Aarón Sequeira.   1 julio
El gerente financiero de la CCSS, Luis Diego Calderón, explicó que los gastos que el Estado tendría que pagar por trasladar el primer nivel de atención de salud se suman desde mediados de los 90 hasta setiembre del 2019. Foto: Asamblea Legislativa para LN.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le está cobrando al Gobierno ¢5,9 billones por la operación de los centros de primer nivel de atención en salud, los cuales fueron trasladados del Ministerio de Salud a la CCSS a mediados de los años 90.

Así lo aseguró el gerente financiero de la Caja, Luis Diego Calderón, este miércoles por la tarde, durante una audiencia en la Comisión Investigadora de las Finanzas de la CCSS, en la Asamblea Legislativa.

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Hoy, los centros de primer nivel de atención se denominan Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis).

Según Calderón, la CCSS entabló un proceso de ejecución de sentencia, en la que un juez determinará el monto de pago y la forma de hacerlo, luego de que la Sala I de la Corte Suprema de Justicia resolviera, en el 2019, que el Gobierno debe pagar por el traslado materializado con la reforma del sector salud de los 90.

Esa sentencia surgió por una apelación del Gobierno, que fue declarada sin lugar, luego de haber perdido una demanda en el Tribunal Contencioso-Administrativo, presentada por el diputado José María Villalta.

Ministro de Hacienda: ‘Carece de sentido lógico'

Consultado sobre el cálculo de los gastos que hace la CCSS por la administración de los Ebáis desde 1996, el ministro de Hacienda, Elián Villegas, aseguró que esa cifra “carece absolutamente de todo sentido lógico”.

“Me parece que la racionalidad de las cifras debe acompañar la racionalidad de los argumentos. En un país como Costa Rica, decir ¢5,9 billones es decir todo el dinero del mundo”, apuntó.

¢5,9 billones equivalen a la mitad de todo el Presupuesto Nacional del 2020.

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Villegas añadió que Hacienda está en conversaciones con la CCSS para llegar a acordar algo que tenga sentido, algo que “permita respaldar el esfuerzo de la Caja, contra la realidad del Estado costarricense”.

“Eso es lo que corresponde, en eso estamos. Es un proceso que probablemente va a tomar un tiempo largo y, mientras tanto, hay que irlo acompañando de acciones que permitan darle sostenibilidad a la Caja, pero jamás pensar en una cifra de ese tamaño”, concluyó.

Lo que dijo la Sala I

El 8 de marzo del 2018, los magistrados de la Sala I determinaron que, en la ley 7374 de 1993, el Congreso autorizó el traslado a la CCSS del programa de atención integral en salud que desarrollaba el Ministerio de Salud, así como de su personal, y que el Ministerio de Hacienda tomaría previsiones presupuestarias para trasladar mensualmente a la Caja los recursos financieros necesarios a fin de cubrir las obligaciones del programa.

El Tribunal de Casación rechazó la tesis del Gobierno de que el servicio debía ser absorbido, a nivel de costos, por el Seguro de Enfermedad y Maternidad bajo el argumento de que, según el artículo 73 de la Constitución Política, los seguros de enfermedad y maternidad no pueden ser empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, de modo que incorporarle un programa que no se consideró, en un origen, como parte del seguro, “carece de asidero constitucional y legal”.

“Todo este análisis lleva a colegir que, contrario a la tesis del Estado, de las normas examinadas se extrae de manera absolutamente diáfana su deber legal de reservar y trasladar los fondos necesarios para la continuidad del programa”, dice la sentencia redactada por el magistrado Román Solís Zelaya.

El artículo 73 de la Constitución dice literalmente: “Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a estos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine”.

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Desglose del cobro

De acuerdo con la Gerencia Financiera de la CCSS, esos ¢5,9 billones incluyen los gastos del primer nivel de atención de la salud desde el periodo 1996 hasta setiembre del 2019.

Tal como lo detalló Calderón, el rubro más fuerte de la deuda son los servicios personales, que calculó en ¢2,5 billones.

Estas son las partidas que se incluyen en esa deuda:

-Servicios personales: ¢2,5 billones

-Servicios no personales: ¢668.000 millones

-Materiales y suministros: ¢74.658 millones

-Materiales y suministros en especie: ¢428.205 millones

-Maquinaria y equipo: ¢37.276 millones

-Desembolsos financieros: ¢469 millones

-Construcciones, adiciones y mejoras: ¢10.598 millones

-Transferencias corrientes: ¢48.333 millones

(Hasta aquí gastos de 1996-marzo 2019)

-Gastos Dirección de Arquitectura e Ingeniería/Dirección de Equipamiento Institucional: ¢45.270 millones

-Vacunas: ¢29.736 millones

-Intereses: ¢1,8 billones

-Gastos abril-setiembre, 2019: ¢190.000 millones

-Total: ¢5.933.726.567.501,95

“Hubo un proceso judicial sobre el pago que tiene que hacer el Estado del primer nivel de atención. Este proceso terminó en una sentencia que indica que el Estado debe cancelarle todos los costos desde que se dio la ley hasta hoy”, explicó Calderón ante los diputados.

“Esta es una cantidad muy importante y conocemos de la situación que atraviesa el Gobierno, pero es una sentencia de un juez de la República. Eso sí abre una discusión sobre el financiamiento de la CCSS”, comentó el funcionario.

De acuerdo con el gerente financiero, avanzar en el cobro de la deuda del Estado permitiría mantener el equilibrio financiero de la CCSS, máxime después del impacto que tiene la pandemia del coronavirus en las finanzas de la institución.

Deuda estatal por seguros

Para el gerente financiero de la Caja, la deuda estatal con la institución no termina ahí, pues detalló que la institución también le cobra el Gobierno de la República una deuda, tanto al seguro de salud como al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) la cifra de ¢1,9 billones.

Precisó que muchas de esas deudas no provienen de la condición del Estado como patrono, sino por una serie de conceptos provenientes de varias leyes y traslados de recursos que le debe hacer el Gobierno.

Además, dentro de esa suma de ¢1,9 billones, se incluye también un monto de ¢482.000 millones por el traslado original del manejo de los Ebáis.