Michelle Campos, Armando González R., Silvia Artavia. 3 diciembre, 2020
Además de sus temores por demandas contra el Estado, al presidente Alvarado le preocupa el futuro de otros proyectos de ley si convoca el plan de empleo público. Foto: Rafael Pacheco
Además de sus temores por demandas contra el Estado, al presidente Alvarado le preocupa el futuro de otros proyectos de ley si convoca el plan de empleo público. Foto: Rafael Pacheco

El presidente de la República, Carlos Alvarado, está insatisfecho con el proyecto actual de reforma al empleo público, el cual ya está listo para entrar al plenario de la Asamblea Legislativa.

Por un lado, dice que “habrá ley de empleo público”, pero mantiene dudas sobre la forma.

Señala que el texto actual no le serviría a las finanzas públicas, pues podría provocar un súbito aumento en el gasto al trasladar al esquema de salario global, de inmediato, a los funcionarios que ganen por debajo del sueldo que se fije para su escala.

En este sistema, los funcionarios devengarían un único sueldo global, en sustitución del sistema que suma un salario base más los diversos pluses que dependen de factores como la antigüedad.

Por otra parte, Alvarado insiste en poner una nota de preocupación en el sentido de que la reforma provoque demandas de funcionarios públicos.

En un criterio enviado a los diputados sobre el tema, la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que es “jurídicamente factible” incluir a los empleados públicos actuales en el esquema de salario global que introduciría la reforma.

Según la PGR, el traslado de los servidores actuales es posible “bajo dos presupuestos fundamentales: respetando el derecho adquirido al salario total actual y considerando la mutabilidad propia del régimen objetivo estatutario”.

La Procuraduría señaló que, según su jurisprudencia administrativa, las remuneraciones del sector público pueden modificarse hacia el futuro, siempre que no se afecte el monto global del salario.

El abogado del Estado también les indicó a los diputados que ellos pueden restringir el alcance de las convenciones colectivas e, incluso, cuentan con potestad para prohibirlas en un determinado grupo de instituciones públicas.

Una convención colectiva es un contrato entre empleados y patrono para poner las “reglas del juego” en su relación laboral. No obstante, la Sala IV ha encontrado que muchas cláusulas incluidas en las convenciones del sector público eran abusivas.

El siguiente es un intercambio de preguntas y respuestas entre el presidente y La Nación sobre el tema:

-Hay una medida, la más importante de ajuste estructural que se ha venido discutiendo en días recientes. No es producto del diálogo. ¡Dios guarde! El diálogo no se atrevía a tocar eso. Sobre esta medida, su gobierno también ha sembrado la incertidumbre y duda, que es la ley de empleo público.

Resulta ahora que su fracción, por acción de su exministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, agarra esa ley y la saca de la corriente legislativa para hacer consultas con los sindicatos.

Usted sale a decir que le preocupa mucho que vaya a haber demandas contra el Estado por temas de derechos adquiridos. Ya la Procuraduría dijo que eso no es así.

Bueno, lo dijo después de que yo tenía esa preocupación, no lo dijo antes.

-¿Se le quitó, entonces, la preocupación?

A ver, la ley de empleo público va a ser convocada. Yo espero que muy pronto sea Ley de la República.

No la he convocado. Yo tenía también una prioridad. Mi prioridad, en mi orden, es que se aprobara la ley del INA, como se aprobó, y que se apruebe el acceso a la OCDE, para que el 14 de diciembre, que sesiona, Costa Rica esté ahí como miembro pleno. Y esas son dos prioridades.

Además, porque todavía no hay consenso entre los diputados sobre las mociones del texto de empleo público. Es decir, pudimos haber entrado al plenario y que no se aprobaran esas otras dos leyes que son importantes para el país. El mismo caso con contratación administrativa.

Cuando lo leí del diputado Carlos Ricardo Benavides, lo compartí plenamente. Quisiera que fuera a una ley, un primer debate, este año (empleo público), pero bueno, se requiere que se aclaren al menos dos puntos, pero uno es esencial. Y hay tres escenarios. El escenario en que se equiparan los trabajadores actuales al salario global, subiéndolo, lo cual incrementa el gasto si se hace inmediatamente.

-Y lo cual no tiene sentido.

Pero ese es el texto actual. Eso es lo que está en el texto actual. Ese texto no le sirve a las finanzas públicas. Había un texto original, que hacía la transición con la sustitución, que genera un ahorro, pero no es muy moderado. Y hay otro escenario planteado, pero como moción, que hace una transición paulatina. Y dicen ‘congela el salario’. No, los salarios ya están congelados por la propia situación fiscal. Eso es lo que hay que dilucidar en mociones, particularmente, entre diputados y diputadas.

