La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, aseguró el jueves pasado que su desconfianza hacia algunos funcionarios de la Defensoría de los Habitantes apareció “a partir del tema de la UPAD”, en febrero pasado.

Así lo declaró Crespo durante una audiencia secreta frente a la comisión que tramitó una denuncia en su contra.

“¿A partir de qué momento usted siente desconfianza de los funcionarios que la rodean?”, le preguntó el legislador Melvin Núñez, de Restauración Nacional.

Crespo respondió: “No de todos los funcionarios de la Defensoría, de algunos, y es a partir del tema de la UPAD que aparecieron esas desconfianzas”.

La defensora aseguró que unas cuantas personas, relacionadas con la investigación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y la pérdida del audio de la entrevista al presidente Carlos Alvarado, están molestas con ella.

“Hay unas personas que sí, no hay esa confianza y es incómodo, y es incómodo trabajar”, adujo Catalina Crespo.

De seguido, adujo que la “gran mayoría de los funcionarios está dedicada a su trabajo” y agregó que “no hay ninguna desconfianza”.

“Aun cuando uno está con alguien que a lo mejor no le gusta, no le cae bien, hay que hacer un trabajo; y aquí el objetivo son los habitantes de Costa Rica, no el que yo me sienta (sic)”, manifestó la defensora

La respuesta constan en el informe de mayoría de la comisión, firmado por cinco de los siete miembros, y publicado este martes por Noticias Monumental.

En ese documento, de 103 páginas, se da cuenta de varias declaraciones de los denunciantes y de la defensora. En la última página, los diputados recomiendan no destituir a Crespo y archivar la investigación.

Luego de los comentarios de Núñez sobre alguna medida sancionatoria hacia esas personas, Catalina Crespo aseguró que “es importante siempre ejercer la autoridad y el orden en una institución, pero el trabajo sigue”.

Adujo que, incluso, ha hecho labores como defensora junto con algunas de las personas que firmaron la denuncia en contra de ella.

Días antes, en audiencia ante la misma comisión, Jeannette Carrillo Madrigal, directora de Derechos Humanos, dijo, según consta en el informe del órgano parlamentario, que ella no podría decir que Crespo le tenga desconfianza al equipo técnico de la Defensoría.

No obstante, alegó que el problema es que la “forma distinta” que Crespo dice tener de hacer las cosas, pues “no necesariamente respeta el marco de la legalidad” y agregó que “para eso tiene los equipos técnicos que la asesoran”.

“Yo no diría que ella entró con desconfianza, todos los que estamos aquí, y el resto de los directores, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y hemos intentado asesorarla en los campos respectivos, pero lamentablemente ha habido actuaciones, como yo mencioné, que no podemos pasar por alto, actuaciones, falta de transparencia, de rigurosidad, de técnica”, apuntó Carrillo.

Al criterio de Crespo sobre el nacimiento de la desconfianza entre ella y los directores, contribuyó el asesor de ella, Fabricio Chavarría Bolaños, quien aseguró que las molestias empezaron cuando la defensora dijo que había enviado el asunto sobre el audio al Ministerio Público.

“Ahí los señores directores manifestaron su molestia y le dijeron expresamente: ‘las cosas se resuelven adentro, señora defensora, usted nunca debió llevar esto al Ministerio Público y se debió de haber iniciado un procedimiento administrativo’”, relató.

Incluso, Chavarría alegó que los reclamos sobre el manejo de la investigación sobre la UPAD nacieron luego de que Crespo informó de ese envío sobre la pérdida del audio a la Fiscalía.

Informe desestima denuncias

A pesar de las críticas de los directores hacia los manejos de parte de Crespo y la supresión unidireccional de los métodos de trabajo de la Defensoría, los diputados firmantes del informe desestimaron esas denuncias e, incluso, alegaron que la comisión se abrió con base en solo una de ellas.

También, insisten en que la jerarca tenía todas las potestades legales de hacer las modificaciones que hizo, sin consultar a los directores ni hacerse asesorar por el Consejo de Directores.

Entre las quejas que manifestaron los directores durante su audiencia ante el foro parlamentario, estuvieron que Crespo denominó la investigación de la UPAD como “de oficio, preliminar y expedita”, lo cual no existía en la entidad.

Así lo declaró Álvaro Paniagua, director de Protección Especial, quien añadió que no es cierto que eliminar el nombre de Rodolfo Piza del informe de la investigación era un asunto de objetividad.

“En materia de responsabilidad administrativa, la causalidad es vital, es importante saber quién hace las cosas”, dijo. También, alegó que Crespo había ridiculizado a la Defensoría cuando apuntó que el protocolo de la investigación era un protocolo de vestimenta.

No obstante, sobre ese punto, los diputados concluyeron que, para el resultado de la investigación, “esa modificación no tiene relevancia alguna porque no está excluyendo de ningún tipo responsabilidad de los funcionarios”.

Carrillo, a su vez, dijo ante los diputados que Crespo tuvo un comportamiento precipitado, poco transparente, falto de cuidado y que roza la legalidad, debilitando el ambiente en control y poniendo en riesgo el control interno y la credibilidad de la Defensoría.

Esta directora también criticó la gestión de Crespo para declarar confidencial las consultas que hizo sobre la jerarquía que ejerce la Asamblea Legislativa sobre la Defensoría.

Mientras tanto, la directora de Gobernanza Pública, Hazel Díaz, criticó que, mientras los funcionarios que participaron en la investigación de la UPAD realizaban el control de legalidad, el análisis de los documentos y la contrarrestación de posiciones, Crespo hacía giras en medios, adelantando criterios sobre la investigación, antes de que se emitiera el informe.

“Eso es parte de lo que nosotros indicamos que puso en riesgo la investigación”, apuntó Díaz.

Crespo: ‘Hay campaña en mi contra’

Por otra parte, la defensora de los Habitantes adujo que por cumplir con su “deber legal” de enviar el asunto del audio al Ministerio Público se generó un conflicto interno con los directores “que por años han estado en la institución de la Defensoría”.

También alegó que el Partido Acción Ciudadana (PAC), que no la apoyó en su nombramiento, tiene una campaña en su contra con el objetivo de destituirla y asegura que “el periódico La Nación y otra prensa afín al Gobierno” desarrollaron “una campaña de desinformación en apoyo” a quienes quieren destituirla “sin que la más mínima legalidad los ampare”.