Carlos Alvarado desmiente apoyo a proyecto de Daniel Ulate sobre licores

El presidente de la República, Carlos Alvarado, desmintió que el Gobierno le asegure el apoyo al proyecto de ley del diputado liberacionista Daniel Ulate, sobre etiquetado de licores, tal como este legislador se lo transmitió a su jefe de fracción, Luis Fernando Chacón.

Se trata de un plan que obligaría al Gobierno a contratar un sistema de etiquetado que ha costado millones de dólares en otros países y que Hacienda ha cuestionado por su alto costo frente al beneficio que generaría.

En declaraciones a La Nación, el mandatario confirmó que, en una cita con Ulate, donde participaron también el ministro de Hacienda, Elian Villegas, y el de Presidencia, Marcelo Prieto, escucharon al liberacionista, quien les dijo que el expediente 20.961 ya “estaba en ruta de votación y con acuerdo en la Asamblea”.

Si bien Alvarado dijo que el Poder Ejecutivo está de acuerdo en que haya algún mecanismo de trazabilidad, no está a favor de “forzar una tecnología específica” y que, en todo caso, debe quedar a juicio de Hacienda qué necesita contratar.

“Entiendo que la industria dice que este mecanismo no es efectivo. Por eso, nosotros queremos la libertad de que Hacienda contrate o implemente lo que sí se haya demostrado que funcione contra el contrabando, que es el objetivo central”, enfatizó el presidente Alvarado.

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“Yo también hice énfasis en que no debe ser algo que aumente los costos de comercialización, máxime si no es efectivo, en caso de que incremente los precios y haga menos competitiva la industria, versus el ataque al contrabando”, indicó el presidente.

Lo dicho por el mandatario a La Nación difiere de lo que Chacón asegura que Ulate transmitió a la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN): “Dijo que el propio presidente le dijo que el plan ataca la evasión fiscal y que lo veían con buenos ojos (en la Presidencia)".

“Eso nos lo indicó en el receso, fue muy transparente de parte de él decirlo”, indicó Chacón.

A través de su periodista, Ulate respondió que, en la reunión en Zapote, le hablaron sobre todas las observaciones que había contra el proyecto y relató que él les dijo al presidente y a Elian Villegas que “estaban superadas en el nuevo texto y que se excluía la cerveza”.

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“Les dije que era un instrumento más para el país y para el Ministerio de Hacienda de atacar la evasión y el contrabando en todos sus extremos, pero que el proyecto respeta la decisión técnica de Hacienda de como y cuál tecnología quiera usar”, dijo.

En la última versión del proyecto sobre etiquetado de licores, acogido como nuevo texto por el plenario, este jueves, se obliga al Ministerio de Hacienda a “establecer un mecanismo tecnológico de identificación y control” para determinar la importación y producción legal de bebidas con contenido alcohólico.

Además, ese mecanismo deberá ser interoperable entre ministerios e instituciones estatales a las que le competa el combate al contrabando, y “deberá permitir la trazabilidad fiscal y la identificación, por parte de los consumidores, de las bebidas con contenido alcohólico de origen legal”.

Esa interoperabilidad podría incluir no solo a Hacienda, sino también al Ministerio de Salud y las municipalidades del país, pues la ley le transfiere a las policías municipales y a inspectores de los gobiernos locales competencias para investigar y perseguir licor adulterado, falsificado o de contrabando.

Luego de explicar su posición, tal como se la aclaró a Ulate, Carlos Alvarado dijo que, a raíz del avance del plan en la Asamblea, Hacienda plasmará una posición oficial sobre el proyecto.

Sin embargo, este jueves por la tarde, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, manifestó posiciones favorables a la propuesta de Ulate, a pesar de que actualmente no se cuenta con estudios que certifiquen las bondades, beneficios y, más relevante aún, costos de implementar dicho sistema de etiquetado de licores legales.

El presidente Alvarado explicó que es necesario hacer comparaciones dentro de la industria de ese tipo de sistemas o mecanismos para determinar cuáles son las mejores prácticas, pues la industria se ha manifestado en contra de esos mecanismos, por inefectivos.

Así lo advirtieron Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, y Gisela Sánchez, de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham), quienes por separado emitieron pronunciamientos en contra de la aprobación del proyecto.