Josué Bravo. 13 noviembre, 2019
Carlos Alvarado, presidente de la República, todavía no define si respalda la actual redacción del proyecto sobre etiquetado de licores. Foto: José Cordero
Carlos Alvarado, presidente de la República, todavía no define si respalda la actual redacción del proyecto sobre etiquetado de licores. Foto: José Cordero

El presidente de la República, Carlos Alvarado, aún no define si respalda los cambios propuestos a un proyecto de ley del PLN que, en su versión dictaminada en una comisión legislativa, obligaría al Ministerio de Hacienda contratar un costoso servicio de rastreo de licores que opera con códigos de barras y etiquetado de botellas.

El mandatario dijo que esperará a que el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, asuma el cargo a finales de noviembre para que sea él quien elabore una posición técnica sobre el texto y sus modificaciones planteadas por los diputados, mediante mociones de fondo.

Sin embargo, Alvarado afirmó que, en caso de que el país cuente con una herramienta tecnológica de ese tipo, su aplicación deberá ser lo suficientemente rentable.

“Que el mecanismo sea lo suficientemente rentable de forma tal que no nos salga más caro implementarlo que lo que vayamos a recaudar, (que tenga) un criterio de razonabilidad", expuso el mandatario.

Dicho sistema, a como está planteado en una propuesta de ley del diputado liberacionista Daniel Ulate, carece de recursos para financiarlo.

Un reciente informe de Hacienda considera que provocaría mayor déficit fiscal debido a que costaría más de lo que se pretende recaudar, a menos que la recaudación de impuestos por este tipo de bebidas suba entre un 31,5% y un 357,5%.

Las estimaciones de Hacienda indican que, de imponerse, el sistema les podría costar entre ¢3.365 millones y ¢154.642 millones anuales a los contribuyentes.

Una moción del también diputado de Liberación Nacional (PLN) y presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, prenendía variar por el fondo el texto dictaminado, al proponer que el control de etiquetado sea optativo y no obligatorio para Hacienda, como plantea su colega Daniel Ulate.

No obstante, esta tarde fue rechazada por la Comisión de Asuntos Económicos que en total descartó 51 mociones de fondo presentadas al texto y aprobó una.

Este martes, sin definir un respaldo a las propuestas, Alvarado explicó que el gobierno gobierno buscaría titular en este tipo de iniciativas, ya sea a través de la propia ley o de su reglamento, son tres objetivos: luchar contra el contrabando, garantizar la salud de los consumidores al combatir el tráfico de licor adulterado y que el sistema de control sea lo suficientemente rentable.

"Eso es lo que como gobierno es deseable aplicar. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, es la parte técnica de Hacienda lo que debe de determinarlo”, expuso el mandatario.

“En este momento, como saben, yo estoy a la espera de que nuestro ministro de Hacienda designado llegue al país, eso será en la parte final del mes de gobierno. Ese será uno de los primeros temas en abordar. En tanto, digamos, no estaríamos adelantando” opinión, añadió el presidente.

La moción de Benavides propone un cambio que dejaría en manos de Hacienda la posibilidad de implementar un mecanismo de control a la importación legal y producción de bebidas alcohólicas.

Es decir, el rastreo ya no sería una imposición de los diputados como lo pretende el proyecto de Ulate.

La propuesta del presidente legislativo goza del respaldo de la jefa de fracción, Silvia Hernández y de los congresistas liberacionistas Yorleni León, Jorge Luis Fonseca, Luis Fernando Chacón, Wagner Jiménez y Aida Montiel.

Tras ser rechazada en comisión, Benavides tendrá la posibilidad de reiterar su propuesta una vez que el proyecto sea discutido en primer debate en el plenario.

El texto de Benavides agrega que, en caso de que Hacienda requiera contratar un proveedor del servicio, el proceso deberá realizar mediante “licitación pública, abierta y transparente” con la finalidad de evitar manipulación indebida y cumplir con compromisos anticorrupción del país.

De igual forma, establecería excluir a proveedores, sus filiales y directivos con antecedentes de corrupción a nivel nacional e internacional, "así como también aquellos oferentes que se encuentren relacionados con la industria, de forma tal que generen el riesgo de un eventual conflicto de interés”.

La única moción aprobada esta tarde en la comisión de Económicos, mantiene la obligatoriedad para que Hacienda contrate un mecanismo tecnológico de identificación de bebidas alcohólicas para controlar su importación y producción.

El resto de su contenido es similar en algunos aspectos de la propuesta de Benavides, dado que establecería que, en caso de que ese ministerio “requiera” contratar un proveedor externo del servicio, deberá hacerlo con base en la Ley de Contratación Administrativa con los parámetros de licitación pública.

Ese requerimiento ya lo exige la legislación actual.

Además, ordenaría excluir proveedores del sistema con antecedentes de corrupción a nivel nacional e internacional, o que esté directa o indirectamente relacionado con la industria para evitar un posible conflicto de intereses.

“Para determinar antecedentes de corrupción”, dice la nueva redacción, se entenderá como una sola empresa tanto a filiales como a sus directivos o representantes, así como a todas las personas jurídicas nacionales o extranjeras que formen parte de un mismo grupo de interés económico.