Si yo convoco un proyecto sobre lo cual no hay un acuerdo, bloqueo el plenario cuando necesito que salgan otras cosas. Pero eso será convocado y será, espero, prontamente, Ley de la República.

Ahí es donde me sigue sorprendiendo el escepticismo que hay, pero el escepticismo es parte de una cultura.

-Pero es una cultura que ustedes han abonado. ¿Cómo no va a ser uno escéptico cuando le pregunta al ministro de Hacienda si van a ir al FMI y responde que ‘somos muy conscientes de que falta hacer un ajuste’?

Es que, para mí, se abona…

-¿Cómo no vamos a ser escépticos?

Era Martí el que decía que ‘se dice con hacer’. Parafraseo mal. Pero es así: el hacer es el que dice. Y eso es lo que a mí me interesa. Yo estoy seguro de que en este periodo va a haber una ley de empleo público. Estoy seguro.

-Yo le quiero volver a preguntar. ¿Le alivió sus preocupaciones el criterio de la Procuraduría? Porque si no, también hay jurisprudencia de la Sala Constitucional.

El criterio de la Procuraduría es un criterio como abogado del Estado, y la Procuraduría comparece como asesor de la Sala Constitucional.

Pero también mi experiencia en esto, lo digo transparentemente, es que de las principales deudas —creo que usan una palabra: jáquimas— que tiene el Estado costarricense son fallos judiciales. Que le meten cobros multimillonarios al Estado por unas cosas y otras, y eso lo veo una y otra vez.

-Veo que la Procuraduría no le tranquilizó del todo, pero hay jurisprudencia en la Sala Constitucional provocada por usted, con la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.

Yo lo sé, pero no deja de ser. Yo pongo ahí, como dicen, una nota. Hago una anotación de que me preocupa.

-Pero esa preocupación no puede ser determinante en cuanto al modelo que, eventualmente, se escoja. Es que ese es el problema.

Ahí volvemos a otra discusión esencial. ¿Cuál es el objetivo de la ley de empleo público? Hay dos objetivos. Uno, hacer más eficiente al sector público. Llevar más equidad, menos disparidad entre categorías, más equidad en el sector público. Menos desorden entre pluses y diferencias entre instituciones.

Dos, también hay que decirlo, es hacerlo económicamente sostenible en el tiempo. Que no sean salarios que se disparan, como se permitió en el pasado que se dispararan.

-Si lo que está enfatizando es que estos vicios los hemos cultivados durante décadas, tiene usted mi más completo acuerdo. Yo solo le estoy preguntando, ahora que llegó el momento de hacer el ajuste, en procura de esos objetivos, si no le alivió el criterio de la Procuraduría, ¿cómo es que no le alivia la jurisprudencia ya establecida a raíz de su ley de ajuste tributario del 2018?

Y, por último, ¿cómo es que no se despreocupa sabiendo que esta ley va a ser consultada a la Sala IV de cualquier manera?

Por eso yo le he dicho: habrá ley de empleo público. Yo esperaría que sea una de las cosas que se pueda votar, por lo menos, en primer debate, antes de que termine el año.

Que se pueda votar el empleo público con el crédito del BID, que cambia deuda barata por deuda cara.

Que se empiecen a conocer los proyectos que hacen la consolidación fiscal.

Que se vote la ley del recurso hídrico que, por más de 12 años, se ha discutido en la Asamblea Legislativa. Está ahí ya, en el plenario y es un compromiso del país con la OCDE.

La contratación administrativa también está ahí.

Hay una agenda reformista, que cambia cosas sustantivas, y la gente va a decir, ‘¿pero eso qué tiene que ver con mi empleo?, ¿eso qué tiene que ver con la situación?’. Todo eso ayuda a cosas sustantivas.

Y usted me va a decir después ‘¿qué va a pasar con las duplicidad de las instituciones y qué va a pasar con reforma del Estado?’. Yo le voy a decir, el Gobierno tiene 17 meses y yo voy a seguir hasta el final empujando. Yo voy a seguir empujando.

Y voy a seguir trabajando para que tengamos un tren, un tren moderno y eléctrico, que se ajuste a la realidad económica, pero tren al fin y al cabo. Y seguiré trabajando para que eso termine siendo una realidad, para que se termine la circunvalación, para que los policías tengan los recursos y sigamos reduciendo la tasa de homicidios, o sigamos incautando números récord de cocaína, como lo hacemos desde el 2018 cada año más.

O que Costa Rica sigue siendo líder de la lucha contra la peor calamidad de la humanidad, que es el cambio climático. Costa Rica fue el primer país del mundo que lanzó un plan de descarbonización, antes que la Unión Europea. De eso somos capaces.