Carlos Alvarado, candidato presidencial del PAC, se pronunció contra las medidas de presión que el Sindicato de Empleados de la UCR (Sindéu) emprendió ante la falta de un acuerdo con las autoridades universitarias, sobre los beneficios laborales que negocian en la convención colectiva.
"Debemos aspirar a que el empleo público sea equiparado, no hay justificación para que unas instituciones tengan unos montos más altos y otro más bajos", expresó el rojiamarillo.
Según Alvarado, las negociaciones sobre el contenido de la convención se deben realizar en un ambiente de "paz social", donde prevalezca el diálogo.
"¿Por qué voy a estar de acuerdo?", dijo al aspirante de Acción Ciudadana (PAC), cuando se le consultó sobre ese movimiento, el cual deparó el jueves con el cierre de varios accesos a la Universidad de Costa Rica (UCR).
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Alvarado insiste en que no hay razón para que los trabajadores de una institución pública ganen más que los de otra, y que se debe luchar por una igualdad en las condiciones salariales.
El candidato rojiamarillo ofreció estas declaraciones horas antes de que el sindicato y la administración de la UCR llegaran a un consenso pasadas las 6 p. m. de este viernes.
Al final, se acordó el pago de un 3,75% de anualidad para los funcionarios de esa casa de enseñanza superior y el desembolso de hasta 15 años de cesantía para los colaboradores cuando dejen de trabajar ahí.
También se acordó que no habrá una diferencia entre funcionarios nuevos y viejos a hora de calcular esos dos incentivos.
En un principio, el Sindéu abogó porque el porcentaje adicional que ganan por cada año laborado, beneficio conocido como anualidad, sea de un 4,5% para todos y no como proponía la administración de la Universidad de Costa Rica (UCR): un 3,5% para quienes tengan de uno a 30 años de gestión y un 3% para quienes superen los 31 años.
La UCR también planteaba que a los empleados nuevos la anualidad se le calcule sobre el salario base y no sobre la suma de este con los incentivos salariales.
La propuesta aprobada del 3,75% es superior al porcentaje por anualidad que reciben, por ejemplo, los empleados del Gobierno central, cubiertos por el régimen del Servicio Civil, donde ese incentivo oscila entre el 1,94% y 2,56%.
De no haberse alcanzado el acuerdo sobre este plus salarial, el Sindéu también amenazaba con romper el acuerdo de reducir de 20 a 15 años el pago que los funcionarios reciben por cesantía cuando dejan la institución, cada año equivale a un salario.
Sobre este particular, Carlos Alvarado también considera que se debe debatir la conveniencia de imponer un impuesto a las cesantías que superen los ocho años, tal como propone el diputado y presidente del PAC, Ottón Solís.
"Hay propuestas en la mesa como la que puso don Otton sobre las cesantías, poner algunos tributos, eso es algo que debemos discutir", declaró Alvarado.
El Sindéu y la administración de la UCR tenían tiempo hasta la medianoche de este viernes para alcanzar un acuerdo sobre el contenido de la convención colectiva, pues, de lo contrario, la convención colectiva iba a perder vigencia y entraría a regir un reglamento donde la anualidad ronda el 2%.
Nota del editor: Esta nota se actualizó luego de que el Sindéu y la administración de la UCR alcanzaron un acuerdo sobre el contenido de la convención colectiva.