colegiado.

También este lunes, el presidente de la Corte, Fernando Cruz, publicó una potente carta a los diputados en relación con el caso de Paul Rueda, en la que les dice que su decisión puede construir o debilitar la independencia judicial.

“En el ejercicio del poder parlamentario, se construye, en cada elección y reelección de jueces de la Corte Suprema, la autonomía de un poder que tiene la difícil misión de marcar los límites del parlamento y de la Administración”, aseveró el máximo jerarca de la Corte.

Prosiguió: “El poder de la judicatura depende de la definición y el apoyo de los otros poderes, tiene una difícil misión, es el que controla los poderes, pero solo puede hacerlo si los demás poderes se autocontienen y admiten que sus potestades están limitadas por los jueces que son electos mediante un acto de poder”.

“La elección y reelección de jueces de la Corte Suprema, como acto político, requiere que tal decisión fortalezca la independencia de la judicatura. Esta es la reflexión que debe presidir la decisión sobre la reelección de un juez. Planteo esta sugerencia con el mayor respeto para las potestades que ejercen los parlamentarios, sin entrar en las particularidades que rodean la reelección del magistrado Rueda”, concluyó.