Padrón en centros penitenciarios creció casi cinco veces desde 1998

Por: Sofía Chinchilla C. 29 diciembre, 2017

Manuel Fallas Elizondo quiere que los candidatos presidenciales se esfuercen por ganar el apoyo de las personas que, al igual que él, están recluidas en las cárceles. Al fin y al cabo, dice, sus papeletas cuentan tanto como las de cualquier otro ciudadano costarricense.

"Somos 10.000 presos, ¿Y lo que además genera en familiares un privado de libertad? Es que es real, tal vez para muchos candidatos nosotros representamos minorías, simplemente presos de una cárcel, pero ¿quién dice que no podemos hacer la diferencia con los votos?", cuestiona Fallas, quien en 2018 cumplirá nueve años de estar recluido en el complejo La Reforma.

Manuel Fallas votará en la mesa receptora de la UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga, del completo penitenciario La Reforma. / Foto: John Durán
Manuel Fallas votará en la mesa receptora de la UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga, del completo penitenciario La Reforma. / Foto: John Durán

En total, son 9.575 personas –el equivalente a un 0,3% del padrón electoral nacional– las que podrán votar en los centros penitenciarios el próximo 4 de febrero.

La cifra ha aumentado constantemente desde 1998, cuando por primera vez se abrieron juntas receptoras en las cárceles. En esa ocasión fueron 2.087 las personas que votaron en centros penitenciarios, es decir, que el padrón de las prisiones creció casi cinco veces en 20 años.

El derecho al sufragio de las personas privadas de libertad se reconoce en el país desde 1996, cuando se modificó el Código Electoral para dictarle al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la obligación de abrir juntas receptoras de votos.

"Anteriormente dependía del Ministerio de Justicia si podía o no trasladar a los internos a las mesas de votación donde estaban inscritos. Se hacía dependiendo del tipo de ámbito donde estaban descontando la condena y del lugar donde estaban empadronados para votar", explicó Héctor Fernández, director del Registro Electoral del TSE.

El cambio lo propició un convicto que en 1994 se quejó ante la Sala Constitucional de que las autoridades de La Reforma no lo llevaron a votar a San Carlos, donde le correspondía. Los magistrados determinaron que era imposible llevar a todos los presos hasta sus lugares habituales de votación y ordenó crear un mecanismo para que pudieran inscribirse en el distrito electoral en el que se encontrara el centro penitenciario.

Para el próximo 4 de febrero, cuando los comicios lleguen por sexta vez hasta las prisiones, el objetivo del Ministerio de Justicia es reducir drásticamente el abstencionismo. De acuerdo con Luis Bernardo Arguedas, director del programa de Atención Institucional del Ministerio de Justicia, se pretende que el porcentaje de participación de los presos pase del 31% de la elección pasada a un 80%.

“Cuando estaba de director en La Reforma, en los años 90, fue la primera vez que los llevamos a votar por una gestión que hicimos, los sacamos en bus. Ahora tenemos recintos electorales en los centros, entonces les hacemos ver todo lo que ha costado para lograr esto, además de los alcances que podrían tener”, dijo Arguedas.

“Esta zona, la de San Rafael (de Alajuela, donde está La Reforma) tiene la posibilidad eventualmente de elegir. Bien manejados en el tema de votaciones para diputados, ellos eligen”, añadió el funcionario.

"Dentro del descuento de una sentencia son muy pocos los derechos que nosotros tenemos, y votar es uno de ellos" Manuel Fallas Elizondo, privado de libertad.

Ese complejo penitenciario concentra el mayor grupo de electores privados de libertad: 3.156.

Fallas Elizondo es uno de ellos y votará en la Junta Receptora de Votos de la Unidad de Atención Integral (UAI) Reynaldo Villalobos Zúñiga, donde desde hace pocos meses son trasladados algunos privados de libertad a quienes se les da la oportunidad de estar en un ámbito carcelario con mayor libertad, a cambio del compromiso de estudiar y mantener un comportamiento adecuado.

Él dice sentir ilusión por poder votar una vez más, aunque sea la tercera vez que lo haga en una cárcel.

"Dentro del descuento de una sentencia son muy pocos los derechos que nosotros tenemos, y votar es uno de ellos. Es un derecho que yo no estoy de ninguna manera dudoso de desaprovechar", asegura.

Los meses previos

En setiembre, funcionarios del TSE recorrieron todos los centros penitenciarios del país e inscribieron a los presidiarios que así lo solicitaron, quienes tuvieron dos opciones: solicitaron una nueva cédula de identidad, o simplemente que se cambiara su domicilio electoral.

El padrón de los centros penitenciarios cerró el 3 de octubre, al igual que la lista nacional de electores, por lo que quienes hayan ingresado a las cárceles después de esa fecha o aquellos que no tramitaran a tiempo el cambio de domicilio electoral perderán la oportunidad de votar.

Por el contrario, si una persona registró la prisión como su domicilio y obtuvo la libertad antes de los comicios, tiene derecho a regresar el 4 de febrero para emitir su voto.

La imposibilidad de modificar el padrón solo admite una excepción: si por motivos ajenos a su voluntad, el privado de libertad es trasladado de un centro penitenciario a otro.

“Son situaciones completamente ajenas a la voluntad del elector, entonces simple y sencillamente lo pasamos de junta receptora de votos, lo hemos hecho incluso en semanas previas a la elección”, explicó Fernández.

Durante la campaña, los partidos pueden visitar los centros para hacer proselitismo, según las disposiciones que emita el Ministerio de Justicia.

De acuerdo con Arguedas, a las actividades se permite la salida de los reos en grupos de 20. Las agrupaciones políticas pueden llevar papelería, pero no calcomanías ni banderas.

El 4 de febrero, los electores de las cárceles votarán de 6 a. m. a 6 p. m. La logística depende de cada centro penitenciario, para garantizar el orden y la seguridad de los comicios.

Mesa de votación en la cárcel de San Sebastián, en 2014. Ese año, en todos los centros penitenciarios votaron 2.724 personas. Foto: Adrián Soto.
Mesa de votación en la cárcel de San Sebastián, en 2014. Ese año, en todos los centros penitenciarios votaron 2.724 personas. Foto: Adrián Soto.

"Van de uno en uno, no permitimos que haya dos privados de libertad en una junta electoral. En algunos ámbitos de menor contención puede haber 20 o 30 haciendo fila", explicó Arguedas.

En otros casos, las personas van con uno o dos custodios hasta la junta.

Fallas considera que en esta ocasión, las elecciones en la UAI serán "una fiesta". Dice, eso sí, que entre sus compañeros se habla de la necesidad de más información y cercanía con quienes aspiran a presidir el país, porque hasta el momento, a muchos de los privados de libertad la mayoría de los candidatos les parecen "marcianos".

“Los candidatos deberían tener un contacto más cercano con los centros penales, más constante, porque todos seguimos a los líderes, es una costumbre. Pero si los líderes nunca se conocen, nadie va a votar por ellos", dijo.

"Es algo muy complejo porque las víctimas siempre van a ver al privado de libertad como alguien que es malo y en realidad es cierto. No podemos tapar el sol con un dedo. El preso es el preso, es el que robó, el que violó y eso es real, pero no es menos real que también somos parte de la sociedad, tenemos derecho a poner el dedo, también valemos”, concluyó Fallas.

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