Las posibilidades de aprobar el proyecto de ley para mejorar la lucha contra el contrabando, se le llenaron de humo al Gobierno en los últimos días con la encendida polémica sobre las cajetillas de 10 cigarrillos.
En la Asamblea Legislativa hay fracciones a favor y en contra de revivir el permiso de venta de las cajas de 10 unidades; afuera, los grupos de presión también atizan la hoguera con criterios de cómo estas cajetillas ayudarían a reducir el contrabando, así como quienes dicen que es malo para la salud.
El Gobierno, entre la espada y la pared, no está de acuerdo en modificar la Ley General del Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, pero no niega espacio a grupos de presión que pugnan por el permiso para los paquetes pequeños.
“En ese tema, el Ejecutivo está de acuerdo en la legislación tal como está, aunque quienes promueven este cambio tienen razones que no son totalmente desatendibles. Vamos a tratar de analizarlo a ver si es posible; el proyecto es realmente importante”, dijo este lunes el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.
El jerarca añadió que están en negociaciones para ver de qué manera se puede hacer viable la reforma antes del fin de las sesiones extraordinarias de agosto, cuando el Gobierno tiene el privilegio de dictar la agenda de todos los órganos legislativos.
Presión externa. Fuera del Congreso, entidades como la Cámara de Comercio, la de Industrias, la de Restaurantes, la de Detallistas, la de Turismo y la de Hoteles emitieron un pronunciamiento conjunto para exigir a los diputados el permiso para la venta de cajetillas de 10 cigarros bajo el argumento de que es “un gran acierto para combatir el contrabando”.
Del otro lado, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y la Red Nacional Antitabaco (Renata), critican esa posibilidad y estiman que promovería el fumado en jóvenes y niños.
La fracción oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC) está dividida: una parte de sus diputados apoya las cajetillas pequeñas y otra está en contra.
Julio Rojas, jefe de Liberación Nacional, dijo que la fracción no ha tomado una posición unánime, aunque fue una moción de su diputado Antonio Álvarez la que incluyó estas cajetillas en el proyecto. El fin principal del plan contra el contrabando es bajar de $50.000 a $10.000 el techo del comercio estimado ilícito, así como el endurecimiento de las penas.