Rebeca Madrigal Q.. 27 febrero
El presidente de la República, Carlos Alvarado, ordenó abrir una pesquisa preliminar para determinar si procede realizar un proceso disciplinario contra los responsables de elaborar el decreto que permitía que la UPAD accediera a información confidencial. Foto: Jonathan Jiménez Flores para Grupo Nación
El presidente de la República, Carlos Alvarado, ordenó abrir una pesquisa preliminar para determinar si procede realizar un proceso disciplinario contra los responsables de elaborar el decreto que permitía que la UPAD accediera a información confidencial. Foto: Jonathan Jiménez Flores para Grupo Nación

El presidente de la República, Carlos Alvarado, ordenó este jueves la apertura de una investigación preliminar para aclarar el proceso de elaboración del decreto ejecutivo que llevó a formalizar la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Ese decreto publicado el lunes 17 de febrero y derogado el viernes 21, establecía la posibilidad de que la UPAD accediera "a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas”.

Con este proceso se pretende determinar si cabe abrir un procedimiento disciplinario “para obtener la verdad real de los hechos en torno a las personas que eventualmente sean responsables y establecer las sanciones que correspondan”, comunicó Casa Presidencial.

En este proceso se recabarán pruebas y permitirá “dilucidar con mayor exactitud los hechos acontecidos en torno a esta situación”

La investigación estará a cargo de Carlos Elizondo, secretario del Consejo de Gobierno.

La viceministra de la Presidencia, Silvia Lara, agregó que esta pesquisa previa se realizará de la forma más expedita.

El polémico decreto lo firmaron el mandatario, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora y el ministro de Planificación a. i., Daniel Soto.

Pese a la polémica generada y las investigaciones judiciales en curso, el Gobierno ha procurado no señalar a un responsable específico de la redacción del decreto, la cual fue calificada por Alvarado como un error.

En cadena nacional, el mandatario señaló que "las dudas y preocupaciones de la ciudadanía y de diferentes sectores dejaron claro que la formulación de algunos conceptos estaba errada, particularmente en su artículo 7”.

Alvarado indicó que también fue un error no explicar de previo, y suficientemente, a toda la ciudadanía el objetivo y los mecanismos de trabajo, con todos los detalles necesarios para dejar claro un respeto absoluto a la privacidad de todos los ciudadanos.

Lo dilucidado hasta ahora es que la UPAD venía operando desde hace más de un año con tres funcionarios desde Casa Presidencial. Sin embargo, el Gobierno ha sostenido que la Unidad no pretendía acceder a datos privados, sino más bien analizar los datos para formular políticas públicas.

Desde que trascendió la publicación del decreto, el Gobierno optó por derogarlo y detener las funciones de la UPAD.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la República abrió una investigación que está en curso para determinar si esta oficina accedió o no a información confidencial, tras recibir varias denuncias de ciudadanos.

También, la Sala Constitucional admitió para estudio dos recursos de amparo que reclaman una violación a la intimidad de las personas.

Paralelo a estas investigaciones, los diputados acordaron, el pasado lunes, abrir una comisión investigadora en la cual deberán comparecer altos funcionarios de Casa Presidencial.