¿Qué implica que un ente tenga buena nota en materia regulatoria? Quiere decir que ha reducido los trámites burocráticos, y con ellos los costos para la entidad y para los usuarios, porque ha entendido que, de lo contrario, se incentiva la informalidad y se retrasa el desarrollo comunal.

La municipalidad del país que aparece con la mejor comprensión de esa realidad es la de Cartago, que obtuvo la nota más alta, entre 81 ayuntamientos, en el Índice de Capacidad Regulatoria Institucional 2020 elaborado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

El estudio, realizado entre es el 1.º de julio del 2019 y el 30 de junio del 2020, no incluyó al recién fundado cantón de Río Cuarto, en Alajuela.

El ayuntamiento brumoso recibió una nota de 73,95 de un puntaje de 100 en la medición, la segunda que elabora el MEIC. En el otro extremo se ubica León Cortés, con la calificación más baja: 16,8.

El ranquin mide con cuánto éxito las municipalidades implementan la Política Regulatoria, un decreto del 2017 que, entre otros aspectos, vela por que en las entidades se cumplan los principios básicos constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad, celeridad, buen funcionamiento de servicios y dependencias administrativas y, en general, la buena marcha del gobierno.

El Índice de Capacidad Regulatoria Institucional evaluó el desempeño de los ayuntamientos en cuatro dimensiones: institucionalidad, herramientas, simplificación administrativa y desempeño institucional.

En total, midió 17 variables, entre las que destacan el “fomento del gobierno electrónico” dentro del gobierno local, específicamente, utilizando la plataforma del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), para el trámite de permisos de construcción.

Otras de las variables estudiadas fue cuán rápido resuelven las municipalidades las solicitudes de patentes y de permisos de construcción de los usuarios.

También se cuantificó si los sitios web de los ayuntamientos facilitan la autogestión entre los ciudadanos y el nivel de transparencia de estos, al ofrecer a los administrados información sobre servicios y procesos institucionales.

Todos con nota baja

El estudio del MEIC enfatiza que: “el 80% de los gobiernos locales no cumplen con los principios de mejora regulatoria, ya que alcanzan un puntaje inferior a 50″.

“Más aun, el 59% de los cantones se concentran bajo el promedio (41.9), con un rango de variabilidad que va desde 16.8 (León Cortés) hasta 73.95 (Cartago)”, añade el informe.

El informe hace hincapié en que las dos primeras dimensiones medidas —institucionalidad y herramientas— son las de menor cumplimiento entre todos los municipios: menos de 10 puntos en promedio, ambas.

La institucionalidad califica la capacidad instalada que tienen las municipalidades para hacer cumplir la Política de Mejora Regulatoria. Por ejemplo, si cuentan ante el MEIC con una persona nombrada como oficial de simplificación de trámites, y si conformaron una comisión de mejora regulatoria institucional

En tanto, la casilla de “herramientas” valora si cuentan con los mecanismos que permitan la aplicación de la Ley 8220, de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos.

El Índice también resalta que las municipalidades alcanzan un promedio de 32 puntos de 50 posibles en las dimensiones de simplificación administrativa y desempeño institucional.

Ello, apunta el estudio, “es una indicación de que los gobiernos locales aplican acciones de mejora, pero tal vez no de la mano de los principios establecidos en la política de mejora regulatoria, y que pueden carecer de transparencia y una apropiación de una cultura de mejora continua”.

La provincia de mayor cumplimiento promedio de la política es Guanacaste, seguida por Puntarenas.

Por su parte, la de menor cumplimiento es Limón.

A nivel de región socioeconómica del país, en la Central, que concentra la mayor cantidad de cantones (45), el 44% de ellos presenta un cumplimiento superior a 39,66.