Carlos Alvarado respalda uso de sistemas penitenciarios semiabiertos y abiertos

“Si uno no usara el sistema semiinstitucional, significa que todas esas personas deberían estar institucionalizadas. Significa que las 16.000 personas deberían estar en cárceles y, otra vez, tendríamos problemas de hacinamiento, tendríamos problemas de perjudicar la seguridad nacional".

Así defiende Carlos Alvarado, candidato presidencial del PAC, la posibilidad de que los privados de libertad cumplan su pena en sistemas semiinstitucionales, en los cuales pueden salir unos días de prisión para trabajar, estudiar o dormir en sus casas.

Actualmente, el sistema penitenciario atiende a 36.020 personas, de las cuales 13.902 (38,6%) están en centros de detención. El resto se ubica en regímenes semiabiertos (12,5%) y abiertos (48,9%).

Durante la gestión de Luis Guillermo Solís, dos circulares giradas desde el Instituto Nacional de Criminología, adscrito al Ministerio de Justicia, flexibilizaron los requisitos para reubicar a los privados de libertad en un sistema que les permitiera salir unos días de prisión, incluso a personas reincidentes.

Lo hicieron así para reducir el hacinamiento en las cárceles. Algunos reincidieron en delitos.

La mañana de este jueves, el aspirante del Partido Acción Ciudadana (PAC) sostuvo una reunión con profesionales en Derecho penal y su asesor en el tema, el exmagistrado penal José Manuel Arroyo, quien aconsejó a Alvarado mantener una política flexible.

Alvarado mencionó que, en un eventual gobierno suyo, ajustaría la política penitenciaria de Luis Guillermo Solís.

En ese sentido, rescató la necesidad de construir cárceles para reducir el hacinamiento, pero también continuar con el empleo del sistema semiinstitucional con ese mismo fin. Este sistema existe desde 1970, pero ha sido blanco de críticas en los últimos tres años.

Por otro lado, Alvarado desaprobó de la gestión actual por los conflictos surgidos entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia.

“Una mejor coordinación de lo que es la política de seguridad, que la gente se sienta segura en la calle, pero que también si alguien incumple y reciba una sentencia que el proceso de justicia no sea un proceso que empeore la calidad de vida de esa persona”, señaló Alvarado.

Por ello, apostará por una mejor coordinación entre estas dos carteras, con personas afines, señaló.

La exministra de Justicia Cecilia Sánchez y el ministro de Seguridad Gustavo Mata tuvieron fuertes diferencias por las circulares giradas bajo la gestión de Sánchez.

Política flexible

El exmagistrado de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo, asegura que es necesario valorar diferentes alternativas para las personas que cometen un delito, según sea su perfil.

Arroyo ha sido defensor de que la cárcel no es la única solución para los delincuentes.

“Tiene que haber una política flexible, con cierto de tipo de delitos que no impliquen grave agresividad, grave daño a las víctimas”, señaló el asesor de Alvarado.

“A nadie se le está dando libertad con dos o tres meses si lo que tiene son seis, diez o quince años. Lo primero que hay que aclarar es que legalmente hay que cumplir la mitad de la pena. Ahí entran todos los hechos de robo, asaltos, violaciones, tráfico de sustancias prohibidas que normalmente son sentencias de 8 o más años, efectivamente se debe cumplir la mitad de esa pena y, luego, valorar según el comportamiento que haya tenido internamente, algún proceso semiinsitucional o algún proceso de inserción”, añadió.

¿Independientemente del delito?, se le consultó. Arroyo contestó: "Hay delitos donde hay factores psicológicos, como es el caso de los delitos sexuales, las agresiones contra menores, o hay hechos muy graves de narcotráfico u homicidios múltiples, cosas extraordinarias, que el Instituto Nacional de Criminología en eso es muy cauteloso, muy profesional y científico, y en la inmensa mayoría de los casos se deniega cualquier ventaja en estos hechos de suma gravedad".