En un discurso que se extendió por 32 minutos, la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, se defendió este jueves en el plenario contra un informe legislativo que recomienda su destitución.
Durante su intervención, la jerarca aseguró que la investigación que ella realizó sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) es el motivo real que la llevó a ser indagada por el Congreso.
No obstante, alegó que prefería no profundizar en ese punto, ni en ninguno de los detalles sobre el manejo de ese proceso, como la pérdida de un audio con parte de la entrevista que ella le hizo al presidente de la República, Carlos Alvarado, durante la pesquisa.
Desde el podio adjunto a la mesa del Directorio legislativo, en el plenario, Crespo aseguró que ninguna de las acusaciones planteadas ante el Congreso tiene asidero legal.
“Lamento que muchas de estas denuncias surjan con ánimo de obstaculizar acciones que, en favor de las y los habitantes, hemos venido haciendo de manera sistemática y valiente”, manifestó la funcionaria.
Crespo sostuvo que las denuncias en su contra son “esfuerzos de quienes no admiten cambio ni transformaciones en las instituciones”.
“Vengo con humildad, no a defender un puesto, sino a defender un modelo de gestión que ha apostado a la defensa de la democracia y la preservación de las libertades públicas”, adujo.
La intervención de la defensora se pudo realizar este jueves por la mañana, luego de que los diputados acordaron, con 38 votos favorables, dispensar de lectura los dos informes que emitió la comisión que investigó las denuncias contra la gestión de la funcionaria.
El informe de mayoría, con 105 páginas y firmado por cinco legisladores, se había leído hasta la página 62. Ese documento recomienda mantener a Crespo y archivar el caso.
El informe de minoría, por su parte, cuenta con 54 páginas y recomienda, con base en 11 hechos que dan por probados sus dos firmantes, que se la destituya.
En su discurso ante el pleno de los diputados, la defensora solicitó que se aprobara el dictamen de mayoría, que la asegura a ella en su cargo por el resto del periodo, y se refirió a siete de los 11 hechos que menciona el documento de minoría.
“En mi trabajo en el Banco Mundial presté servicios en países donde el poder político autoritario silenciaba sistemáticamente a defensores y opositores políticos, y todo aquel que representara un obstáculo en su camino dictatorial”.
“Cuando asumí como defensora, nunca imaginé que el audio de la entrevista fuese borrado, ni que cumplir con mi deber legal de trasladar eso al Ministerio Público generara un conflicto interno con los directores”, aseguró Crespo.
Agregó que no creía que llegaría a ser “testigo de actos gubernamentales que lesionan las más básicas libertades en relación con la protección de datos sensibles”.
Luego de solicitar que se apruebe el informe que la mantiene en el cargo, Crespo Sancho hizo alusión a varios de los hechos que el informe de minoría le achaca.
Rebatió que hubiese suprimido el consejo de directores y directoras de la Defensoría y siguió defendiendo su potestad para hacerlo.
“La normativa estipula que la institución es un órgano unipersonal de gobernanza. La Procuraduría General ha sido consistente en señalar que estas prerrogativas corresponden al jerarca”, dijo.
Agregó que hay tres informes previos a su nombramientos que concluyen la necesidad de adoptar mejoras institucionales que conlleven a la solución de una serie de problemas detectados.
De acuerdo con Crespo, ella se siente orgullosa del cambio que hizo en ese consejo para incluir a todos los funcionarios de la Defensoría y la inclusión de organizaciones sectoriales y territoriales.
“Rechazo absoluta y categóricamente esa acusación. (...) Es una acusación espuria y carente de verdad”, alegó sobre el reclamo de que quiso suprimir el consejo directivo.
También, defendió sus acciones para impedir contacto entre la nueva presidenta del Patronato Nacional de la Infancia y la Directora de Niñez de la Defensoría, pues adujo que aplicó las normas de control interno para evitar el “posible surgimiento de intereses entre la anterior subordinada y su anterior jefatura”.
Por otra parte, alegó que es inverosímil la denuncia sobre su desinterés en la promoción de los derechos humanos y dijo que el aumento de los casos atendidos de los 18.969 en agosto del 2019 a los 25.230 en agosto del 2020 “reflejan el aumento de la credibilidad en la Defensoría”.