Por: Rebeca Madrigal Q..   13 agosto
Recope reconoce un pago por cesantía de hasta 20 años. 52 empleados de la institución renunciaron o se pensionaron luego de conocer que la Sala IV fijó un límite de 12 años a ese beneficio.

En junio pasado, 52 funcionarios renunciaron o se jubilaron en Recope, luego de conocerse que la Sala IV le impuso un tope de 12 años al pago de cesantía en las instituciones públicas.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) reconoce 20 años de cesantía. Por ello, al retirarse antes de que la entidad se alineara con el fallo constitucional del 5 de junio, cada uno de esos exempleados recibió ¢43 millones en promedio.

Ellos aprovecharon que la Refinadora todavía paga cesantías de lujo incluso por renuncia, algo que la Sala IV también declaró inconstitucional el 18 de mayo.

Pero este caso no es el único. En total, desde que se conocieron ambas sentencias, cinco instituciones públicas han tenido que desembolsar ¢6.770 millones debido a un aumento inusual en las renuncias o jubilaciones de sus empleados.

Se trata de Recope, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y la Junta de Protección Social (JPS).

En total, hasta la primera semana de julio, 196 personas salieron de estas entidades con una indemnización promedio de ¢35 millones.

Una particularidad de todas estas dependencias es que pagan hasta 20 años de cesantía, aun si el empleado deja voluntariamente el puesto de trabajo.

La última versión propuesta por el Gobierno para la reforma fiscal establece que este beneficio en las instituciones no podrá superar los ocho años, tal y como se establece en el Código de Trabajo, y que a ese parámetro deberán ajustarse las renegociaciones de las convenciones colectivas.

Actualmente, un total de 26 entidades públicas reconocen en sus convenciones colectivas y estatutos laborales el pago de cesantía por encima de 12 años.

Pagos millonarios

La Junta de Protección Social, por ejemplo, desembolsará ¢303 millones en cesantías por la jubilación de siete personas. Es decir, cada funcionario recibirá ¢43 millones en promedio.

Dicha entidad tiene otra particularidad: el pago se da cuando los empleados acumulan más de 20 años de laborar para la institución y tienen, al menos, 59 años de edad.

Esta práctica contraviene lo establecido en el Código de Trabajo, el cual señala que el beneficio solo se otorga cuando la persona se jubila o es despedida con responsabilidad patronal.

Al respecto, Esmeralda Britton, presidenta ejecutiva de la JPS, alegó que el tope de cesantía en su institución se fijó conforme a lo resuelto por la Sala IV, en el 2006, cuando se puso un límite de 20 años.

Sin embargo, el pasado 5 de junio, el alto tribunal cambió de criterio y redujo el tope a 12 años al declarar, parcialmente con lugar, una acción de inconstitucionalidad contra la convención colectiva del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).

En el caso de Recope, la institución reportó 52 salidas de las cuales 38 son renuncias voluntarias y las demás jubilaciones (dos se acogieron). El monto total que pagó por estas terminaciones de contrato es de ¢2.242 millones.

En la Refinadora, no planean cambiar las condiciones de la cesantía en el corto plazo.

El gerente de Finanzas de esa entidad, Edgar Gutiérrez, afirmó: “El promedio de edad de la gente que está renunciando es de 60 años, con trayectoria muy grande, que ha acumulado un salario muy importante. De momento no vamos a buscar cómo cambiarlo.

"El otro año toca la renegociación de la convención colectiva, vamos analizar el fallo y se incluirá eso en el proceso de negociación”, aseveró Gutiérrez.

La tercera institución con más gastos por cesantía es el INS, que tuvo que desembolsar ¢2.025 millones por 57 salidas, de las cuales 43 fueron renuncias. En promedio, cada empleado recibió ¢36 millones.

En la CNFL, los empleados salientes recibieron, en promedio, ¢28 millones cada uno; mientras que en Japdeva, ¢25 millones. Estos trabajadores tienen, por lo general, más de 30 años en el servicio público, de acuerdo con datos de las instituciones.

La Compañía repartió un total de ¢1.650 millones entre 58 empleados que se retiraron y Japdeva, ¢550 millones entre 22 personas.

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UNED impulsa cambio en cesantía

Aunque la Sala IV aún no ha notificado a Bancrédito su resolución final sobre el recorte al tope de cesantía, algunas instituciones ya impulsan cambios en sus reglamentos de trabajo.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) ya puso en consulta la reducción de la cesantía de 20 a 12 años, aunque la conserva para los empleados que renuncian. Esta consulta vence el 16 de agosto.

En otras instituciones, los cambios no vendrían por voluntad de los jerarcas, sino por disposición de sentencias judiciales. Así podría ocurrir en Japdeva y Recope, cuyas cesantías están impugnadas en la Sala Constitucional.