El régimen de pensiones de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene una fórmula para llegar sostenible y solvente más allá del 2050.

Esta consiste en eliminar las alternativas de pensionarse antes de los 65 años, así como asignar a este sistema jubilatorio ingresos adicionales, por ejemplo, ¢85.000 millones anuales en aportes patronales que hoy van al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y al Banco Popular.

De ese dinero, ¢60.000 millones son del Banhvi y ¢25.000 del Popular.

Jaime Barrantes y Ubaldo Carrillo, gerente y director de Pensiones de la CCSS, respectivamente, aseguran que esas acciones le darían un respiro al IVM, el régimen más grande del país.

Según los jerarcas, garantizar esas condiciones posibilitaría llegar al 2050 sin tener que echar mano de la reserva del régimen para pagar pensiones.

Los más recientes estudios actuariales vaticinan que el IVM está en un estado “aceptable” de adecuación financiera en el corto plazo, entre el 2019 y el 2030. Es decir, que de aquí a ese año, los ingresos por cotizaciones más los intereses de estos alcanzarán para pagar las pensiones.

Sin embargo, si no se toman medidas, a partir del 2030 habría que utilizar la reserva, y esta se agotaría en el 2037.

¿Cuáles son esas acciones para alargar la vida del IVM?

Una mesa de diálogo conformada en el 2017 dictó 33 recomendaciones para ello.

Entre estas se encuentran eliminar el retiro anticipado y garantizan nuevos ingresos para el régimen, los cuales son los que defienden los jerarcas de la Caja ante los diputados.

Según Barrantes y Carrillo, implementar esas medidas extendería por 13 años o más el período para empezar a utilizar la reserva del IVM.

En ello han hecho hincapié durante su participación en las dos audiencias de la Comisión Especial de la CCSS realizadas hasta el momento.

Dicho foro legislativo empezó sesiones hace tres semanas con el fin de buscar alternativas para fortalecer el IVM, sistema de pensiones que perdió 100.718 cotizantes en cuatro meses (de marzo a junio) debido al cese de contratos laborales y a la reducción de jornadas de trabajo por la pandemia.

En esa comisión, los personeros de la Caja han mostrado a los diputados una radiografía de este sistema de pensiones y han expresado cuáles son las medidas para rescatarlo.

Incluso, hicieron referencia a varios proyectos de ley que ya se encuentran en la corriente legislativa y urgieron su aprobación.

“¿Cuánto benefician estos proyectos a la Caja y al IVM? Muchísimo. El 0,25% que se traslade a la Caja de la planilla nacional actual es recuperar los recursos covid que hemos dejado de percibir, más los ¢60.000 millones (del Banhvi).

“El 0,25% representa cerca de ¢25.000 millones por año, más los ¢60.000 millones, serían ¢85.000 millones por año.

“Nosotros proyectamos que este año, por efecto covid, estaríamos utilizando de los intereses (de la reserva del IVM) ¢180.000 millones. O sea, que, prácticamente, con esos recursos cubriríamos lo que hemos dejado de percibir hasta hoy”, explicó Carrillo a los diputados.

Barrantes recalcó que el traslado de recursos como los del Banhvi y del Banco Popular está en manos de los legisladores, y sobre eso, dijo, debe abrirse una “discusión país”.

“Cuando se habla de cargas sociales, muchas veces se liga solamente a la Caja, pero no es así. Hay una parte de esas cargas sociales que van redirigidas a otras instituciones.

“Se ha visto esta semana en la prensa, por ejemplo, la discusión del 7,25% (de aporte patronal) que se dirige al financiamiento de otras instituciones. ¿Cómo cuáles? Bueno, la cuota del Banco Popular, el 0,25%. Esa ya está en un proyecto de ley, ya está en la mesa de diálogo”, enfatizó el gerente de Pensiones de la CCSS.

A continuación, el detalle de cada una de las tres medidas abordadas por los jerarcas.

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Eliminar retiro anticipado

Aunque la edad estándar de jubilación en el IVM es de 65 años con 300 cotizaciones (25 años laborados), el reglamento de ese régimen permite adelantar el retiro a quienes tengan una gran cantidad de cuotas.

En el caso de las mujeres, pueden pensionarse a partir de los 59 años y 11 meses de edad, si tienen 450 cotizaciones. Los hombres pueden hacerlo desde los 61 años y 11 meses de edad, con 462 cotizaciones.

Según la CCSS, acabar con esas alternativas le daría un respiro a la reserva del IVM por 13 años más, aún estableciendo transitorios que les permitan pensionarse anticipadamente a quienes estén próximos a jubilarse cuando la edad de pensión se unifique en 65 años.

La decisión de modificar la edad de retiro debe tomarla la Junta Directiva de la Caja, que tiene autonomía para hacer ajustes en el reglamento del IVM.

