Josué Bravo. 24 junio
El presidente Carlos Alvarado considera que se debe hacer valer el contrato con APM Terminals en función de lo firmado pero, a la vez, a favor de los intereses del país. Foto: Jeffrey Zamora
El presidente Carlos Alvarado considera que se debe hacer valer el contrato con APM Terminals en función de lo firmado pero, a la vez, a favor de los intereses del país. Foto: Jeffrey Zamora

El presidente Carlos Alvarado pidió al ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez, que ejerza una fiscalización "rigurosa y decidida” sobre el contrato firmado con APM Terminals, empresa concesionaria de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

La finalidad, según el mandatario, es verificar el cumplimiento del contrato por parte de la empresa holandesa, así como analizar la parte tarifaria. La solicitud la hizo el mandatario luego de conocer las quejas de agroexportadores por aparente ineficiencia en el servicio.

El mandatario añadió que extendió la solicitud al ministro de coordinación con el sector privado, André Garnier; y a la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, para que conversen con la empresa y, con base en lo firmado con el gobierno hace nueve años, también analicen los resultados de las operaciones de APM Terminals.

El presidente involucra a estos dos jerarcas en la fiscalización contractual, dado que la actividad en ese puerto del Caribe está relacionada con navieras y exportaciones, según explicó.

“Si Costa Rica avanzó para tener una terminal de contenedores es para que (el servicio) sea mas eficiente, más competitivo, más seguro y ágil”, señaló el mandatario.

En ese sentido, explicó haber pedido a los tres jerarcas y, en el caso del MOPT, establecer a través del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) “de manera rigurosa y decidida la fiscalización del mismo, porque nosotros tenemos que ver los resultados de esa decisión que tomó el país años atrás”.

“La fiscalización en materia del contrato y su funcionamiento, no solo es lo adecuado, sino también prima el interés de la competitividad del país. Nosotros no interpretamos a favor de unos u otros. A nosotros lo que nos toca es interpretar el contrato, hacerlo valer en función del interés superior de Costa Rica”, explicó el mandatario.

“Aquí hay varias discusiones, una tiene que ver con el funcionamiento y si el funcionamiento tiene que ver o no con el contrato (...). Otra cosa tiene que ver con las tarifas, eso también tiene que remitirse a la parte contractual pero también al interés del país en esta materia”, añadió.

La petición presidencial ocurre luego de quejas de cuatro cámaras empresariales y de Corbana, por las aparentes deficiencias en el servicio portuario prestado por la empresa holandesa.

“Si el sector productivo lo están señalando es de atención y de atención urgente”, pidió Alvarado.

Las cámaras que se quejaron por el aparente atraso en la atención de la concesionaria en la TCM son las de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), de Productores Independientes de Banano (Anaproban), así como la Corporación Bananera Nacional (Corbana).

“Yo (por ahora) no ahondaría en el tema contractual porque ese es parte de lo que se tiene que ver ahí (en la revisión). Pero sí Costa Rica quiere ser competitivo y Costa Rica quiere mejores precios y quiere agilidad, para eso es que se llevó esto adelante”, expuso el mandatario.

Además de la queja del sector agroexportador, la TCM reportó la noche de este miércoles un corte en el suministro eléctrico que paralizó de nuevo, temporalmente, sus operaciones.

Si el país deja de ser competitivo perderá mercado. De llegar ese escenario “vamos a perder todos”, porque provocaría menos trasiego de mercancías que afectarían también a la concesionaria, expuso Alvarado.

El presidente lamentó que los diputados hayan eliminado en la aprobación de un tercer presupuesto extraordinario, ocurrida esta semana, la creación de una plaza de gerente del CNC que se encargaría de la fiscalización de AMP Terminals.

“¿Cómo vamos a fiscalizar de mejor manera si eso se quita de presupuesto?”, lamentó el mandatario, al tiempo que explicó que el gasto para esa plaza no era incremental.

“Yo creo que, otra vez, aquí hay un exceso. El Poder Legislativo no puede ‘coadministrar’. Es el que tiene que ver la materia de Hacienda y fiscalizarla pero aquí, claramente hay una limitación a lo que son competencias del Ejecutivo para hacer su trabajo cosas que son interés no de un gobierno, sino de un país. Y llamo la atención sobre eso porque sí creo que hay una extralimitación”, señaló el presidente.

Urge a diputados aprobar proyectos sobre Japdeva

El jueves, durante la atención semanal a la prensa, en Casa Presidencial, Alvarado también urgió a los diputados “discutir y aprobar de manera ágil" los dos proyectos de ley que se tramitan en el Congreso sobre la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

El presidente exhortó a los diputados a pesar de que la Contraloría pide al Congreso, considerar la coyuntura fiscal del país, antes de adelantar jubilaciones en Japdeva.

Uno de los proyectos, presentado a finales de mayo por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, propone prescindir de hasta el 80% de la planilla.

Dicha entidad actualmente está en crisis por la disminución en sus operaciones, tras la entrada en funcionamiento de la TCM que asumió la atención del 70% de los clientes que antes acudían a los viejos puertos de Limón y Moín.

La iniciativa también ofrece a más de 200 trabajadores mayores de 55 años, con 25 de cotizar, la posibilidad de adelantar su jubilación, entre otras medidas.

La otra iniciativa, presentada por el gobierno esta semana, sugiere destinar ¢23.679 millones para salvar de la quiebra a Japdeva.

De no aprobarse con prontitud esas propuestas, en criterio de Alvarado, seguirá ese desequilibrio que tiene Japdeva por la planilla que le corresponde pagar versus la poca actividad portuaria.

“Lo de Japdeva se tiene que resolver”, puntualizó.