El presidente de la República, Carlos Alvarado, informó de que el gobierno empezará, este mes, la discusión sobre la reforma al régimen de empleo público.
El anuncio lo hizo este viernes después de que la ministra de Planificación, Pilar Garrido, anunció la agenda de reactivación de la economía en Casa Presidencial.
Garrido también mencionó que, además de la reactivación económica, el gobierno impulsará un plan de reestructuración del Estado que incluirá el tema del empleo público.
Alvarado dijo: “Sí, necesitamos reformar nuestro empleo público y, este mes, iniciaremos esa discusión”.
Antes de la crisis del nuevo coronavirus, el gobierno había enviado un borrador de reforma al empleo público a diputados de oposición.
Una versión enviada el 14 de febrero proponía un sistema de salario único para los futuros funcionarios públicos, en el que se definiera un parámetro similar para “cada familia” de puestos en todo el Estado.
El nuevo sistema eliminaría, para los nuevos empleados del Estado, el actual sistema de pluses salariales que eleva exponencialmente el gasto público en remuneraciones por factores como la antigüedad.
En esa versión de febrero, el Ministerio de Planificación (Mideplán) planteaba que los nuevos funcionarios recibieran el mismo salario por el mismo trabajo a lo largo de todo el sector público. Hoy, uno de los problemas es que existe mucha desigualdad entre los mismos funcionarios públicos, aunque tengan el mismo perfil laboral.
En el 2018, la Contraloría General de la República reveló que, mientras un oficial de seguridad de un ministerio ganaba ¢277.800 al mes, en una institución descentralizada otra persona con el mismo puesto devengaba casi ¢1,2 millones.
Actualmente, el Gobierno Central destina ¢2,6 billones anuales al pago de remuneraciones, de los cuales ¢1,1 billones corresponden a incentivos. El primer rubro representa una cuarta parte del Presupuesto Nacional. Estos datos no incluyen el gasto salarial de las instituciones descentralizadas.
El 16 de abril, el nuevo ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, también afirmó: “Considero que el régimen de empleo público uniforme tiene que aplicarse sin ninguna duda a las universidades públicas y a todas las instituciones públicas del país. Cuando digo a todas, quiero decir a todos los sectores de la institucionalidad costarricense”.
El presidente Alvarado también anunció reformas en materia de aseguramiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la labor del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y las jornadas laborales, de manera que se puedan aplicar jornadas de 12 horas diarias durante cuatro días a cambio de tres días libres por semana.
“Sí, necesitamos proteger a la Caja y modernizar algunos de sus procesos de aseguramiento, y estamos en ese diálogo con su Junta Directiva, el cual yo valoro de muy positivo”.
“Está en la Asamblea la forma de agilizar al INA, para que más rápido capacite personas y puedan entrar al mercado de trabajo. Está en la Asamblea la forma de cambiar las jornadas laborales. Eso, estimamos, que ampliará las contrataciones de muchas industrias como el turismo y la manufactura e industria. Eso está ahí para su toma de decisión.
“En estos dos años muchas cosas se han logrado y, en estos dos que restan, muchas de esas, espero todas, se materialicen”, agregó.
La ministra de Planificación también afirmó: “Hay una agenda adicional que acompaña al consejo económico, donde tenemos otras medidas de índole estructural que estaremos impulsando, como lo son la reforma del Estado, la modernización del mismo, el empleo público, la economía de cuidado, otras oportunidades vinculadas de inversión extranjera directa”.
"Estaremos anunciándolas en su momento”, dijo.
La negociación que permitió la presidencia legislativa del restauracionista Eduardo Cruickshank, en el Congreso, incluyó la creación de una comisión legislativa especial para discutir reformas al Estado.