No es necesario emitir ninguna ley al respecto, por lo que en ello no tendrían que intervenir los diputados.

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Los fondos del Banhvi

Hoy, la Ley del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) obliga a los patronos a aportar, mensualmente, el 5% sobre el salario de los trabajadores.

De ese dinero, el 18,07% se destina al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi), recursos con los cuales se otorgan bonos de vivienda por medio del Banhvi.

La propuesta es trasladar al IVM ¢60.000 millones de ese 18,07%.

Se trata de una iniciativa de los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís y Pedro Muñoz. Se tramita con el número de expediente 21.603.

Irene Campos, ministra de Vivienda, fue vehemente al expresar su rechazo a dicho proyecto porque “¢60.000 millones son la mitad de los recursos del Fosuvi”, es decir, la mitad de todo el dinero destinado a dar bonos de vivienda.

Según argumentó la jerarca, de ceder esa cantidad de dinero, más de 6.000 familias inscritas en los distintos programas de ayuda social del Banhvi se quedarían sin solución habitacional.

“Eso representa para el sistema financiero nacional para la vivienda que si tenemos entre 10.000 y 12.000 viviendas al año, aproximadamente, serían la mitad las que se podrían realizar. Y no solo eso, estaríamos dándole una plata que va dirigida a las familias de menores ingresos, a un sistema de invalidez, vejez y muerte que, si bien es solidario, cubre personas de todos los ingresos. Es una decisión que el país tendría que tomar referente al origen de los fondos”, expresó Campos.

La Ministra también argumentó que prescindir de esos fondos afectaría al sector construcción, pues debido a que entre un 60% y un 70% de las viviendas entregadas por el Banhvi son individuales, esta entidad contrata a un gran número de pequeñas y medianas empresas de construcción en todo el país.

Asimismo, la jerarca de Vivienda negó que el Banhvi tenga algún superávit como para poder desprenderse sin problemas de ¢60.000 millones.

“No es cierto que existan recursos sin asignar o superávits por parte del Banhvi. Todos los recursos están asignados a proyectos específicos que tienen un ciclo de construcción pero que no hay el dinero disponible.

“Está el superávit específico. ¿Por qué se le llama de una forma tan confusa? No tengo la menor idea. Pero esos son dineros comprometidos. Ya tienen un nombre y un apellido de una familia o de un proyecto”, afirmó.

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El 0,25% del Banco Popular

Actualmente, en la corriente legislativa existen dos proyectos de ley que recomiendan el traslado del 0,25% del aporte patronal del Banco Popular hacia el IVM.

El más reciente (expediente 21.602) también lo impulsan los socialcristianos Solís y Muñoz.

Este propone un cambio en la Ley Orgánica del Banco Popular, normativa que establece la creación de un Fondo de Trabajo que inyecta recursos a la entidad financiera para su funcionamiento.

Ese Fondo de Trabajo está conformado por el ahorro obligatorio del 1% del trabajador sobre su salario, así como por el 0,50% sobre el monto total de todas las remuneraciones (salarios o sueldos) reportadas mensualmente por todos los patronos del país.

De esos componentes, el 1% de los trabajadores y la mitad del 0,50% (0,25%) se quedan “paseando” hasta por 24 meses en las arcas del Banco Popular.

Luego de ese tiempo, esos recursos (el 1% más el 0,25) se depositan en la cuenta individual del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) de cada trabajador, de manera que funcione como una pensión extra a la básica durante la vejez.

Sin embargo, hay un 0,25% del Fondo de Trabajo que nunca se dirige a ningún otro destino, sino que se queda en el Banco Popular.

Ese es el porcentaje sobre el cual se centra la discusión y cuyo traslado al IVM propone el proyecto de ley de Solís y Muñoz.

La Caja estima que se trata de al menos ¢25.000 millones anuales.

La otra iniciativa de ley existente en el Congreso hace la misma sugerencia: quitarle ese 0,25% al Popular y dárselo al IVM.

No obstante, la propuesta también insta a acabar con el ROP y destinar al IVM los recursos que hoy se depositan en ese régimen complementario.

Esta segunda iniciativa de ley fue presentada, en la gestión legislativa anterior, por el también socialcristiano Jorge Rodríguez Araya.

El texto se encuentra bajo el número de expediente 20.751.

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Pese a varias semanas de consultas por parte de La Nación al Banco Popular para conocer la posición de la entidad sobre el posible traslado de esos recursos al IVM, no fue posible obtener respuesta.

Actualmente, en total, los patronos aportan un 37% sobre el salario de los trabajadores por concepto de cargas sociales.

De esa cifra, un 14,5% se destina a los seguros de salud y de pensión de la CCSS; un 7,25% se utiliza para financiar distintas instituciones —entre estas el Banhvi y el Banco Popular—, y un 4,75% llega al ROP y al Fondo de Capitalización Laboral (FCL) por medio de la Ley de Protección al Trabajador.