Josué Bravo. 23 mayo
Carlos Alvarado y su esposa, la Primera Dama Claudia Dobles, durante la misa del 1° de mayo en la catedral Metropolitana, San José. Foto: Alonso Tenorio
Carlos Alvarado y su esposa, la Primera Dama Claudia Dobles, durante la misa del 1° de mayo en la catedral Metropolitana, San José. Foto: Alonso Tenorio

El presidente Carlos Alvarado pidió discutir como sociedad el proyecto de ley que obligaría a los sacerdotes a denunciar los casos de agresiones sexuales contra menores de edad que conozcan durante confesiones, texto que fue calificado por la Iglesia católica como un “peligro para la libertad religiosa”.

Se trata del texto propuesto por el diputado de Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, el cual ampliaría a grupos religiosos, juveniles, culturales y deportivos la obligación de denunciar casos de abusos infantiles y juveniles que se presenten en su entorno.

“Yo lo contemplo en dos dimensiones, uno, como país hemos visto que el tema de la violencia en este caso sexual contra la niñez es una problemática que nos ocupa por la propia evidencia, que es algo importante de aprender, como es el proyecto que recién se aprobó que amplía el derecho al tiempo para hacer las denuncias y los procesos para que no quede en impunidad”.

"Eso es un tema de importancia para todo el país. Este proyecto, no en un sector particular sino en varios, entiendo que pasa por temas psicológicos, de derechos en temas deportivos, plantea la obligatoriedad de denunciar esos casos.

"Mi punto de vista es que esta discusión está en el lugar apropiado que es en el legislativo porque aquí hay que tutelar dos valores: uno tiene que ver con la protección de la niñez y el otro tiene que ver con lo que se resguarda en esas actividades o confesiones, cada una con su propia dimensión. Yo creo que no sería oportuno poner el debate en solo uno.

“Es un tema que el país debe de discutir como tal. Es una normativa que yo no he puesto como tal, por ejemplo, en el plan de gobierno o que me haya comprometido como tal en esa especificidad, aunque sé que hay un interés por tutelar los derechos de la niñez”, dijo el mandatario.

La propuesta del legislador del PAC, Enrique Sánchez, plantea dos reformas:

Una al artículo 49 del el Código de la Niñez y la Adolescencia, a fin de ampliar a grupos religiosos, juveniles, culturales y deportivos la obligación de denunciar casos de abusos contra menores de edad que conozcan en su entorno.

Dicha medida obligaría a sacerdotes, por ejemplo, a denunciar los casos de abusos sexuales u otro tipo de agresiones de menores de edad que conozcan durante una confesión. De lo contrario, se expondrán a sanciones económicas.

En la actualidad, la obligatoriedad de hacer ese tipo de denuncias recae sobre personeros de instituciones educativas y de salud.

La otra es una modificación al artículo 206 del Código Procesal Penal. En este aspecto, la propuesta obliga a los sacerdotes o ministros religiosos a declarar en caso de que una denuncia de abuso contra un menor de edad sea elevada a juicio, siempre y cuando la víctima lo requiera o el juez así lo requiera.

"En caso de ser citadas, estas personas (líderes religiosos, profesionales o funcionarios públicos) deberán comparecer y explicar las razones de su abstención. Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración mediante resolución fundada”, dice parte del texto de la propuesta.

El texto introductorio de la propuesta señala que “los ministros religiosos gozan de una protección absoluta del llamado ‘secreto de confesión’, mientras que los profesionales o funcionarios públicos en situaciones de secreto de Estado, sólo disfrutan de una protección relativa del llamado ‘secreto profesional’ o ‘secreto de Estado’ respectivamente”.

Por tanto, la propuesta del legislador del PAC considera que los ministros religiosos tienen un “privilegio injustificado”.

Al respecto, la Iglesia católica dijo: “Obligar a irrespetar el sigilo sacramental es, más bien, un peligro para la práctica de la libertad religiosa de los católicos en general y poco o en nada ayudará a la administración de justicia en perseguir al posible autor de un delito".

La Conferencia Episcopal añadió que el sacerdote está obligado a guardar el sigilo sacramental, “por lo cual le está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por cualquier motivo (Canon 983. 1)”.

"La pena canónica para el sacerdote que irrespete directamente el sigilo sacramental es de excomunión (canon 1388)”, señaló el presbístero Mauricio Granados.

El sacerdote añadió que "la información que pueda tener el confesor respecto de la comisión de un delito es muy poca y no ayudará a perseguir un delito”.

De acuerdo con el Poder Judicial, las denuncias por abusos sexuales contra menores de edad aumentaron en un 74% del 2004 al 2017.

Solo durante el 2018 hubo 8.229 denuncias por abuso sexual en contra de menores.

Del mismo modo, el Hospital Nacional de Niños reportó que entre el año 2006 y el 2013 aumentaron de un 9% a un 26% los casos diarios que atiende por maltrato o abuso contra menores de edad.