Aarón Sequeira. 15 septiembre
El 3 de setiembre, el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, fue quien recibió a la defensora, Catalina Crespo, cuando ella se disponía a declarar ante la comisión investigadora sobre la aparente negligencia de la funcionaria. Foto: Aarón Sequeira.
El 3 de setiembre, el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, fue quien recibió a la defensora, Catalina Crespo, cuando ella se disponía a declarar ante la comisión investigadora sobre la aparente negligencia de la funcionaria. Foto: Aarón Sequeira.

En una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, alegó que los diputados no le permitieron un debido proceso en la comisión que tramitó, de forma secreta, un conjunto de denuncias en su contra.

En la misiva, membretada por el bufete Navas y Navas Abogados, fechada lunes 14 de setiembre y recibida en la Secretaría del Directorio legislativo este martes, Crespo afirma que tener una copia del expediente “no es suficiente para garantizar el debido proceso y el ejercicio de la defensa”.

También reclamó que no se le enviaran más que los dos informes, tanto de mayoría como de minoría, sin que haya tenido acceso a las actas o grabaciones de la comisión, ni a los cargos que se le hicieron.

Además, solicitó que los diputados admitan que este miércoles, en el plenario legislativo, ingrese junto con ella su abogada, Gloria Navas, para que sea su representante legal quien ejerza su defensa allí mismo.

“Ello incluye un tiempo razonable para que ejerza la defensa técnica ante la pretensión en mi contra de una eventual sanción y despido”, dice la nota. Igualmente, pide acoger el informe de mayoría que la libera de toda falta.

En una sesión que podría extenderse durante todo el día, los legisladores conocerán los informes de la comisión que investigó las denuncias por supuestea negligencia contra Crespo.

El informe de mayoría, firmado por cinco congresistas, pide que ella se mantenga en el cargo; el de minoría, impulsado por dos legisladores, pide su destitución.

Antes de que los diputados empiecen a deliberar, con la oportunidad de hablar 15 minutos cada uno, el plenario dará voz a Crespo por media hora, para que defienda sus actuaciones cuestionadas.

En los reclamos que dirige la defensora a Cruickshank, firmados también por Navas, reclama que ella se enteró de las audiencias en la comisión investigadora por los medios de comunicación, y no formalmente.

“No tuve oportunidad de escucharlos de viva voz, ni tampoco de interrogar o solicitar aclaraciones. Asumo que en las actas correspondientes quedó constancia del hecho, actas a las que no he tenido acceso", reclamó la defensora.

Adujo que solo pudo participar en la audiencia del 3 de setiembre, en la que el foro parlamentario la recibió, junto con tres testigos, pero adujo que no les permitieron “repreguntar a sus propios testigos”.

En las palabras firmadas por Crespo y por su abogada, alegan que las denuncias formuladas contra ella son “confusas y muchas ajenas a mis labores principales” y afirman que no caben en los motivos de sanción establecidos en el inciso C del artículo 6 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes.

“Ruego confirmar esa conclusión razonada y fundada (que ella no incurrió en falta), por no haber determinado la Comisión en su mayoría, actuación alguna calificable de negligencia, mucho menos notoria, ni violación alguna al ordenamiento jurídico calificable de grave”, dice Crespo.

La defensa de la defensora también alega que a ella se le enviaron los dos informes de la comisión, pero no el “traslado de cargos, relación de hechos, prueba de cargo que respalde las presuntas imputaciones”.

“No se adjuntan las grabaciones de los testimonios ni las actas respectivas. Ello constituye un mínimo de respeto a la garantía fundamental del debido proceso al que no se ha hecho referencia para cumplir con dichas garantías constitucionales básicas”, criticaron Crespo y Navas.

Además, en ese escrito aseguran que el hecho de que la audiencia sea en el plenario de la Asamblea Legislativa no le quita su naturaleza jurídica ni lo transforma en una comisión de control político.

Según el reclamo de Navas, en voz de la defensora, el plenario lo que realizará es una especie de “juicio legal” que implica “traslado de cargos, relación de hechos, pruebas ofrecidas de descargo, participación en la evaluación de los elementos de juicio, tiempo para preparar la defensa y oportunidad de ejercerla”.

Por otra parte, Crespo cita en su carta que en un procedimiento de investigación realizado contra la entonces defensora, Lisbeth Quesada, en el 2008, se le dio oportunidad de asistir a todas las sesiones, con derecho de preguntar a los comparecientes y hacerse acompañar de un abogado.